Miles de cubanos podrán acogerse al proceso de regularización masiva de extranjeros que entrará en vigor el 16 de abril en España, tras ser aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
El Gobierno de Pedro Sánchez espera legalizar en torno a medio millón de personas, aunque la Fundación de las Cajas de Ahorro de España (FUNCAS) estima que el proceso favorecerá a 840,000. En el caso de los cubanos, la entidad concluye que unos 16,000 se encuentran en situación irregular, reseña el portal web Diario de Cuba.
Los interesados dispondrán de dos meses y medio para presentar sus solicitudes por vía presencial o telemática, a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Podrán hacerlo quienes lleven residiendo más de cinco meses en España, siempre que no cuenten con antecedentes penales en los últimos cinco años.
El mayor obstáculo de los solicitantes cubanos es la presentación de certificados de antecedentes penales o cualquier otra documentación que requiera trámites administrativos en la isla, incluyendo la obligada legalización en el Consulado General de España en La Habana.
"La situación con los certificados de antecedentes penales está bastante cruda. No solo la obtención, sino la legalización en el consulado español en La Habana. Se espera un acuerdo para que los consulados de Cuba en España puedan emitirlos, como ya hacen con otros documentos registrales", explicó Estela Marina Pérez, experta en extranjería y directora del Grupo Aristeo, al medio cubano.
En el último proceso de regularización de inmigrantes, en 2005, bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, 5,536 cubanos obtuvieron la residencia, según datos oficiales. En 2000 y 2001, procesos similares, aprobados por el conservador José María Aznar, favorecieron a 5,815 cubanos.
Desde Pekín, donde se encuentra en visita oficial, el presidente Sánchez resaltó que la norma "ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor".
"Esta regularización es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Personas que cuidan a nuestros mayores. Que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Que innovan, que emprenden", añadió.
En marzo pasado, el Congreso de los Diputados rechazó la regularización masiva, pidió revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países y garantizar la expulsión de extranjeros que han cometido delitos graves o son reincidentes.
Por su parte, la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha anunciado su intención de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que afecta "gravemente a la prestación de los servicios públicos, sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".
FUENTE: Con información de Diario de Cuba
