Venezuela, reconocida por la riqueza de su biodiversidad y con parajes naturales ancestrales como los tepuyes de Canaima, vive una dura época de pérdida de institucionalidad y abandono de las responsabilidades estatales de protección del Medio Ambiente, aseguran activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales ecológicas.

Los ambientalistas manifiestan su preocupación por la presión extractiva del llamado Arco Minero, una zona de explotación anunciada en 2012, con 43.000 millas cuadradas de superficie al sur del río Orinoco, en la región de Guayana, equivalente a 12% de la superficie del país, que ha generado un fuerte impacto en la Amazonía venezolana en deforestación, contaminación por mercurio y violencia criminal.

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También advierten sobre la contaminación por derrames de hidrocarburos de la centenaria industria petrolera venezolana, de los cuales no se divulgan áreas afectadas, ni volúmenes vertidos en el medio ambiente. O la explotación sin orden de destinos turísticos como Los Roques en el mar Caribe venezolano, donde se promuevan ciertas iniciativas empresariales sin estudios de impacto ambiental. Incluso un tema como el cambio climático y el calentamiento global, presentes en la agenda de la opinión pública mundial, no recibe atención gubernamental desde Venezuela.

Situaciones como estas, entre otras, son ejemplos de anomalías que, amparadas por la ausencia del Ministerio de Ecosocialismo y el desmontaje institucional de los entes gubernamentales, se traducen en actividades económicas y productivas en áreas protegidas, que dejan dividendos a distintos actores cubiertos con un velo de opacidad e intereses que pueden imponerse por encima de la colectividad, a juicio de los expertos.

Vilisa Morón Zambrano, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), afirma a DIARIO LAS AMÉRICAS que “la gestión ambiental como conjunto de acciones para aprovechar los ecosistemas ha sido ineficiente, desarticulada e inconclusa”, durante las últimas dos décadas.Lamenta que no se haya hecho seguimiento a la diversidad biológica y advierte que aunque 26% de la superficie venezolana se encuentra designada para protección ambiental, más de la mitad de esas áreas (60%) no tiene Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, un instrumento que permitiría gestionar esos espacios. Y subraya Morón Zambrano que esto ocurre pese a que “80% del agua potable que consumimos en el país viene de las cuencas de estas áreas protegidas”.También resalta la ausencia de datos científicos, lo que impide formular políticas públicas ambientales. “No hay acceso libre a la información sobre diversidad biológica”, dice Morón Zambrano y añade que “ese acceso básicamente depende de las investigaciones de universidades e institutos, pero la asfixia (institucional y presupuestaria) a la que han sido sometidas la universidades venezolanas hace cada vez más precario”, poder recolectar datos.Recuenta que los investigadores ya no publican estudios porque no tienen capacidad para indagar, para preparar personal. “Y eso se refleja en que no hay información. No sabemos qué está pasando y es uno de los grandes vacíos. En las páginas web de los institutos gubernamentales no hay información, y apenas recientemente se creó la Oficina de Cambio Climático, con años de retraso, para beneficiarnos de fondos internacionales de mitigación y adaptación”.

Oro, mercurio y violencia

La activista ambiental venezolana que prefiere el anonimato por temor a represalias indica que la minería ilegal “es el principal problema medioambiental en Venezuela, no solo por la deforestación sino por los restantes impactos. Hay minería ilegal en las cabeceras del río Orinoco (el principal de Venezuela y cuarto más largo de Sudamérica, con 1.700 millas de longitud), y todo lo que está aguas abajo está afectado por mercurio usado en la explotación del oro. Son especies de peces, y personas que se alimentan de esos peces los afectados, no solo por la ingestión de cosas contaminadas o por trabajar en las minas, sino por bioacumulación”, critica la ambientalista.

Alejandro Álvarez, PhD en Ciencias y coordinador de la coalición Clima 21, apunta hacia el interés de lucro de los grupos de poder en el gobierno de Nicolás Maduro. “Con el Arco Minero entramos a una nueva fase” dentro de lo que llama el extractivismo de varios gobiernos progresistas en América Latina.

“Se han usado ideologías para ocultar intenciones. Y en el caso venezolano hay un rápido avance hacia un capitalismo salvaje. Un extractivismo en términos coloniales en forma de saqueo del siglo XIX y XX”, dice Álvarez.

“Hay una transformación de la realidad institucional, donde el ministerio de Ecosocialismo no se expresa, el impacto de la minería no se comenta, y también hay una censura muy grande con falta de información”, indica. Y añade que luego viene “explotación de oro sin pudor”.

Esa extracción de oro ha sido utilizada por el gobierno de Maduro, con el apoyo de aliados como Rusia, para financiarse evadiendo las sanciones políticas y económicas de Estados Unidos y la Unión Europea.

Pero esa minería tiene un costo. La activista que habla con DIARIO LAS AMÉRICAS reservando su nombre dice que “la minería también trastorna los modos de vida de la gente, impide libre tránsito, aumenta la violencia, modifica los patrones alimentarios. Y el Estado a veces se ha hecho copartícipe, con el Ejército o la Fuerza Armada, de situaciones ambientales incorrectas y en muchos casos son la fuente del problema”.

Un informe de la ONG SOS Orinoco de febrero de 2021 establece que según el Censo de 2011, en la región del Arco Minero viven 1,63 millones de personas, aunque explican que con el éxodo poblacional por la crisis humanitaria venezolana esa cifra puede haber cambiado significativamente. Y dentro de esa región, conviven unos 14 pueblos indígenas.

