MANAGUA.-JOSUÉ BRAVO
Especial
A dos años de haber sido anunciado este proyecto, vendido como la panacea que sacará de la pobreza a Nicaragua, es mayor el escepticismo de los nicaragüenses. El proyecto que en teoría debió arrancar en diciembre del año pasado, ni siquiera ha publicado los estudios de factibilidad económica ni ambiental
MANAGUA.-JOSUÉ BRAVO
Especial
Miles de nicaragüenses, campesinos principalmente, marcharon pacíficamente por las calles de la ciudad de Juigalpa, ubicada a 19 kilómetros al suroeste de Managua, exigiendo la derogación de la Ley 840 que avaló el proyecto del canal interoceánico, la cual fue aprobada en tiempo récord por diputados sandinistas hace dos años.
Portando la bandera de Nicaragua y una pancarta al frente con la leyenda “Daniel vende patria” y otras como “No al canal. No a la Dictadura. No a la destrucción del Lago. No a la Ley 840”, nicaragüenses de diferentes partes del país realizaron la marcha número 47 contra el proyecto, esta vez colmando unos 1.200 metros con manifestantes.
Campesinos
Los principales manifestantes fueron campesinos de la zona sur de Nicaragua, quienes se oponen a alquilar o vender sus tierras por donde pasaría la ruta canalera, el proyecto insigne del Gobierno de Daniel Ortega, que a medida que el tiempo avanza tiene más dudas para concretarse.
“Estamos aquí, tengamos lo que tengamos que hacer, y lo menos que vamos hacer es perder nuestras tierras”, expresó Francisca Ramírez Torres, vicecoordinadora del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional, según el diario local La Prensa.
Octavio Ortega, coordinador del Consejo Nacional, arribó con la delegación de Riva e Isla de Ometepe,
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“Salimos a las cuatro de la mañana y nadie nos detuvo, estamos sorprendidos”, añadió Octavio Ortega, presidente del Consejo Nacional, quien encabezó una caravana de vehículos desde el sureño departamento de Rivas, ubicado a 111 kilómetros de Managua.
Concesión por 100 años sin consulta previa
Los manifestantes desafiaron el acoso gubernamental que pretendía impedir la marcha con militarización de la zona canalera, bloqueos en carretera, interrupción en el servicio de telefonía celular de dirigentes y negación de permisos de transporte a los vehículos que trasladaban a los ciudadanos.
El 13 de junio de 2013, y sin consulta amplia previa, en sesión ordinaria del parlamento nicaragüense, dominado por diputados sandinistas, se aprobó la Ley Nº 840 “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”, que da en concesión por 100 años el proyecto a la empresa HKND, del magnate chino Wang Jing.
La Ley fue aprobada en un tiempo record. El 7 de junio de ese año la iniciativa fue remitida por el Gobierno de Ortega a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional para que emitiese el dictamen favorable. En cosa de horas los diputados de esta comisión hicieron pocas consultas con la empresa privada y fue aprobada el 13 de junio también en cuestión de horas.
Ley aprobada con omisiones y errores
Aparte de omisiones de procedimientos, la 840 tiene errores de fondo. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, sobre todo de la costa atlántica sur de Nicaragua, se quejan por la falta de consulta previa, dado que un 40% de su territorio se vería afectado por la ruta interoceánica.
El sistema interamericano de derechos humanos obliga a los estados a informar de manera previa y libre sobre proyectos como éste que puede alterar las vidas y subsistencia de los residentes.
La ley ordena que en la zona de construcción del canal no regirán las leyes, por lo tanto exime de cualquier responsabilidad a la empresa concesionaria y a sus trabajadores.
A dos años de haber sido anunciado este proyecto, vendido como la panacea que sacará de la pobreza a Nicaragua, es mayor el escepticismo de los nicaragüenses. El proyecto que en teoría debió arrancar en diciembre del año pasado, ni siquiera ha publicado los estudios de factibilidad económica ni ambiental.
El millón de empleo que habían prometido sus impulsores apenas serían 50.000 durante su construcción, la mitad obreros nicaragüenses y el resto extranjeros; y se desconoce de dónde sacará el inversionista los 50 mil millones de dólares que preliminarmente se calcula cuesta la obra.
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A finales el año pasado, el Gobierno sandinista y Wang Jing inauguraron el inicio de las obras en el departamento de Rivas, pero seis meses después solo se ha reparado un camino de lastre donde la inversión no pudo superar el medio millón de dólares.
Tampoco sus impulsores han resuelto los problemas de propiedad de los campesinos, lo que ha motivado el incremento de las marchas en diferentes partes del país, a pesar de la represión gubernamental por medio de sus turbas, la policía y el ejército.
“Yo creo que al final el canal no se va a desarrollar”, dijo recientemente la abogada ambientalista Mónica López Baltodano, quien ha denunciado dentro y fuera de Nicaragua las irregularidades del proyecto.
La longitud del canal que iniciará en la costa pacífica sur de Nicaragua, será de 178 kilómetros, tendrá entre 320 y 520 metros de ancho y una profundidad de 28 a 30 metros.
Daños ambientales y campesinos afectados
Las preocupaciones ambientales siguen girando alrededor de esta herida que no solo afectará el Lago de Nicaragua, por donde pasarán 105 kilómetros de ruta, sino del resto de Nicaragua.
Este lago, el reservorio de agua dulce más grande de Centroamérica con una dimensión de 8 mil kilómetros cuadrados, apenas tiene 12 metros de profundidad. Los ambientalistas aseguran que para este proyecto habrá que abrir otro canal dentro del lago y de ahí los daños al ambiente.
Los opositores al proyecto aseguran que las propiedades de 120.000 campesinos serían afectadas, repercusiones que también sufrirán 137.000 personas de 13 municipios por donde pasará la ruta, así como 200.000 nicaragüenses más que beben agua del Gran Lago.
Por si fuera poco, Costa Rica aduce que todo proyecto de canal que transite por el Lago de Nicaragua, afectará su ecosistema fronterizo protegido por ley, porque muchos ríos fronterizos se alimentan de esas aguas.