Caracas. Los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), emitieron un comunicado para dejar constancia de su preocupación por la participación de la vicerrectora académica María Fátima Garcés, en la junta interventora de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, alineado con el régimen de Nicolás Maduro, porque viola el artículo 162 de la Ley de Universidades, así como el derecho a la libertad de asociación, el Estado de Derecho y al debido proceso.
El pronunciamiento público de las máximas autoridades de la UCV, sostiene que la participación de la vicerrectora Garcés, no puede ser asumida como una decisión personal, sin afectar la imagen de la UCV, porque en las reseñas de los currículos de los miembros de la junta interventora de la Cruz Roja, la identifican como una autoridad de la casa de estudio superior del país sureño.
Señalan en el documento, que la Ley de Universidades es muy clara y que en su articulado destaca que los miembros del Consejo Universitario deben notificar cualquier actividad remunerada o voluntaria que asuman, durante el ejercicio del cargo que ocupen en dicho consejo, órgano que se encargará de analizar y autorizar la actividad que sea solicitada, fuera de sus funciones rectorales y académicas, cosa que no ha ocurrido con la vicerrectora académica María Fátima Garcés.
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Universidad Central de Venezuela
Federico PARRA / AFP
El Artículo 162 señala: “Los cargos de Rector, Vicerrector, secretario, Decano y directores de Escuela e Institutos Universitarios son de tiempo completo. Dichas funciones y las de profesor de tiempo completo son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que por su índole o por su coincidencia de horario menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias. Corresponde al Consejo Universitario la calificación pertinente”.
Las autoridades universitarias subrayan en el documento público su rechazo a la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, a través de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (alineado con el régimen chavista), por considerar que es una decisión contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho y el debido proceso.
Además, es violatorio del derecho a la libertad de asociación en Venezuela, establecido como derecho civil y político, reconocido en los pactos internacionales de DDHH y cuya garantía es una de las bases fundamentales de las libertades democráticas.
Acusan en el documento del Consejo Universitario que participar en esa junta interventora es hacerse parte de una política estatal sistemática de cierre de los espacios democráticos en el país.
“Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por las consecuencias de este tipo de decisiones para el arduo trabajo que nos debe convocar a todos para el rescate de nuestra universidad y para cumplir nuestra función de afianzar los valores democráticos en el país”, culminó el pronunciamiento.
Cabe destacar que hasta el momento la vicerrectora no se ha pronunciado sobre las acusaciones, aclarado si solicitó alguna autorización de la institución universitaria a la que pertenece antes de aceptar funciones en la Cruz Roja.
@iraimag
FUENTE: Pronunciamiento Autoridades de a UCV , Histórico del TSJ, El Pitazo, Efecto Cocuyo
