Ahí, en esa acción de los uniformados, murieron tres personas y dos más fueron arrestadas. Se suponía que eran miembros (dos de ellos bolivianos, el resto extranjeros) de una célula terrorista que el día anterior, el 15 de abril de 2009, al parecer había puesto un petardo de bajo poder en la casa del cardenal Julio Terrazas y, además, tenía planes para asesinar al presidente de Bolivia.
Según el relato de Soza, “a las 6 de la mañana del 16 de abril recibí una llamada, del ministerio de Gobierno, en la que me decían que se había ordenado un operativo dentro de mi caso. Yo pregunté de qué caso me estaban hablando. El caso de terrorismo, me respondieron. Por lo tanto, habían ligado ese operativo, la bomba contra el cardenal y un caso que me presentaron el 31 de marzo de ese mismo año”.
Que al fiscal le hubieran, ya como hecho consumado la toma del hotel por parte de los comandos de la UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Crisis) y que esa fuerzas policiales –alrededor de 30 hombres- hubieran entrado a las habitaciones sin orden de allanamiento, eran dos circunstancias que hacían la operación ilegal.
La policía, según la ley, estaba bajo la jurisdicción del fiscal y éste no podía actuar sin conocimiento del juez. “Todo con el fin de velar por las garantías constitucionales de los posibles detenidos”, explicó Soza quien ante esa situación puso una queja formal a su superior inmediato, el fiscal general de la República. “Me respondieron que había estado en juego la seguridad interna del Estado por parte de personas que supuestamente trataron de subvertir el orden constitucional”.
De acuerdo con Soza, la juez Betty Yañiquez validó el caso a pesar de las irregularidades cometidas. “Si hubiera dicho que era ilegal habría empezado todo de nuevo. Si el caso hubiera ido para Santa Cruz [se radicó en La Paz] habría tenido yo que remitir todo y mejor para mí porque no habría tenido nada qué hacer ahí.
Los vocales de la Corte Superior también convalidaron esa situación irregular”.
Por lo tanto, al fiscal le tocó seguir una investigación en la que fue encontrando pruebas falsas, negativas por parte del Ministerio de Gobierno para recolectar pruebas, pedir exámenes periciales o interrogar posibles testigos. Por ejemplo: nunca pudo obtener la lista con los nombres de todos los involucrados en el operativo en el Hotel Las Américas y revisar sus armas para cotejarlas con las balas disparadas durante un supuesto tiroteo.
Lo que nunca se habría imaginado es que en Brasil, el país donde huyó y encontró refugio, también estaría en el exilio la persona a la que, según el exfiscal, debió acusar y condenar, no por pruebas irrefutables, sino “por presiones del gobierno”: Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y acusado, por Soza, de alzamiento armado y de financiar al comando terrorista.
En un momento dado, Soza quedó entre dos fuegos: gobierno y oposición. Hoy, bajo la protección de las autoridades brasileñas, puede decir que la masacre del Hotel Las Américas se fraguó en las altas esferas del poder por parte de un gobierno totalitario que ejerce una injerencia profunda en el ejercicio de la justicia.
-¿Qué es lo más débil de este caso?
Hay pruebas que muestran que la escena de los hechos se montó. Eso no lo digo yo, está en las fotografías de la Policía y en el cuaderno de investigaciones que se envió a Irlanda, porque allá se está revisando todo el caso. [Uno de los muertos era de origen irlandés] Las familias del irlandés y del húngaro [otro de los muertos] pidieron investigaciones y éstas no encontraron evidencia de que ellos hubieran disparado. Pero hay un informe químico [en Bolivia] en el que se estableció que las manos de todos los involucrados, de los cinco, había partículas de nitrato y nitrito correspondientes a la pólvora. Yo ordené esas pericias, pero no sé si fueron alteradas. Me tenía que basar en lo que veía y en los informes que recibía. Hay un contraste entre las primeras fotografías y la pericia balística. Eso significa que no hubo cruce de armas de fuego. Y con el apoyo de los estudios de las pruebas que se hicieron en Irlanda se demostró que hubo un ajusticiamiento extrajudicial.
-¿Hay algo que pudiera sugerir que había un complot insurreccional, dirigido desde Santa Cruz de la Sierra?
- No todo era fraguado. Porque de la información que me trajeron de las computadoras se vio la utilización de correos falsos, llamadas telefónicas de unas y otras personas. Se llegó a detectar que había logias organizadas para armar y financiar al grupo de Eduardo Rozsa Florez [el supuesto líder, croataboliviano, del grupo desmantelado en el Hotel Las Américas y muerto en el operativo] Pero la finalidad no quedó clara, porque en principio se manejaba la idea de que el presidente Evo Morales iba a ser asesinado. Yo investigué esa situación y nunca llegué a encontrar nada que se vinculara con esa amenaza. Pero sí encontré, a través de pericias que hacia la policía e información que me daban, que había personas que estaban involucradas en el alzamiento armado contra el Gobierno, desde Santa Cruz. Esa fue la base con la cual yo acusé.
-¿Qué le queda entonces claro?
- No hay prueba de una ligazón entre Rosza Flores y el gobierno. Cuando llegué yo, después del operativo, toda la habitación de ese señor estaba revuelta. ¿Buscaban información que ligara a Eduardo Rozsa Florez con el gobierno? No lo sé. Los cajones estaban abiertos, se alteró la escena del crimen. Hay un sin fin de fotografías donde se ve que todo se alteró. ¿Que pudieron montar alguna prueba? Puede ser. ¿En complicidad de algunos peritos? No lo sé. ¿Quién los manipula y con qué intención…la UTARC? No lo sé. ¿Qué querían ocultar, el vínculo de Rozsa Florez con Alvaro García Linera? [el vicepresidente] No lo sé. ¿Por qué los mataron? No lo sé.
