CARACAS.- Oscar Pérez no pudo evadir el cerco policial, pero sí alcanzó a burlar el bloqueo mediático impuesto por el régimen de Nicolás Maduro. Los videos que el antiguo inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) logró transmitir antes de ser asesinado por las fuerzas del Estado el lunes 15 de enero, son utilizados ahora como pruebas para acusar al Gobierno venezolano de haber cometido una masacre.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil exigió al régimen impuesto en esa nación “una investigación independiente ante las graves violaciones de los derechos humanos”, que habrían ocurrido en el marco del operativo que se desarrolló en El Junquito, al noroeste de Caracas y culminó con la muerte de Pérez y otros seis rebeldes, así como de dos policías, uno de los cuales era jefe del “colectivo” –banda paramilitar chavista- Tres Raíces.
“Existe evidencia audiovisual, publicada en redes sociales, de que Oscar Pérez expresó a la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) su intención de entregarse a las autoridades. El Gobierno no garantizó las condiciones para una resolución pacífica a pesar de la voluntad manifestada por Pérez. El Estado estaba especialmente obligado a evitar un desenlace violento, cesar el fuego y asegurar el desarrollo de un procedimiento de entrega acorde con los derechos humanos”, sostienen las ONG a través de un comunicado.
Los videos difundidos por el propio Pérez, mientras resistía la embestida de los cuerpos represivos, lo muestran con el rostro ensangrentado y manifestando su voluntad de rendirse. Incluso, otra grabación registra una especie de negociación con el mayor de la GNB, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, quien se habría comprometido a llamar a funcionarios del Ministerio Público y periodistas para garantizar la integridad de los insurgentes.
Las ONG destacan que los cuerpos de seguridad utilizaron un lanzagranadas antitanque RPG-7 contra la vivienda donde se escondía Pérez, quien el 27 de junio de 2017 sobrevoló en un helicóptero el centro de Caracas y atacó las instalaciones del Ministerio de Interior y el Tribunal Supremo de Justicia, y el pasado 18 de diciembre comandó un asalto a un cuartel militar ubicado en Los Teques, estado Miranda.
La experta en temas militares, Rocío San Miguel, consideró que contra Pérez se desplegó un “procedimiento atípico al atribuírsele la primera responsabilidad a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y no a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a pesar de que realizaban un operativo contra personas calificadas por el Gobierno como ‘terroristas', y terminar en el desarrollo de la acción con un lanzagranadas antitanque RPG 7 ruso a cargo de fuerzas especiales de la FANB”.
San Miguel observó que “los presuntos ‘terroristas’ se encontraban en una zona aislada, con una sola vía de entrada y salida que no ponía en riego a personas ajenas a la situación, con lo cual luce desproporcionado el ataque mortal del que fueron objeto por parte del Estado”.
Las ONG resaltan que “el Estado no incorporó en el operativo a representantes de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público, los cuales debían desempeñarse como garantes del orden constitucional y de los derechos fundamentales de los involucrados. Por su parte, la PNB prescindió de las vías pacíficas y utilizó armas de guerra prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario en tiempo de paz, siendo responsable directo del desenlace violento que dejó [un saldo de] fallecidos y heridos”.
Casa donde se refugió Óscar Pérez
La casa donde se refugió Óscar Pérez fue atacada con un lanzagranadas antitanque RPG-7.
Nadie sabe
La opacidad en el manejo de este caso ha sido total. Como ya es costumbre, la televisión abierta no informó en directo sobre el operativo, aunque desde temprano el rumor corría como la pólvora en las redes sociales. Luego, un audio del ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, revelaba que Heyker Vásquez, cabecilla del “colectivo” Tres Raíces, había caído en medio del operativo, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reportó en Twitter que “el terrorista Oscar Pérez y su banda abrieron fuego contra la policía”.
En la tarde de ese lunes, en la presentación de su informe de gestión ante la Asamblea Constituyente, el presidente Nicolás Maduro se refirió al suceso, pero al igual que Bernal y Cabello evitó confirmar lo que ya a esa hora se daba como un hecho: el asesinato de Pérez. Al día siguiente, el titular de Interior, Néstor Reverol, por fin despejó la incógnita al anunciar oficialmente la muerte del exoficial de CICPC.
Las declaraciones de figuras como Bernal y Cabello, totalmente ajenas a los despachos de seguridad, así como “la ausencia de fiscales y defensores en el procedimiento y el uso de armas de guerra en deliberada omisión de las vías pacíficas”, son elementos que a juicio de las ONG demuestran que no se brindaron las “garantías para preservar la vida e integridad física de los involucrados y su derecho al debido proceso”.
“La irregularidad del procedimiento y el contexto en que se llevó a cabo este operativo generan dudas razonables sobre la versión oficial que señala el asesinato de estos ciudadanos como consecuencia de un ‘enfrentamiento’, al considerar la ausencia de garantías mínimas por partes de las instancias estatales para la resolución pacífica de la situación”, subrayan los representantes de la sociedad civil.
La Asamblea Nacional designó una comisión especial, presidida por la diputada Delsa Solórzano, para investigar la matanza. “Vimos a un grupo de ciudadanos que se estaba rindiendo y a pesar de eso, fue masacrado. Si usted se está rindiendo, no hay necesidad de que lo maten y es eso lo que investigaremos. Podríamos estar frente a una posible ejecución extrajudicial prohibida por la Constitución”, alertó Solórzano.
Al cierre de esta nota, y según denuncias de familiares y del diputado Winston Flores, existe la intención de cremar el cuerpo de Pérez y sus compañeros abatidos. Las leyes venezolanas establecen explícitamente que no se puede cremar un cadáver que es objeto de investigaciones penales.
