CARACAS.- Desde el pasado 4 de agosto, Venezuela tiene dos parlamentos: la Asamblea Nacional elegida por votación popular en diciembre de 2015, donde la oposición tiene la mayoría, y la ilegítima Constituyente, controlada totalmente por el chavismo.

También tiene dos fiscales generales: por un lado está Luisa Ortega Díaz, cuya remoción por parte de la Constituyente fue denunciada por la mayoría de América Latina y Europa; y por el otro está Tarek William Saab, quien fue designado en su lugar de manera “temporal”.

Esta extraña e inédita duplicidad institucional, resultado de las maniobras del régimen de Nicolás Maduro, lejos de disminuir se agravará el 13 de octubre, cuando en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) parte de los 33 magistrados que fueron nombrados en julio pasado por Asamblea Nacional instalarán un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

“Trabajaremos incansablemente por rescatar el principio de la independencia de los poderes públicos, en especial el Poder Judicial; también trabajaremos con la justicia internacional para detener los actos hostiles [del régimen de Maduro] que amenazan el ejercicio democrático del poder”, anunció días atrás Gabriel Calleja, uno de los miembros de esa instancia.

Apoyados en la justicia internacional

Según Miguel Ángel Martín, presidente de la instancia que se juramentará en la OEA, el hecho no será solo un gesto político o simbólico. “Eso va a depender de la forma como ejerzamos en los temas que vayamos a tratar. Al trabajar los temas de terrorismo o delitos de lesa humanidad, nos vamos a servir de la ayuda y colaboración de la justicia internacional: la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos. También vamos a hacer rogatorias [exhorto internacional] a los países en aquellos casos en que exista algún delito grave y ya corresponderá al país amigo darle cumplimiento a estas solicitudes. Existen mecanismos dentro del Derecho Público Internacional que vamos a hacer valer”, aseguró a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Para José Ignacio Hernández, catedrático de Derecho Constitucional de las universidades Central, Católica Andrés Bello y Monteávila de Caracas, “este es un tema muy difícil de analizar desde una perspectiva ortodoxa del derecho”. Explicó que “constitucionalmente hablando lo que se va a instalar en Washington no es el TSJ, ni puede ejercer sus funciones y yo creo que este gesto de la OEA de prestar un salón para que se dé este acto se debe interpretar más como un apoyo político público a la Asamblea Nacional que los nombró”.

Aunque admitió que las posibilidades de que las decisiones del máximo juzgado en el exilio tengan algún efecto de inmediato son escasas, Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del TSJ, saludó la iniciativa, por considerar que la misma pondrá la atención nuevamente en el caso venezolano.

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Magistrada emérita del TSJ venezolano, Blanca Rosa Mármol de León.
Magistrada emérita del TSJ venezolano, Blanca Rosa Mármol de León.

“Esta es una figura inédita, hasta ahora el mundo ha visto que mandatarios que son derrocados se instalan en el exilio, pero jamás con un tribunal”, dijo y agregó: “Esto es otra prueba más que aquí hay una dictadura, porque esos magistrados no se fueron del país porque quisieron sino porque el régimen amenazó con encarcelarlos, no les permitieron ejercer sus funciones ni siquiera juramentarse y a tres de ellos los detuvieron”.

Mármol de León rechazó detenerse en objeciones relacionadas con la territorialidad o a la integración del TSJ en el exilio, por considerar que esta instancia es más política que jurídica y que esas observaciones no contribuyen nada positivo en este momento.

“Este es un gesto simbólico muy valedero que permitirá que el mundo se dé cuenta que en Venezuela hay una dictadura, porque un grupo de magistrados debieron exilarse para salvar sus vidas, porque la decisión que enfrentaban era el exilio o sus vidas”, remató.

Fuentes cercanas a algunos de los magistrados exilados salieron al paso a algunos cuestionamientos como el relacionado con el número de miembros que tendrá el TSJ en el exterior, visto que todavía hay cinco de los 33 nombrados que permanecen resguardados en embajadas en Caracas, dos renunciaron y uno cumple arresto domiciliario.

“Tienen el quórum necesario para operar, el cual según el reglamento es de 17, pues aunque ciertamente la AN designó a 13 principales y 20 suplentes, para ellos en la actualidad en el país no hay un TSJ, porque 30 magistrados pusieron sus cargos a la orden de la ilegítima Constituyente, la cual no podía ratificarlos; y, por ende, no hay magistrados. Así que los suplentes nombrados en julio [por el Parlamento] pasarán a cubrir vacantes de principales”.

Tras el anuncio, el régimen de Maduro, a través del TSJ en Caracas, lanzó amenazas amenazas y advirtió que la materialización de este paso no hará más que “engrosar el expediente” que les tienen abierto a los magistrados designados por la AN por usurpación de funciones. “Para la convocatoria a la constitución de este tribunal están usando el logo del TSJ y eso es forjamiento de documento público, porque ellos no son magistrados y no pueden usar los símbolos del organismo”, apuntó un magistrado.

El TSJ venezolano en el exilio se instalará el 13 de octubre en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, DC.

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