-Pero en un video se vio como el presidente Morales, en Venezuela, deja instrucciones para desmontar ese supuesto grupo de “mercenarios”, como los llamó él.
-Deduzco que la orden fue para matarlos. De lo contrario me hubieran permitido investigar esa acción por exceso de fuerza. Me lo negaron y fui denunciado por el comandante de la Policía, porque yo quería tener la lista de los que participaron en el operativo y tener sus armas. Desde el ministerio del gobierno, me decían por dónde tenía que ir y por dónde no tenía que ir la investigación.
-Pero también hubo hallazgos que empezaron a sembrar en usted enormes dudas, por eso en un momento dado es amenazado. ¿Cuáles fueron?
-Cuando empecé la investigación encontré armamento en el stand de cotas, el centro de operaciones que tenía el grupo de Eduardo Rozsa Flores. Ahí tenían montada una especie de oficina, había mapas, se encontró material explosivo y armamento. Pero después se supo que esas armas habían sido de otro operativo y las pusieron ahí, las plantaron. Supongo que lo mismo pudo haber sucedido en el Hotel Las Américas, donde pusieron algún armamento. Con el paso del tiempo se hizo una pericia informática. Tenía un grupo de policías que investigaba. Con base en esa información hice las imputaciones. Pero debíamos llegar a una acusación. En ese margen supe que habían pagado testigos, desconectado las cámaras de seguridad del hotel para poder ajusticiar. Eran muestras claras de que no hubo algo correcto allá adentro en las habitaciones. Me di cuenta de todo eso durante el proceso de acusación a 39 personas incluyendo a Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
Además, me enteré de que algunas pruebas fueron implantadas y algunos exámenes peritales, fabricados. Por lo tanto, no quería involucrarme en eso. Entonces presenté mi renuncia al fiscal general. No quería llegar a la acusación porque me di cuenta de que había manipulaciones desde el ministerio de Gobierno, desde la vicepresidencia, a través del hermano del vicepresidente. Ahí empezaron las amenazas.
-¿Le aceptaron la renuncia?
No. Entonces me reuní con el presidente Evo Morales, porque si no podía renunciar, por lo menos él podía poner orden a esta situación. Había personas allegadas a él que, usando mi nombre, cometieron hechos de extorsión. Funcionarios desde el ministerio de Gobierno extorsionaban a los involucrados en el caso de terrorismo, ellos decían que manejaban el caso e iban a favorecerlos para que yo los excluyera de la investigación. Morales nunca hizo nada.
-¿Cómo aparece en todo esto Branko Marinkovic?
-Existía una serie de documentación que me hizo llegar la policía, y los análisis informáticos, que involucraban a Branko como si fuera parte de la cabeza de la organización de Rozsa. El estado mayor lo componían Costas Aguilera [prefecto de Santa Cruz], Marinkovich y no recuerdo a los otros tres. Contra Branko tampoco había información tan precisa para vincularlo. Al principio lo quise desvincular. Porque no había prueba sustentable. Yo plantee esa posibilidad en el ministerio de Gobierno. Entonces las amenazas se hicieron más fuertes. Que si sacas a ese ciudadano las cosas pueden poner peor. Por eso llegué a la acusación. En ese momento había mucha tensión. Branko fue imputado y después acusado de alzamiento armado y de financiarlo. Pero no había elementos convincentes, como algo factico, que demostrara que existía alguna cuenta bancaria en la que hubiera depositado dinero a nombre de Eduardo Rozsa Florez. Branko estaba en las listas del consejo supremo de la organización de Rozsa, y con base en eso armé la acusación. La prueba no era tan contundente, pero yo no podía dejarlo por fuera de la investigación por la presión que tenía, estaba en riesgo mi vida. Y tuve que huir del país.
-¿Pero entonces un acusado podría estar a merced de un montaje porque los fiscales tampoco pueden evaluar toda clase de pruebas científicas?
-En mi caso, ninguno de los acusados, de los 39, contradijo las pruebas, ningún abogado tuvo la capacidad de cuestionarlas. Se dedicaron a insultarme, a denigrarme, pero no a pedir que hicieran contra peritajes. Yo estaba entre la incompetencia de abogados que no cumplieron con su trabajo y las presiones políticas de la oposición y del Gobierno. Esa fue la realidad. Me destituyeron, si vuelvo tendría un año de cárcel. No entraría por el perdón judicial. Pero cuál es la interpretación del Gobierno: que soy un delincuente.
-¿Hay garantías en Bolivia para un juicio justo?
Una garantía real no existe. Reté al presidente a un proceso judicial, pero ante una comisión internacional, para que nos sometamos a un juicio. Lo que recibí fue insultos de sus diputados y sus ministros.
-¿Usted como ciudadano y no como fiscal, votó por Evo Morales y su movimiento político?
- En un principio creí en Evo y vote por él. Pensaba que el país necesitaba un cambio. Pero empezó el interés personal, captado por el vicepresidente Álvaro García Linera, y el enriquecimiento actual, de manera ilegal, de las elites políticas ligadas a Evo Morales. El pueblo les interesa sólo para legitimar esa situación de gobernantes, que les da la posibilidad de usufructuar el poder pero no para el bien del pueblo.
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