MADRID.- El directivo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que fue imputado en la causa contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, 24 horas antes de aparecer muerto, que el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, despachaba directamente con el diplomático español.

En esa declaración ante el juez el 19 de julio de 2019, que consta en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, Juan Carlos Márquez Cabrera ofrecía plena colaboración con la justicia y quedó en libertad con cargos, con retirada de pasaporte y obligación de firmar semanalmente.

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Durante el interrogatorio de la fiscal del caso, Márquez señaló que trabajó en PDVSA de 2007 a 2012 aproximadamente, y reconoció que el hijo del diplomático, el también imputado Alejo Morodo, fue "un par de veces" a su oficina por instrucción del ministro y presidente de la petrolera.

"Vino con la finalidad de que yo suscribiera un contrato de asesoría con él. El señor Ramírez me dijo que me reuniera con Alejo Morodo porque nos iba a asesorar con temas europeos de Portugal y España", recordaba Márquez, para luego añadir que el monto del contrato y su aprobación era cometido del presidente de la petrolera directamente.

Según defendía, él sólo se encargó de firmar el contrato, siempre con autorización de Ramírez, y apostillaba que la colaboración de la petrolera con la empresa de Morodo continuó tras su salida de la misma. Se da la circunstancia de que la entrada de Márquez en PDVSA (2007 aproximadamente) coincide en el tiempo con el fin del mandato como embajador de Raúl Morodo (2004-2007).

Esta comparecencia se producía en el marco del conocido como 'caso Morodo'. El que fuera embajador de España en Venezuela y su círculo familiar más íntimo recibieron supuestamente entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes de PDVSA. Las diligencias efectuadas apuntan a que esos fondos "carecen de justificación real y lógica comercial".

Márquez afirmó ante Pedraz no conocer personalmente a Raúl Morodo y no tener relación laboral con él, pero reconoció que sí le vio en las oficinas de PDVSA donde se reunía "directamente" con Ramírez. Además, apuntaba que nunca supo qué trabajos de asesoría hizo Alejo Morodo porque "rendía cuentas directamente a la presidencia de PDVSA".

De esta forma, el que fuera alto cargo de la petrolera pública -se encargaba de levantar acta de las juntas directivas y cobraba "15.000 dólares mensuales"- descargaba en el que fuera ministro y presidente de la petrolera la responsabilidad de los contratos y los pagos a las empresas vinculadas con la trama.

Había para todos

Sin embargo, las diligencias practicadas apuntan a que Juan Carlos Márquez y su socio Carlos Adolfo Prada también se beneficiaron de las fondos de PDVSA a través de las empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL. Si bien durante su declaración Márquez negó tener relación alguna con esas dos mercantiles.

La querella de Fiscalía Anticorrupción de enero de 2019 señalaba que los hechos investigados podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

En el caso Morodo se investiga, además de al que fuera embajador en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre -quien fuera esposa de Márquez-, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

FUENTE: Con información de Europa Press

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