La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes la campaña de hostigamiento contra periodistas en Guatemala a través de cuentas fraudulentas en las redes sociales, la que estaría motivada por denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de obras públicas a favor de un excandidato presidencial.
De acuerdo con una nota publicada en la web oficial de la SIP, luego de la publicación del reportaje "El Penúltimo negocio de Manuel Baldizón", el 22 de abril, en la revista ContraPoder, periodistas del equipo investigativo denunciaron que han sido amedrentados y difamados a través de perfiles falsos en Twitter y páginas web fraudulentas mediante insultos y amenazas.
A tenor con ello, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, condenó "las represalias contra los periodistas que no tienen otro propósito que desviar la atención sobre los problemas reales que afectan al país y generar zozobra y autocensura".
La SIP, entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, con sede en Miami, Estados Unidos, reconoce que la investigación periodística se enfoca en un negocio millonario sobre la adjudicación de concursos de obras públicas a empresas que estarían vinculadas al excandidato a la Presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón.
Asier Andrés, encargado de la investigación, dice la nota, fue amenazado directamente en Twitter, así como Juan Luis Font, director de ContraPoder y director de Noticias de Canal Antigua y Diario Digital, consorcio de medios conocido como Grupo A.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, recordó que tanto la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Declaración de Chapultepec de la SIP, condenan la intimidación y alientan a los Estados a investigarla y sancionarla con prontitud.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Relatoría Para la Libertad de Expresión de la OEA, los integrantes de Grupo A expresan que han sido atacados de forma sistemática desde 2013 a través de otros medios de comunicación cercanos a Baldizón.
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