“La economía nicaragüense sufriría un efecto devastador si se aprueba el proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality HR 5708, (Ley de condicionalidad a la inversión en Nicaragua) [presentado por el senador Ted Cruz], teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene un voto decisivo ante los organismos financieros internacionales”, afirmó en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS el economista nicaragüense, Israel Benavides Cerros.
El proyecto HR5708, que tiene como objetivo aprobar sanciones económicas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, ha sido presentado en ambas cámaras, el Congreso y el Senado. Busca crear una legislación que permita a Estados Unidos votar en contra de la aprobación de los préstamos que solicite el Gobierno de Nicaragua, ante los organismos financieros internacionales.
La medida, que cuenta con respaldo bipartidista, es en respuesta a las “acciones antidemocráticas” del Gobierno de Nicaragua, justifica la ley. Esas acciones, encabezadas por el presidente Daniel Ortega, se traducen en la falta de elecciones libres, justas y transparentes, violaciones a los derechos humanos y las leyes del país. A ello se sumó la expulsión de Nicaragua de tres estadounidenses.
Benavides informó, que la cooperación oficial externa que recibió Nicaragua durante el periodo 2007-2015, fue de $11,411.800. De ese monto 5,003.1 millones están orientados al sector público y 6,408.7 al sector privado.
Esa cooperación el país la obtuvo a través de dos vías: multilateral y la bilateral. “La primera está asociada con préstamos concesionales y donaciones de organismos multilaterales como el banco mundial(BM), Fondo Monetario Internacional(FMI) Y Banco interamericano de desarrollo(BID), esta sería la cooperación que se vería más afectada pues Estados Unidos tiene un poder casi absoluto sobre estos organismos”, sostuvo el experto.
A su juicio, la ley también tendría efectos sobre la ayuda bilateral porque Estados Unidos podría hacer presión a los países cooperantes para reducir la ayuda a Nicaragua.
El economista valoró que una ley aprobada por el Congreso y el Senado, provocaría un deterioro importante en la posición de Nicaragua en el mercado internacional, y como consecuencia aumentaría el riesgo país y provocaría una reducción de la Inversión Extranjera Directa (IED).
“Estudios han evidenciado que el impacto del riesgo país sobre las inversiones es importante, por ejemplo: entre 2006 y 2013 cada vez que el riesgo país crecía en 1%, la IED redujo en promedio 500 millones de dólares. Considero que tales medidas tendrían un efecto devastador sobre la economía nicaragüense, se trata de menos donaciones, menos inversiones públicas y privadas, reducción de la inversión extranjera directa y como consecuencia una caída del PIB, las exportaciones y el desarrollo de proyectos de infraestructura social y productiva”, explicó el especialista.
Para el jurista y analista político, Oscar Carrión, aprobar la HR5708, es una atribución y facultad legal y soberana de los legisladores estadounidenses “y si además se trata de condicionar la aprobación de empréstitos en función de recuperar la democracia, la libertad y la transparencia de las reglas electorales, pues es un asunto en el que a pesar de que insisto que nos afecta como nicaragüenses, en cierta y buena medida se torna necesario”.
Sin embargo, Carrión cree que resulta doloroso que el país deba que enfrentar medidas económicas “por culpa de los abusos, atropellos y violaciones al estado de derecho, la democracia, la Constitución política, los derechos civiles y políticos, y la soberanía nacional por las perversidades de Ortega.
Mientras, el jurista José Pallais, afirmó que las acciones autoritarias de Ortega, lo han convertido en el peor enemigo del país porque está poniendo de nuevo a Nicaragua en el radar internacional “convirtiéndose con sus abusos en el mayor promotor de sanciones que nos afectarán a todos los nicaragüenses”, sostuvo.
Por su parte, el médico Rafael Cárcamo, manifestó que la ley recrudecería los problemas económicos, políticos y sociales en Nicaragua, el segundo país más pobre de la región que depende de la ayuda y de los préstamos de los organismos multilaterales.
“Daniel Ortega se ha convertido en un problema para Nicaragua y la región centroamericana, está instaurando una dinastía y es un peligro para la democracia, la paz y el desarrollo económico”, consideró Cárcamo.
El jurista Carrión, es de la opinión que lo ideal sería que Estados Unidos, tomará medidas en contra de funcionarios del gobierno orteguista, y de las empresas que han creado al amparo de la ayuda de Venezuela, con la que la familia Ortega-Murillo y sus cercanos han obtenido un lucro multimillonario.
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