WASHINGTON — Los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump desestimaron el lunes como una “disputa de almacenamiento” la retención de documentos supuestamente ultrasecretos del exmandatario en su residencia de Florida.
WASHINGTON — Los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump desestimaron el lunes como una “disputa de almacenamiento” la retención de documentos supuestamente ultrasecretos del exmandatario en su residencia de Florida.
Los letrados solicitaron a una jueza mantener una orden que suspende temporalmente algunos aspectos clave de una investigación que realiza el Departamento de Justicia.
La izquierda y la extrema izquierda con un visible dominio del ala azul en el Congreso intentan impugnar a toda costa en "un caso criminal" al expresidente, sobre todo desviar la atención de la debacle económica de la administración de Joe Biden y su impopularidad, a menos de dos meses de las elecciones de medio término.
El equipo legal de Trump también se refirió a los documentos recuperados como “supuestos registros confidenciales” y argumentó que los abogados [no coinciden] con las afirmaciones del Departamento de Justicia de que el FBI presuntamente encontrara información ultrasecreta durante el allanamiento del 8 de agosto en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.
Los abogados también aseguraron que no existe evidencia de que alguno de los registros haya sido revelado a alguna otra persona y dijeron que al menos algunos de los documentos pertenecen a Trump y no al Departamento de Justicia.
“La investigación sobre el 45to presidente de Estados Unidos es tanto sin precedentes como infundada”, escribieron los abogados. “En esencia es una disputa sobre almacenamiento de documentos que se ha salido de control, el gobierno busca [criminalizar injustamente la posesión del 45to presidente de sus propios registros presidenciales y personales]”.
El documento de 21 páginas pone en evidencia los significativos desacuerdos legales y de hechos entre los abogados de Trump y el gobierno federal en momentos en que el Departamento de Justicia busca avanzar en su investigación penal sobre la [presunta retención ilegal] de información de defensa nacional en Mar-a-Lago y una posible obstrucción de dicha pesquisa.
Un revés para el Departamento de Justicia
La investigación se topó con un obstáculo la semana pasada cuando la jueza de distrito Aileen Cannon concedió la solicitud que presentaron los abogados de Trump para designar un árbitro independiente para que revise los registros recuperados y prohibió por el momento que el departamento examine los documentos con fines investigativos.
El Departamento de Justicia ha solicitado a la jueza levantar esta suspensión y dijo que impugnaría su fallo ante un tribunal federal de apelaciones.
El exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) “no encontró lo que buscaba” en el allanamiento el mes pasado en la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.
“Fui fiscal federal, fiscal de los Estados Unidos. Déjame decirte de qué se trata esto. Los buenos fiscales con buenos casos hacen las cosas bien. No necesitan jugar”, dijo Ratcliffe a Fox News el miércoles, refiriéndose a los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ).
“No necesitan comprar jueces, no necesitan filtrar inteligencia que puede o no existir”. Debido a los argumentos del Departamento de Justicia en contra de que Trump designe a un maestro especial para revisar documentos supuestamente clasificados, “confirma que el gobierno no encontró lo que buscaba”, comentó Ratcliffe.
“No había secretos nucleares” guardados en Mar-a-Lago, agregó, “y tratan ahora de justificar lo que hicieron. Tampoco le están diciendo la verdad directamente al pueblo estadounidense. Y creo que eso se conocerá finalmente”.
Lo que sí es evidente cada vez más son las intenciones partidistas de condenar judicialmente al expresidente Trump e invalidarlo para que no pueda lanzarse a las elecciones de 2024. Y los argumentos que expone la prensa asociada directamente a los designios de la izquierda, quedan siempre en una gran nebulosa para confundir.
La extrema izquierda en control de los demócratas en el Congreso y en la Casa Blanca no se sabe ya qué razones crear para desactivar el comprobado liderazgo de Trump de cara a los comicios legislativos de noviembre de este año, cuyos resultados deben favorecer ampliamente a los republicanos para retomar el control del Senado y de la Cámara de Representantes.
No les basta a los llamados "demócratas" con el [insólito y bochornoso allanamiento] a la residencia del expresidente Trump, algo que sí debió ocurrir con motivos suficientes en el caso de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y su escándalo de emails escondidos y luego borrados, mediante un servidor en su propia residencia.
