La administración de Trump busca reactivar la industria petrolera venezolana, golpeada por años de corrupción del régimen chavista y falta de inversión
El Secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras iniciar conversaciones para la recuperación económica, el 11 feb 2026.
AFPWASHINGTON.– El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viaja este martes a Caracas para participar en las reuniones destinadas a avanzar en el histórico acuerdo petrolero alcanzado por la Administración de Donald Trump con las autoridades interinas de Venezuela.
El pacto abre a Washington un papel estratégico en la explotación y comercialización de una parte importante de las reservas de crudo venezolanas y contempla concesiones por 100 años para operar 17 campos petroleros que reúnen unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
La visita de Wright se produce después de que la Asamblea Nacional chavista respaldara este martes el acuerdo anunciado por Trump la semana pasada. El funcionario estadounidense encabezará unas reuniones previstas para este miércoles en Caracas, según informó un funcionario de Washington.
El presidente de la Asamblea chavista, Jorge Rodríguez, anunció la aprobación del acuerdo en votación a mano alzada.
El plan de Washington sigue siendo primero estabilizar y relanzar la economía venezolana, muy dependiente de sus exportaciones de hidrocarburos, para que un eventual gobierno proveniente de la oposición pueda heredar luego un país en pie y con recursos, explicó el funcionario en anonimato.
La Casa Blanca presentó el convenio como un paso decisivo para recuperar la industria petrolera venezolana y fortalecer la seguridad energética de Estados Unidos.
De acuerdo con los términos divulgados por Washington, North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió concesiones por un período de 100 años para operar 17 yacimientos con reservas probadas estimadas en unos 65.000 millones de barriles.
Como parte del acuerdo, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EEUU tendrá una participación accionaria del 35% en la empresa matriz de NABEP.
Además, el Departamento de Estado podrá adquirir, al precio de producción, el 20% del petróleo generado por los campos actuales y futuros operados por la compañía. Estados Unidos también tendrá derecho preferencial para adquirir el 80% restante en situaciones de emergencia.
El acuerdo contempla que Washington tenga poder de veto sobre el nombramiento de integrantes de la junta directiva de la empresa y establece que la mayoría de sus miembros deberán ser ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca estima que el proyecto podría movilizar hasta 100.000 millones de dólares en inversiones para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana y aumentar progresivamente la producción.
El subsuelo venezolano alberga las mayores reservas de oro negro del mundo (más de 300.000 millones de barriles estimados), pero su producción sigue siendo muy limitada.
El viaje de Wright coincidirá con los planes de Chevron para ampliar sus operaciones en Venezuela, según información divulgada en Washington.
La petrolera estadounidense mantiene desde hace años una presencia en el país y se ha convertido en uno de los principales actores extranjeros de la industria venezolana.
El interés renovado de compañías estadounidenses se produce mientras la Administración Trump busca incrementar la producción energética del hemisferio occidental y garantizar nuevas fuentes de suministro para el mercado estadounidense.
Sin embargo, la recuperación de la industria venezolana podría enfrentar importantes obstáculos. La infraestructura petrolera ha acumulado años de deterioro durante el régimen chavista y requiere grandes inversiones para recuperar su capacidad operativa.
La cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó el acuerdo y aseguró que el país mantendrá la soberanía sobre sus recursos naturales, en referencia a las disposiciones constitucionales que regulan los hidrocarburos.
La posición de Rodríguez se produce en medio del debate sobre el alcance de las concesiones otorgadas a NABEP y la participación que tendrá Estados Unidos en la estructura empresarial.
El acuerdo también generó cuestionamientos dentro de Venezuela. El Partido Socialista de Venezuela (PSUV) rechazó los convenios y cuestionó la transparencia del proceso, al considerar que las operaciones relacionadas con los recursos estratégicos del país deben someterse a los controles establecidos en la Constitución. Una demanda que no ocurrió durante PDVSA era la chequera petrolera de los países que integraban el Socialismo del Siglo XXI.
China, por su parte, pidió que se protejan sus intereses legítimos en Venezuela después de que se conociera que algunos de los campos incluidos en el nuevo esquema estuvieron anteriormente vinculados con empresas rusas y chinas.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es el papel de Alejandro Betancourt, empresario venezolano que controla NABEP y que tiene experiencia en el sector petrolero.
Betancourt ha sido investigado en España y Suiza por presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con fondos provenientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En junio pasado, la Audiencia Nacional española ordenó reabrir una investigación contra el empresario después de que una causa anterior se archivó.
La investigación está relacionada con operaciones vinculadas con un préstamo de PDVSA y una estructura empresarial que habría movilizado miles de millones de dólares. Betancourt no ha sido condenado por estos hechos.
La Administración Trump, sin embargo, defiende su elección. Un funcionario estadounidense aseguró que Washington revisó los antecedentes del empresario y señaló que Betancourt no enfrenta cargos en Estados Unidos por violaciones a las leyes de ese país.
El funcionario describió al empresario como un operador con experiencia en la industria petrolera y sostuvo que su conocimiento del sector permitirá avanzar con mayor rapidez en la recuperación de la producción venezolana.
El acuerdo representa un nuevo giro en la política de Washington hacia Venezuela después de la captura de del depuesto dictador, Nicolás Maduro a comienzos de enero.
Desde entonces, la Administración Trump se enfocó en la recuperación de la industria petrolera y gasífera venezolana entre sus principales objetivos, al considerar que las enormes reservas de hidrocarburos del país pueden contribuir tanto a la seguridad energética estadounidense como a la recuperación de la economía venezolana.
La Casa Blanca sostiene que el acuerdo no supondrá un costo para los contribuyentes estadounidenses y que permitirá atraer capital privado para reconstruir una industria golpeada por años de corrupción, falta de inversión y deterioro de su infraestructura.
Washington también sostiene que la recuperación económica de Venezuela contribuirá a crear las condiciones para una futura transición política y para la estabilidad del país.
La llegada de Wright a Caracas será, por tanto, una de las primeras pruebas para determinar cómo se implementará el nuevo esquema petrolero y hasta dónde llegará la asociación energética entre Estados Unidos y las autoridades interinas venezolanas.
FUENTE: Con información de AFP
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