Y Human Rights Watch indica que un informe que presentó 2020 documenta “cómo los residentes del estado venezolano Bolívar sufrieron abusos atroces por parte de grupos armados, incluidas organizaciones criminales conocidas como ‘sindicatos’ y grupos armados colombianos que controlan las minas de oro ilegales. Estos grupos operan, en gran medida, con la aquiescencia o participación del gobierno para mantener el control social. Entre los abusos que siguen produciéndose se incluyen amputaciones, agresiones con armas de fuego y asesinatos. Los grupos armados también operan y cometen abusos en otras zonas de la frontera entre Venezuela y Colombia”.

“El Arco Minero se ha estado ejecutando, en el medio de una situación de alta inseguridad (física jurídica) y de opacidad política, bajo una estrategia basada en establecer alianzas con la pequeña minería, que al régimen le ha dado frutos sustanciales, y, paralelamente, con la aplicación de un mecanismo de asociación mixta con empresas mineras, con una participación de 55 % de acciones para el Estado y 45 % para las compañías privadas, sean nacionales o foráneas”, dice SOS Orinoco. Y se agrega que “el Estado venezolano se ha asociado con empresas palestinas, turcas, rusas, iraníes, canadienses, sudafricanas, chinas, y otras. Ahora bien, la información del ejercicio de la minería de éstas en el Arco Minero no ha sido pública, salvo alguna que otra empresa que trabaja con coltán”.

Para 2019 la explotación de oro de Venezuela superó las 27 toneladas, la cifra más alta en tres décadas de acuerdo con el World Gold Council. Y según SOS Orinoco “la estrategia de la extracción aurífera, complementada con diamantes, coltán, cobre y plata (y tal vez otros minerales) le ha servido al régimen para recaudar fondos para el manejo político y estratégico con sectores aliados, y no para atender al país en su grave colapso general y responder a las necesidades de la población”.

En Amazonas hay una extracción minera muy intensa pese a estar prohibida, en el propio estado Bolívar, en el Parque Nacional Canaima, en el Parque Yapacana, y no hay la más mínima reacción del Estado venezolano, advierte Álvarez.

“Hay dos cosas simultáneas y de alguna manera interconectadas. La extracción o saqueo de recursos del país, donde hay un componente de delincuencia y criminalidad internacional, donde la minería es muy importante; pero también hay una desinstitucionalización del país”, asegura. Y recuerda que Venezuela fue pionera en la región en materia ambiental, con el primer ministerio del ramo. “Aunque no era perfecta, era sólida. Pero en los últimos diez años se ha desintegrado la institucionalidad hasta perder completa capacidad algún organismo de controlar los elementos ambientales, debido a que la institución pierde presupuesto, funciones y porque políticamente ya no tiene importancia”.

La tasa de deforestación en la Amazonía venezolana es la más alta de todos los países. Según la plataforma Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), Venezuela entre 2001 y 2020 perdió 1.130 millas cuadradas de bosques amazónicos.

Vilisa Morón, de la SVE, dice que “en las áreas protegidas la deforestación se acelera, sobre todo durante el último quinquenio. Se ha perdido prácticamente 2% de los bosques del país, y en los últimos cinco años la pérdida al sur del Orinoco, en Guayana o la amazonía venezolana se perdió la misma superficie boscosa que durante los 15 años previos. Es bastante preocupante cuando desde el punto de vista de pérdida de biodiversidad biológica, emisiones de dióxido de carbono, degradación de los suelos y los ríos”. SOS Orinoco estima que dentro del Arco minero la actividad agropecuaria es la principal responsable de la pérdida de bosques.

Cambio climático desatendido

“En cambio climático Venezuela está bastante atrasada, tanto desde el punto de vista gubernamental como de investigación”, afirma la presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología. “Hay mucho mucho que hacer en adaptación y mitigación. Si Venezueloa va a un clima más seco, caliente y con menos lluvia, eso afectará la actividad productiva”.

Pero lamenta que “no hay ninguna política pública sobre cambio climático. Se debe invertir en no uso de combustibles fósiles. Pero la visión se mantiene en extractivismo, metales, y recuperación de una industria petrolera acabada por corrupción y desinversión”, dice Morón Zambrano.

El resumen es lapidario: no se está invirtiendo en energías alternativas, y fallan los servicios públicos.

“No podemos dirigirnos a un futuro sostenible cuando se volvió a cortar leña. Se tiene que invertir en energía, en diversificar la economía, y comenzar a ver los servicios ambientales como algo sostenible”.

La adaptación al cambio climático para Venezuela es “urgente” en las ciudades costeras, y las temporalidades e inestabilidades climáticas. “Hay una gran población en las costas, donde se han deforestado manglares (que desempeñan una función clave en la protección de las costas contra la erosión provocada por el viento y el oleaje, y forman barreras naturales contra los huracanes) y eliminado bosques en zonas que son vulnerables”.

Morón Zambrano advierte que Venezuela “será el primer país de Latinoamérica en perder todos sus glaciares, y eso da pie a la discusión”. Afirma que “pese a la crisis humanitaria compleja los venezolanos sí estamos preocupados”.Por ello considera que “una de las cosas más relevantes que tenemos que hacer en la recuperación de la instituciones es que el tema ambiental tiene que estar relacionado en todas las políticas públicas y no como algo más. La riqueza de los espacios que tenemos debe gestionarse en cualquier planificación social y urbana

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