Cuando el petróleo tiene sabor a soberanía

El petróleo le está jugando otra vez una mala pasada a la economía y a la política de Venezuela, pero esta vez es en serio, pues aunque los cálculos de la administración Obama indican que, al menos hasta el 2040, el 80% del consumo de energía de Estados Unidos seguirá dependiendo del crudo, si el barril se mantiene a 30 dólares, podría sacar pronto del juego a la revolución bolivariana.

Y es que cuando al Gobierno se le agota el dinero, hay que definir las prioridades, y en este caso la alternativa está entre pagar o comer.

Para sorpresa de todos, el presidente Nicolás Maduro espera aguantar lo suficiente hasta la llegada de unos precios más favorables a su balanza, y ha reiterado su compromiso inquebrantable de continuar honrando sus deudas, a costa de sacrificar las importaciones de comida o medicinas y poniendo en riesgo el bienestar de los venezolanos. Sin embargo, para los acreedores internacionales, con excepción de Rusia y China, no es la voluntad sino la capacidad lo que está en duda.

Con una caída de precios de más del 70% en menos de dos años, por exceso de producción, es “imposible predecir el comportamiento del mercado”, ha dicho Jack Gerard, presidente del American Petroleum Institute, y según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), este desplome del valor no es igual al de los ciclos previos de auge y caída del hidrocarburo, porque una eventual recuperación a futuro estará, de ahora en adelante, a merced del enfrentamiento entre Estados Unidos y la OPEP por la producción del petróleo de esquistos.

Con este panorama en puertas, el superávit fiscal que disfrutaba la Venezuela de anteayer se ha convertido en una pesadilla de liquidez apremiante que dispara la pregunta ¿cuándo se producirá el default?, algo que los más optimistas anuncian a más tardar el próximo año, si se pasa la siguiente prueba de resistencia en octubre.

El default o incumplimiento de pago se produce cuando una entidad o un estado, no cuenta con el dinero en efectivo para hacerle frente a sus compromisos financieros. O bien llega a un acuerdo con sus fiadores bajo supervisión externa o por el contrario, no cancela su deuda. El default no es insolvencia, sólo es falta de liquidez porque el deudor está en posesión de activos.

La clave aquí sigue siendo la estatal de petróleos PDVSA, un objetivo muy apetecido por los acreedores, quienes siempre acarician la idea, no tan secreta, de ver revertir nacionalizaciones en privatizaciones, aunque la joya de la corona venezolana continúa, por ahora, siendo un asunto de soberanía nacional.

En este juego de ganadores y perdedores, las calificadoras de riesgo aseguran que es poco probable que estos consignatarios de la deuda venezolana se sienten a negociar de bona fide con un gobierno, que ha levantado serias dudas sobre sus políticas financieras y su capacidad administrativa, lo que ha llevado al convencimiento de que un cambio político en el país, daría luz verde al restablecimiento de la confianza económica.

Las finanzas de Venezuela se pueden ajustar en 90 días, estabilizar en 18 meses y reactivar en 3 años, dice José González, un asesor financiero de Nueva York, pero sobre las bases del consenso que el Gobierno necesita, con la sociedad y sus instituciones, lo que al parecer traslada el desafío no a la economía sino al campo de la política.