El tribunal de Terrorismo que procesa a la activista de derechos humanos fijó para el 11 de febrero de 2025 y sin razón el acto que la ley prevé en 15 días
Rocío San Miguel, nueva presa política en Venezuela.
Cortesía Control CiudadanoCARACAS.- La activista de derechos humanos Rocío San Miguel, una de los presos políticos emblemáticos del régimen de Venezuela, debe esperar dos meses más por la audiencia pública y oral en la que el tribunal decide si la enjuicia por terrorismo, entre otros delitos graves, junto a otros procesados.
Este miércoles 18 de diciembre, el juzgado decidió diferir para el 11 de febrero de 2025, por segunda vez, el acto que debe realizarse en un término aproximado de 15 días, según la ley, lo que es contrario al Código Orgánico Procesal Penal y profundiza la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso de San Miguel.
La activista y especialista en temas militares fue detenida arbitrariamente, junto a su hija, por agentes del régimen, el 9 de febrero en la noche cuando se disponía a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
Tras casi una semana sin conocerse su paradero, San Miguel fue imputada por terrorismo, junto a su expareja Alejandro González, en una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro, en un proceso lleno de irregularidades y violaciones de sus derechos. Entre ellos, no permitirles la designación de abogados particulares para ejercer su derecho a desvirtuar los cargos y a la defensa, de acuerdo con denuncias.
El abogado Juan Luis González Taguaruco, asesor en el proceso, informó que la audiencia de San Miguel y de su expareja había sido fijada para la 1:00 pm en el Palacio de Justicia, donde familiares y allegados esperaban el traslado de la abogada y de otros procesados por el caso.
A algunos de estos se les fijó audiencia en horas distintas, a pesar de ser el mismo caso.
Pero, pasadas las 4:00 pm de la tarde se les informó el diferimiento de la audiencia, con el argumento de que no fueron trasladados los detenidos, pero sin dar motivos.
Se desconoce si los defensores públicos estaba presentes para el acto.
“No se impulsó la designación de la defensa técnica de ninguna de las personas detenidas”, dijo González, quien afirmó que el tribunal de Terrorismo actuó en contravención a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal que dispone que el juicio no tendrá lugar ni antes de cinco días hábiles, ni después de 10.
“En este caso, tras ser diferida la audiencia de juicio y fijada su celebración la primera vez más de un mes, y ahora casi dos meses más tarde, se constituye una violación a la ley que no fue denunciada por la defensa pública antes, y seguramente no lo será ahora, contribuyendo así al retardo procesal”, explicó el abogado en una escueta declaración.
El 10 de diciembre pasado, San Miguel fue mostrada al público por primera vez en 10 meses de su encarcelamiento, en una fotografía en la que recibía atención médica a la fractura de hombro que padecía desde hace cuatro meses, cuando tuvo una caída en la sede del SEBIN, donde está recluida, pero que no fue atendida oportunamente.
Se conoció que la abogada sigue “en evaluaciones”, sin ser operada.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) pidió otorgar de forma urgente una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias a San Miguel, a través de sus redes sociales.
FUENTE: Con información de redes, Redacción DLA
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