MIAMI.- Un estudio realizado por el grupo de aseguradoras Insurance Information Institute predice que las tasas de seguro podrían aumentar en Florida tanto como 40% en el transcurso del año 2023.
La salida de varias aseguradoras del mercado de Florida y el alto costo del huracán Ian, que golpeó la costa oeste del estado a finales de septiembre y suma unos 60.000 millones de dólares en pérdidas materiales, son los aparentes causantes directos del pronosticado aumento, según el informe.
De hecho, United Property & Casualty Insurance Co., con sede en Tampa, fue la séptima aseguradora privada en proclamar insolvencia en Florida.
De las aproximadamente 135.000 pólizas que ostentaba la aseguradora, se estima que aún hay unas 20.000 reclamaciones pendientes por daños causados durante el paso del huracán Ian.
Por otra parte, Citizens Property Insurance Corp., respaldada por el estado, continúa en parte absorbiendo los clientes que pierden sus pólizas de aseguradoras privadas y se prevé que supere los dos millones de pólizas en 2023.
Acorde con el informe, los floridanos pagan actualmente una media de 4.231 dólares por su seguro de vivienda, que es casi el triple de la tasa nacional de 1.544 dólares.
El año pasado, las tarifas aumentaron entre 15 y 33%, en comparación con el aumento de la tasa nacional del 9%.
De hecho, el pasado mes de mayo el Congreso estatal de Florida, en sesión extraordinaria, adoptó la ley CS/SB 2-D: Property Insurance que establece una serie de medidas que esperan funcione en un plazo de 18 meses, según anticipó entonces el promotor de la medida, el senador republicano de Bradenton Jim Boyd.
Básicamente, la nueva ley trata de estabilizar el mercado de seguros y contrarrestar el efecto de los gastos extraordinarios que ocasionan las reclamaciones infundadas de techos y costosas demandas, que las aseguradoras aseguran afectan el mercado.
Sin embargo, las tarifas seguirán subiendo según el informe Insurance Information Institute.
Más tarde, en diciembre, también en sesión especial, el Congreso estatal adoptó otra medida extraordinaria, la SB 2-A: Property Insurance, para básicamente añadir 1.000 millones de dólares al fondo de reaseguro, reducir los costos de litigios y obligar a clientes de Citizens a tener cobertura adicional para inundaciones e incluso aceptar ofertas de seguro cuyo precio no exceda el 20%.
Así mismo, la nueva norma cesa la responsabilidad de pagar honorarios a los abogados que ganen casos y aumenta la supervisión estatal a las aseguradoras tras el paso de un huracán.
En realidad, una de las prioridades del Gobierno estatal es atender el fraude que, unido al aumento del costo de la construcción, la vivienda, la percepción financiera de firmas privadas y los gastos causados por huracanes, genera el alza de tarifas y la disponibilidad de aseguradoras.
“Es muy probable que el Congreso estatal tenga que tomar otras medidas para incentivar el mercado de seguros, y muy pronto. Combatir el fraude no es suficiente”, apuntó Mario Moreno, presidente de Access Insurance, en Miami.
