Sismo político en Nicaragua por eventuales sanciones de EEUU a Ortega

La celeridad y unanimidad con la que el Congreso estadounidense aprobó la ley conocida como Nica Act, impulsada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, y con el apoyo de Ted Cruz en el Senado, asombra en Nicaragua porque ordena a Estados Unidos oponerse a la aprobación de préstamos internacionales a favor de Nicaragua, salvo que Ortega restablezca la democracia y realice elecciones libres, justas y transparentes.

“Este proyecto de ley está dirigido a Ortega para que él y su régimen tomen responsabilidad por la violación a los derechos humanos y a la manipulación del proceso electoral para su propia ganancia”, afirmó la legisladora Ros-Lehtinen, según el diario La Prensa de Nicaragua.

Nica Act pide al Departamento de Estado un reporte de los altos funcionarios públicos nicaragüenses involucrados en actos de corrupción que integran el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y Corte Suprema de Justicia, todos manejados por Ortega y “que están directamente involucrados en actos de corrupción pública y violación de derechos humanos”.

Esta ley aún debe ser aprobada por el Senado norteamericano y luego rubricada por el presidente Barack Obama, pero de concretarse, los préstamos por 250 millones de dólares que los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueban para Nicaragua, van a ser bloqueados y también, puede afectar el acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos conocido como Cafta.

Esa cifra se aproxima al 62% de la cooperación oficial en préstamos al sector público que recibe Nicaragua, complemento para un presupuesto nacional que el año próximo será de 2,200 millones de dólares para el segundo país más pobre del continente.

El economista Néstor Avendaño, explicó a un canal de televisión local sobre las consecuencias a la economía nicaragüense la confirmación de esta ley.

“Todos los nicaragüenses estamos muy preocupados por esa decisión legislativa en Estados Unidos. No es el monto que se deja de percibir por una posible condena de los préstamos del BID y BM que ahora están dirigidos a programas y proyectos del sector público. La unanimidad de los congresistas es algo inesperado, de tal manera que hay que prepararse para lo peor”, dijo el economista al canal 100% Noticias.

“Si no ingresa ese monto en cooperación oficial al sector público, provocaría una desaceleración del crecimiento económico del país, estaría influenciada por el menor dinamismo de la inversión pública que a su vez provocaría una caída o desaceleración en la inversión privada, al no darse el papel facilitador del Estado para el desarrollo de la empresa privada”, añadió Avendaño.

En la práctica, eso sería menos desarrollo de proyectos públicos de infraestructura que afectaría la producción de bienes y servicio de la economía nacional, con daños a las importaciones, el consumo privado, consumo del Gobierno que tendría que analizar la posibilidad de reducir el gasto público con el fin de destinar cierta parte de los impuestos a proyectos de inversión de urgente necesidad.

Al haber una reducción en el consumo público se crearía desempleo en el gobierno, grave expansión del déficit fiscal que podría acelerar la tasa de inflación.

“Por supuesto que el gobierno tendría que analizar la posibilidad de declarar una mora en el pago de la deuda al BM y al BID, como lo firmamos en la década de los 80 para evitar un mayor deterioro en las reservar internacionales del Banco Central, que podrían conducir a una posición de la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero, añadió el economista.

“Y una ampliación de esa brecha tiene una consecuencia funesta para la economía que provocaría una fuga de capitales, inseguridad e incertidumbre entre los inversionistas extranjeros. En el peor de los escenarios que estamos pintando ahorita, es de esperarse un deterioro en todos los indicadores sociales, quien sale afectado es la población de Nicaragua, especialmente quienes tienen más bajos ingresos”, dijo Avendaño.

Por su parte, Roberto Sansón, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), opina que “es una situación lamentable que hayamos llegado a este momento. Definitivamente no es algo que de ninguna manera se quiere buscar ni esperar, en todo momento uno busca mejores relaciones comerciales con sus socios, en este caso con el principal que es Estados Unidos”.

“Amerita que se busquen acciones para remediar la percepción que se tiene en Estados Unidos que motiva a tomar este tipo de acciones (…). Nosotros hemos conversado varias veces con el gobierno de Nicaragua, a que esté atento de cómo sus acciones se ven en el exterior, porque cuando ya uno tiene que dar explicaciones sobre porqué pasan las cosas, es demasiado tarde”, añadió Sansón.

La imagen del gobierno de Ortega se deterioró aún más dentro y fuera de Nicaragua en los últimos meses, luego de que por medio del Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento que él controla, eliminara a la oposición política de la contienda electoral, destituyera a 28 diputados y a lo interno de su partido, nombrara como vicepresidenta a su esposa Rosario Murillo.

El actual proceso electoral para el 6 de noviembre próximo, en el que Ortega con seguridad se reelegirá, está amañado, sin verdadera oposición, con partidos pequeños que le hacen el juego político y sin observación nacional e internacional independiente.

El sociólogo y economista otrora aliado de Daniel Ortega, Oscar René Vargas, opina que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, “tiene como objetivo, en mi criterio, presionar al gobierno (de Nicaragua) a negociar e influir al gran capital local a cambiar su estrategia de alianza incondicional con Ortega”, según su perfil de Facebook.

Este proceso toma su tiempo, mientras tanto se presiona al gobierno y al gran capital local para que se inicie un llamado ‘diálogo nacional’ (…). Al mismo tiempo, implicaría que entraríamos en una fase de contracción económica que repercutiría a todos los nicaragüenses. La negociación que presiona los Estados Unidos va en la misma dirección que la propuesta que varios sectores internos”, escribió Vargas.