El senador Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey.
Kevin Dietsch/ via AP
WASHINGTON.- El Senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, anunció que presentará un proyecto de ley que busca que avancen las negociaciones políticas entre el régimen y la oposición en Venezuela, el abordaje de la crisis humanitaria en el país sudamericano y que el dictador Nicolás Maduro rinda cuentas por las violaciones de derechos humanos.
La iniciativa amplía el efecto de la ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela (VERDAD, por sus siglas en inglés) de 2019, que estableció la política de apoyo de EEUU a una solución negociada en el país caribeño, además de reforzar los métodos para contrarrestar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
“Mientras los ciudadanos y líderes democráticos de Venezuela buscan un futuro definido por dignidad, justicia y sobre todo libertad, Maduro está tomando medidas adicionales para consolidar su dictadura criminal. En vez de facilitar las condiciones para elecciones democráticas, el régimen de Maduro disolvió el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, impidió que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, se postulara para el cargo y bloqueó la entrada al país de observadores electorales internacionales”, declaró el Senador Menéndez.
“Aunque los Estados Unidos apoya una solución diplomática pacífica a la crisis en Venezuela, nuestro apoyo por las negociaciones no es una invitación abierta ni un cheque en blanco. Esta propuesta de ley para expandir el efecto de la ley VERDAD les dará esperanza a los venezolanos y servirá como una advertencia a los regímenes tiránicos de todo el mundo de que los Estados Unidos no permitirá que sus acciones opresivas continúen sin consecuencias”, agregó.
El proyecto de ley reafirma la política de EEUU en apoyo de una solución negociada de la crisis en Venezuela tal como se define en la ley VERDAD del 2019.
Si no se lograra una solución negociada para restaurar la democracia en Venezuela en seis meses a partir de la promulgación de la ley, el proyecto de ley: codifica consecuencias bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado sobre Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen; requiere que el Presidente de EEUU refiera Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen a INTERPOL para Notificaciones Rojas e impone sanciones a todas las personas previamente designadas por Canadá, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, pero no designadas en los Estados Unidos.
Asimismo, el proyecto de ley actualiza un mecanismo de exención de sanciones de la Ley VERDAD del 2019, para levantar sanciones sobre individuos que faciliten e implementen una solución negociada a la crisis de Venezuela, si no estuvieron involucrados en abusos de derechos humanos.
De igual manera, establece un Fondo de Decomiso Venezolano y Respuesta Humanitaria para reutilizar bienes decomisados de casos penales de EEUU contra ciudadanos venezolanos para financiar causas humanitarias; y autoriza $300 millones en asistencia a comunidades a través de las Américas para integrar a refugiados y migrantes venezolanos.
Igualmente, autoriza $240 millones en asistencia humanitaria para el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas para actividades en Venezuela y requiere que EEUU busque mayor financiamiento por otros donantes internacionales.
Además, prohíbe la deportación de ciudadanos venezolanos de los Estados Unidos a través de terceros países a Venezuela.
El proyecto de ley autoriza varias Ordenes Ejecutivas -13808, 13835 y 13850- sobre transacciones relacionadas con la deuda venezolana y el sector del oro de Venezuela, codifica la Orden Ejecutiva 13827 sobre monedas digitales en Venezuela, así como una exención humanitaria para las sanciones de EEUU.
Añade a Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras para garantizar un proceso ordenado de adjudicación para reclamaciones legales de ciudadanos estadounidenses contra el régimen de Venezuela.
De igual forma, establece un Enviado Especial para Venezuela.
Requiere que el Departamento de Estado emita públicamente una determinación sobre si el régimen de Maduro ha perpetrado crímenes de lesa humanidad, establece un grupo de trabajo interinstitucional para contrarrestar la minería y el tráfico ilícitos de oro en Venezuela y en todo el mundo, y requiere que EEUU desarrolle e implemente una estrategia para contrarrestar la desinformación en el hemisferio, incluso por parte del régimen de Maduro y sus secuaces.
FUENTE: Con información de AP
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