La Corte Penal Internacional confirma que el fiscal Karim Khan debe seguir indagando sobre torturas y otros crímenes, al desestimar alegatos de Venezuela
La Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda, evaluó caso Venezuela
AP /Mike Corder, FileLA HAYA.-La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, sentenció que el fiscal ante esa instancia, Karim Khan, debe continuar la investigación contra Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad, luego que desestimó por unanimidad las seis apelaciones presentadas por la representación del Estado para interrumpir el proceso.
En medio de gran expectación, el presidente de la Sala de Apelaciones, magistrado Marc Perrin de Brichambaut, leyó el dictamen que echó por tierra, uno a uno, los alegatos interpuestos por el equipo de la representación venezolana dirigido por el abogado inglés Larry Devoe, el cual apeló en agosto de 2023 la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Khan a iniciar el proceso.
La sentencia se anunció en audiencia pública, en la Sala II de la CPI con sede en La Haya, Países Bajos, en presencia de la Fiscalía, los representantes de Venezuela y de la Defensoría Pública de Víctimas (OPCV) que lidera la abogada Paulina Massada.
Una de las observaciones más significativas de la Sala de Apelaciones es que el fiscal Karim Khan no está obligado a notificar al Estado venezolano de todos los hechos que investiga, sobre todo de aquellos que comportan numerosos actos criminales, en los términos de su competencia; y también que las investigaciones nacionales alegadas por la representación de Venezuela no han sido suficientes ni efectivas sobre los responsables.
Hay que aclarar que la CPI inicia investigaciones contra los países, como lo muestra en su página web y luego determina responsabilidades individuales dentro los regímenes de esas naciones, como es el caso de Uganda, Libia, y Sudán, entre otros.
Con este dictamen se confirma que el Estado venezolano no ha demostrado tener capacidad ni voluntad de realizar investigaciones "genuinas y creíbles" sobre hechos considerados crímenes de lesa humanidad en los que habrían incurrido funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, de acuerdo con los términos de la decisión.
Entre estos hechos se encuentran la persecución, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a personas por motivos políticos, denunciados ante la CPI.
Aunque no hay lapso previsto para que el fiscal Khan reinicie la investigación, con base a la sentencia dictada este 1 de marzo, especialistas en derechos humanos consultados por el DIARIO LAS AMÉRICAS señalan que se espera que en los próximos meses se soliciten las comparecencias individuales de los señalados en las denuncias "o las detenciones de algunos de ellos" si fuese el caso, aunque consideraron que esto es improbable porque "se han puesto a derecho".
La sentencia de la CPI provocó reacciones acerca de su trascendencia para la justicia a favor de las víctimas de la persecución y represión violenta por parte del régimen de Maduro.
"Se hará justicia", expresó el dirigente opositor Antonio Ledezma, exiliado del país por ser víctima de persecución política.
"Sigue la investigación en la Corte Penal Internacional. Jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirman por unanimidad sentencia del 27 de junio 2023 que autorizó al Fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación. La investigación por crímenes de lesa humanidad sigue", dijo en sus redes. "¡Arriba la lucha por la libertad y la justicia!".
Por su parte, las ONG Provea y Acceso a la Justicia, de Venezuela, expresaron por sus redes la necesidad de que se determinen las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad. "Venezuela necesita verdad y justicia".
Este 29 de febrero, representantes de organizaciones civiles acudieron a la CPI y denunciaron los casos de los activistas de derechos humanos, Rocío San Miguel y Javier Tarazona, en el marco del 189 periodo de sesiones de la Corte
Directivos de Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela y Funda Redes participaron en la Audiencia Pública sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, y denunciaron la "ola de persecución contra miembros de organizaciones civiles a raíz de la activación del plan “furia bolivariana” de Maudor.
Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, denunció la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares. Dijo que la presidenta de la ONG Control Ciudadano se encuentran en el SEBIN, en El Helicoide “el centro de tortura más grande de Latinoamérica”, donde aún sus abogados y familiares no han podido visitarlos.
Por su parte, Osvaldo Cáceres, representante de Funda Redes, denunció que Tarazona "ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas, que van desde el suministro de sustancias estupefacientes, para obtener un testimonio viciado, asfixia mecánica, golpes e incluso, a pesar de ser una persona con problemas de circulación, sus extremidades inferiores han sido maltratadas con alfileres".
Ambos detenidos han denunciado, como especialistas, irregularidades en el sector militar y en la frontera.
FUENTE: Con información de sesión de la CPI, redes Antonio Ledezma, Provea
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