En absoluto silencia se mantienen los oscuros secretos de la familia Biden, en especial su hijo Hunter Biden y las alarmantes revelaciones de su laptop, de la cual en un principio el FBI negó su existencia y tiempo después confirmara lo contrario.
Ambas investigaciones parecen navegar en la galaxia, junto a la [trama inventada sobre Rusia] para encauzar al líder republicano o la [persecución ilegal de Barack Obama y el exdirector del FBI, James Comey,] contra un Presidente elegido democráticamente por la mayoría y en posesión del cargo.
El expresidente Trump alega en una reciente demanda que lo "acusaron falsamente de colusión con Rusia" antes de las elecciones de 2016 e intentar manipular los comicios cuando se inventaron una campaña de desinformación y descrédito. En ese entonces, Trump fue vinculado a una supuesta injerencia de Rusia en aquella cita.
Basándose en dos pesquisas exhaustivas de los fiscales especiales Robert Mueller y John Durham, la demanda acusa directamente a Hillary Clinton, asesores de su campaña y los jefes del FBI y de la CIA en ese momento. También a otros altos cargos del gobierno de Barack Obama y Joe Biden, incluso a ambos.
El representante Michael Turner (R-Ohio) dijo el 13 de febrero que la investigación de Durham descubrió un “nuevo nivel de corrupción” que plantea preocupaciones “graves”. “Quiero decir, esta es una seria amenaza para nuestra democracia”, dijo Turner a “Sunday Morning Futures” de Fox News.
“Realmente no importa qué campaña política sea o qué partido político sea. Esto está tan mal y las acusaciones de tal nivel de actividad ilegal son tan expresas contra nuestro propio gobierno que se debe encontrar la verdad", expuso.
"En la carrera a las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton y sus secuaces orquestaron una trama impensable que sacude la conciencia, la credibilidad del gobierno federal y es una afrenta a la democracia de la nación", argumenta la demanda presentada en un tribunal federal en Florida.
"Actuando en conjunto, los acusados conspiraron de forma maliciosa y malintencionada para tejer una falsa narrativa de que su oponente republicano, Donald J. Trump, estaba coludido con una soberanía extranjera hostil", sostiene el texto.
"Trabajaron juntos con un único e interesado propósito: vilipendiar a Donald J. Trump", añade la denuncia, destacando acciones llevadas a cabo como "falsificar pruebas, engañar a las fuerzas del orden y explotar el acceso a fuentes de datos altamente sensibles".
Además de Clinton, otros acusados nombrados incluyen a John Podesta del Comité Nacional Demócrata, que fue presidente de la campaña presidencial de Clinton en 2016, y el exdirector del FBI, James Comey.
Trump busca un juicio con jurado y al menos 72 millones de dólares por daños y perjuicios.
Desesperado, el bando azul busca elementos que reviertan la histórica desaprobación de la gestión presidencial de Biden y sus nefasta política económica de cambio climático, despilfarro de dinero e intereses internacionales, que han llevado al país a la recesión y a la peor inflación en casi 50 años. En concreto, buscan desviar la atención de los graves problemas que sufre la gran mayoría de los estadounidenses causados por la administración Biden.
Desde la redada del 8 de agosto en Mar-a-Lago, ni el DOJ ni el FBI han revelado qué materiales estaban tratando de encontrar los agentes. Una declaración jurada muy editada que se utilizó para obtener la orden de registro proporcionó cero detalles. Sin embargo, los fiscales creían que había supuestamente [documentos ultrasecretos] en la residencia de Trump en Florida.
El expresidente y algunos exasesores de la Casa Blanca afirman que Trump [tenía una orden permanente para desclasificar cualquier material que saliera de la Oficina Oval y fuera llevado a Mar-a-Lago].
Los abogados de Trump han desestimado las afirmaciones del gobierno en una presentación sobre el descubrimiento de material supuestamente clasificado dentro de su casa y acusaron al Departamento de Justicia de intensificar la situación, incluso después de que entregó cajas de documentos a los Archivos Nacionales y permitió que los agentes del FBI en junio “ir a su casa y brindarle consejos de seguridad”.
FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.