CARACAS.- El diputado por el partido Voluntad Popular (VP), Rafael Veloz, aseveró que las conclusiones del tercer informe de la Misión de Determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela ratifica las denuncias de la legítima Asamblea Nacional (AN) respecto a la “extrema gravedad” de la violación de los derechos humanos en el país y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Veloz afirmó que reciben con beneplácito este informe y aseguró que será difundido en forma masiva con el objetivo de "hacer ver" al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, la veracidad de la información y “proceda a enjuiciar a los responsables de esos crímenes, en esa máxima instancia de la justicia mundial”.

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El debate sobre el tema se dio en la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la AN, donde el también diputado por Acción Democrática (AD), William Dávila, propuso respaldar ante el Consejo de los DDHH de la ONU la prórroga por dos años del mandato de la Misión Determinación de los Hechos de la ONU.

Dávila argumentó que los “patrones de persecución no han cesado” y destacó que es la primera vez que se señala a Nicolás Maduro como la cabeza de la cadena de mando que instruye a los organismos de seguridad del Estado, específicamente Sebin y Dgcim, para perseguir a la disidencia.

Agregó que la Comisión de DDHH de la ONU pone en evidencia "el carácter criminal y el sistema de tortura de este régimen fascista, nazista, comunista”.

En tanto, la diputada por Proyecto Venezuela (PV), Deyalitza Aray, calificó de "contundente" el informe que constata el "talante criminal, violador y sistemático de los DDHH en Venezuela, ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro" y recordó que desde el año 2019 la Asamblea Nacional legítima recaba y verifica información suministrada por familiares de las víctimas.

El diputado Juan Pablo García, del partido Vente Venezuela (VV), explicó que este tercer informe señala la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y su entorno y describe los actos aberrantes de los crímenes de lesa humanidad que han cometido los órganos de inteligencia del Estado y la violación de los derechos humanos en el Arco Minero, en el estado Bolívar.

Afirmó que este informe, “surtirá efectos legales ante la CPI” y consideró que las sanciones deben acentuarse “como estrategia de fuerza” para acabar con la dictadura.

En el debate sobre los resultados del informe de la Misión de la ONU, Yajaira Castro, diputada por el partido Primero Justicia (PJ), subrayó que el documento identifica con nombres y apellidos a los funcionarios responsables de haber cometido “actos de tortura, tratos crueles e inhumanos degradantes a sus víctimas” y determinó que los crímenes señalados pueden acarrear responsabilidad penal individual como lo estipula la Constitución.

Desde el exilio, Rosmit Mantilla, diputado por el partido Encuentro Ciudadano (EC), manifestó que en Venezuela, "nadie está exento" de sufrir persecución, encarcelamiento y tortura, reiterando que esta es una "política de Estado".

Recordó las injustas privativas de libertad y “secuestros” contra sus colegas parlamentarios Juan Requesens, Gilber Caro, Gilberto Sojo. De Igual manera, mencionó los casos de "los hermanos Guevara" (Rolando y Otoniel Guevara, acusados por el régimen del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en 2004) Iván Simonovis y el asesinato del exconcejal Fernando Albán. Ante esto, demandó justicia para todas las víctimas.

FUENTE: Nota de Prensa/Centro de Comunicación Nacional

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