CARACAS.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano (TSJ) confirmó este viernes a través de una nota de prensa que el presidente Nicolás Maduro, “es un ciudadano venezolano por nacimiento y no posee otra nacionalidad”.
El TSJ señaló que ha sido acreditado con documentos oficiales expedidos por las autoridades del registro civil venezolano y también por documentos emanados del estado Colombiano.
Las pruebas acreditan que el mandatario nacional nació en la Ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia La Candelaria, el 23 de noviembre de 1962. Destaca que ha cumplido y cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
La nota de presa reseña que la referida sentencia reza que con el asunto de la nacionalidad del Presidente de la República de Venezuela aclarado, quedan a salvo las acciones que correspondan en ejercicio de los derechos, deberes, principios y normas previstas en el ordenamiento jurídico, para hacer valer la responsabilidad constitucional, penal, civil y administrativa, junto a las declaratorias correspondientes.
Pese a la sentencia del TSJ, la situación de la nacionalidad deja abiertas las dudas, pues en varias ocasiones Maduro aseguró que nació y se crió en Los Chaguaramos, un sector de Caracas y no en la parroquia La Candelaria como dice la sentencia.
“Yo nací y me crié en un apartamento aquí en Los Chaguaramos, en Valle Abajo (en Caracas). Era un apartamento de 50 metros cuadrados y ahí vivíamos muy felices gracias a mi padre y a mi madre, mis hermanos y yo”, dijo el mandatario en medio de un acto con simpatizantes en las adyacencias del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
El TSJ ordena remitir copia certificada de la decisión al Presidente, al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República.
Advierte además que las sentencias de la Sala Constitucional tienen carácter vinculante y efectos erga omnes (frente a todos) inclusive para los órganos del Poder Público Nacional.
FUENTE: REDACCIÓN
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