Fotografía de Humberto Prado, comisionado presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas.
CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONALCARACAS.- El Comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, envió una misiva a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para DDHH, Michelle Bachelet, con el fin de solicitar una evaluación al régimen de Nicolás Maduro por los recientes hechos y promesas de reestructuraciones que se han demostrado son “meros formalismos”.
Prado subrayó su preocupación ante el tuit emitido desde las oficinas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, donde se valora de manera positiva las recientes “reformas” realizadas por el régimen a la policía y las detenciones ilegales.
“Estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad (…) Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares de derechos humanos”, dijo.
Prado citó que como parte de la reforma de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se designó una "Comisión de Reestructuración de la Policía", encabezada por una Almirante retirada y un General de División, ambos con formación militar, lo que contraviene la Constitución venezolana, que establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.
Agregó que "tomando en cuenta que de las 2.853 personas que fueron asesinadas por policías y militares en 2020 en Venezuela, la PNB fue responsable de 672 de esas ejecuciones, según una investigación de la ONG PROVEA. Habría que considerar, por lo tanto, que para que esta reestructuración tuviese algún valor práctico para la realidad política, social y jurídica del país, debería colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de dichas ejecuciones extrajudiciales".
Asimismo, Prado se refirió en su carta a la decisión de trasladar a 306 presos políticos recluidos en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a las cárceles del Ministerio de Servicio Penitenciario. Dijo que ese traslado transgrede los estándares internacionales en materia de derechos humanos, "pues dichas personas permanecen recluidas debido a causas e intereses de orden meramente político, denegados de debidas garantías judiciales y sin justificación jurídica verdadera".
El Comisionado para los Derechos Humanos recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas de protección para la población reclusa de varios centros penitenciarios de Venezuela y "el régimen de Nicolás Maduro no se ha dignado a responderle a la Corte ni a la Comisión y nuestros presos siguen muriendo de desnutrición, tuberculosis, sida, y enfrentamiento entre bandas".
FUENTE: Centro de Comunicación Nacional
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