La presidenta de Brasil Dilma Rousseff podría estar a las puertas de un juicio político en su contra, luego de que los ministros del Tribunal de Cuentas de Brasil rechazaran por unanimidad las cuentas presentadas por la máxima autoridad del país durante 2014.
Todo indica que, con el objetivo de ocultar la realidad económica del pais en 2014, el gobierno de Rousseff manipuló tanto las cifras fiscales como las partidas presupuestarias federales, lo que constituye una falta grave de mala praxis administrativa, según el citado tribunal.
Augusto Nardes, juez instructor del caso, halló indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014 presentadas por Rousseff; por lo que consideró que el Ejecutivo cometió "graves ofensas" contra la ley de responsabilidad fiscal, que exige el uso correcto del dinero público, e incumplió de forma "sistemática" las reglas y principios de planificación, transparencia y gestión fiscal.
En caso de que se abra una causa en su contra y en el juicio se determine su responsabilidad en las referidas irregularidades, Dilma Rousseff podría ser destituida de la presidencia.
Las presuntas irregularidades
El juez Nardes calculó que se omitieron del balance deudas por 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares), lo que llevó al Gobierno a justificar políticas expansivas insostenibles cuando debería de haberse esforzado en contener el gasto público.
Entre las irregularidades halladas por el Tribunal figuran la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y unas polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.
Las maniobras fiscales consistieron en retrasar el pago de fondos destinados a los programas sociales gubernamentales a los bancos públicos que los gestionan, lo que permitió al Ejecutivo reducir en 7.000 millones de reales (unos 1.795 millones de dólares) el déficit fiscal, que fue récord el año pasado a pesar de estas artimañas.
Los bancos tuvieron que costear los programas con sus propios fondos, lo que el juez instructor consideró equivalente a la concesión de "créditos ocultos" al Ejecutivo, algo que está prohibido por ley.
El dictamen del Tribunal de Cuentas será remitido al Congreso que, si sigue esta recomendación y rechaza las cuentas públicas, podría imputarle a Rousseff y a otros miembros de su gabinete un delito de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal que, a su vez, sería suficiente para abrir un juicio político.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral reabrió recientemente una investigación que busca precisar una serie de presuntas irregularidades durante la campaña de Rousseff, lo que también puede poner en peligro su mandato.
Con información de EFE y CNN
