A 199 años de la independencia, el país disfruta una estabilidad política que favorece una mayor democracia, señala el politólogo Antonio Cardarello
Bandera de Uruguay
Europea PressMONTEVIDEO.- En medio de un año electoral con muchas expectativas, Uruguay conmemora, este 25 de agosto, 199 años de la declaración de su independencia, “con un sistema político democráticamente consolidado, que podría considerarse uno de los más plenos de América Latina”, asegura el politólogo uruguayo Antonio Cardarello, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
El 25 de agosto de 1825 Uruguay declaró su independencia del Imperio de Brasil, con una gesta histórica protagonizada por un grupo de patriotas orientales, que iniciaron la denominada Cruzada Libertadora y cuatro meses después lograron la reincorporación política de la antigua Banda Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
“Uruguay está plenamente consolidado, enmarca un sistema de partidos sólidos y una ciudadanía que se sigue identificando con ellos. Algo que, si bien ha tenido un notable descenso en toda la región, en Uruguay la gente sigue confiando en los partidos políticos y prefieren la democracia a cualquier otro tipo régimen”, explicó Cardarello.
Explicó el experto que el sistema político uruguayo se comenzó a gestar hacia finales del siglo XIX y se terminó de concretar con la constitución de la República, que se dio en 1918: “Un proceso de reforma que estableció las bases de la democracia y el constitucionalismo en Uruguay, luego de la Constitución de 1830 que le dio al país el nombre de Estado Oriental del Uruguay".
Cardarello asegura que, aunque Uruguay sigue siendo un país con limitaciones en cuanto al desarrollo y crecimiento económico, existe una estabilidad política que favorece una mayor democracia y transparencia.
En cuanto al escenario político de cara a la elección presidencial que se llevará a cabo el 27 de octubre en ese país, el docente e investigador de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, expone que Uruguay enfrenta "una elección que tiene varias etapas: comenzó con la definición de las candidaturas presidenciales en las elecciones internas, que se realizaron el 30 de junio, y ahora con una campaña electoral sin ningún tipo de quiebre o polarización, como la que se vivió en los años 70 y 80”.
A su juicio, el hecho de que el presidente Luis Lacalle Pou no pueda ser candidato, debido a que no está permitida la reelección consecutiva, “va en contra de las posibilidades de reelección del gobierno, porque tanto el Partido Nacional como el partido Colorado, que es su principal socio, están en procesos de renovación. Hay que ver si esas candidaturas que se eligieron en junio tienen la fuerza para igualar el resultado de lo que fue hace cinco años”.
A su vez, indica que, de acuerdo con los sondeos de opinión, la figura del presidente Lacalle goza de un alto nivel de popularidad y aprobación en la población, pero el gobierno no cuenta con el mismo respaldo. “En gran medida acuñó esa imagen positiva al desempeño que tuvo el gobierno y el manejo a la pandemia del COVID-19, lo que hizo que sea más fuerte el apoyo a la figura del presidente, que la evaluación del gobierno en su totalidad, aunque sigue siendo bastante alta”.
El Partido Nacional (PN), actualmente oficialista, acumuló un total de 323.930 votos en los comicios internos, en los que el candidato Álvaro Delgado resultó vencedor con un 74,43% de los votos.
Sin embargo, las empresas de opinión pública muestran una intención de votos consistente hacia el candidato de la oposición liderada por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, con una diferencia entre cinco o siete puntos, por encima de los partidos de la coalición de gobierno.
Durante la jornada electoral de este año, a la que 2.766.000 uruguayos están convocados a las urnas, se renueva no solo la presidencia de la República sino también la composición de ambas cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Representantes.
“Hay que ver qué pasa con ese porcentaje que persiste todavía en los sondeos de opinión pública, si se canta a favor de mantener el gobierno o por la alternancia de la oposición. En cualquiera de los dos casos no sería un resultado traumático, sino bastante aceptable para la mayoría de los uruguayos”, apunta Cardarello.
De acuerdo con el sistema electoral uruguayo, el triunfo en primera vuelta se obtiene con más del 50% de los votos, si no se realizaría una segunda vuelta que tendría lugar el 24 de noviembre. Además, el 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, se someterá a consulta una reforma de la Constitución para actualizar el sistema de seguridad social.
Cardarello destaca que el nuevo presidente de Uruguay no solo dirigirá un país con un sistema político consolidado, sino también una serie de problemas sociales, económicos y de seguridad que requerirán soluciones efectivas.
Un problema significativo para la sociedad uruguaya, reflejado en las encuestas de opinión, ha sido la seguridad pública, que representa la principal preocupación para la población, al contribuir a un aumento en los índices de criminalidad y violencia.
“El tema del avance del narcotráfico y lo que se conoce como el narcomenudeo genera una sensación de inseguridad bastante fuerte, sobre todo en determinadas zonas de la capital Montevideo y en barrios donde ya es bastante común que se produzcan asesinatos entre bandas que se disputan el control del narco en esas zonas”, apunta.
Aunque Uruguay goza de avances en algunas áreas, en la actualidad, también enfrenta dificultades en términos económicos: empleo, salario y niveles de pobreza. Casi 350.000 personas, es decir, el 10% de la población de Uruguay, viven bajo la línea de pobreza, según datos gubernamentales.
Por último, la falta de transparencia de los partidos políticos y la corrupción representan también un desafío para la nación oriental. “Lo que ha llevado a que por lo menos en un sector de la población se refleje cierto malestar con el sistema político ante ciertos casos de corrupción”, sostiene el investigador.
El experto ratifica la fuerte posición del gobierno uruguayo en cuanto a dictaduras como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Afirma que el país suramericano “históricamente ha apostado por la defensa de la democracia, la institucionalidad y el respeto a las reglas de la comunidad internacional”.
Al respecto, resalta a la preocupación de Uruguay ante la crisis política y social que vive Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó a Nicolás Maduro reelecto el 28 de julio, sin mostrar las actas que respalden los resultados.
El gobierno de Uruguay ha sido un fuerte crítico a las acciones del régimen y respalda a las fuerzas democráticas venezolanas, lideradas por María Corina Machado, que han denunciado como un fraude electoral lo resultados del CNE y mostraron más del 80% de las actas recolectadas, digitalizadas y contabilizadas.
@Lydr05
FUENTE: ENTREVISTA
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