Queda por ver si el nuevo presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, al frente de los republicanos, hace concesiones al estilo McCarthy, quien fue destituido por el ala más exigente del Partido el 3 de octubre, frente al desastre económico y político de la administración Biden.
Johnson, un consagrado religioso, tiene escasos adversarios en el Partido y cuenta con el respaldo del presidente 45 de Estados Unidos Donald Trump. El abogado de 51 años y gran defensor de los valores conservadores "tradicionales", obtuvo 220 votos, tres por encima de los 217 que necesitaba.
Su elección fue recibida con vítores y una gran ovación en pie de todos los miembros del Partido Republicano, visiblemente aliviados de encontrar finalmente a un líder capaz de aglutinar a las diferentes facciones de pensamiento.
Resulta poco probable que Johnson cometa los mismos errores que McCarthy, así que no es una buena noticia para las políticas desacertadas y partidistas del gobierno de Joe Biden.
Caos migratorio, el gran pretexto
La idea surgió a finales del mes pasado, después de que la ayuda a Ucrania fuera eliminada de una medida provisional para mantener el gobierno en funcionamiento, debido a la creciente resistencia republicana a seguir financiando la guerra.
Muchas cosas han cambiado desde el 30 de septiembre: la Cámara de Representantes perdió a su presidente y los republicanos buscaron con excesiva precisión al sustituto de McCarthy.
El ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre ha provocado una petición de fondos mucho mayor por parte de Washington.
La Casa Blanca incluyó ahora 14.000 millones de dólares para la frontera en un nuevo paquete de gastos de 106.000 millones de dólares que Biden envió al Congreso. La nueva estrategia de chantaje será muy difícil que aplaque a los conservadores que se resisten a continuar el despilfarro de dinero de los contribuyentes estadounidenses.
“La frontera nunca ha sido una cuestión de dinero”, dijo el representante republicano Dan Crenshaw. “Siempre ha sido una cuestión política. Así que tenemos que someterlo a una discusión profunda, ir a la Casa Blanca y resolverlo”.
El conflicto en Oriente Medio ha alejado parte de la atención de la grave situación migratoria y de seguridad nacional generada intencionalmente por el gobierno de Biden en la frontera entre Estados Unidos y México. Y la solución no la quieren ejecutar porque sería otro de los grandes fiascos de las políticas del actual gobierno.
Más dinero de los contribuyentes
Los gobernantes demócratas, tanto a nivel estatal como local, piden ayuda federal para atender a las familias inmigrantes que viven en albergues miserables y duermen en comisarías.
Los republicanos, por su parte, critican duramente las políticas fronterizas de Biden por considerarlas desacertadas e irresponsables, con el único objetivo de promover una mayor crisis con el propósito de presionar al Congreso para aprobar una reforma a las leyes que regulan la inmigración en décadas.
Cada vez hay más migrantes en la frontera sur —los arrestos por los cruces ilegales allí se incrementaron 21% el mes pasado, a 218.763—, y Biden ha afirmado reiteradamente que el Congreso debe actuar para corregir las leyes de inmigración.
Ahora el gobierno intenta persuadir a los votantes de que la Casa Blanca trabaja para favorecer a los inmigrantes, cuando el número de deportaciones crece cada mes casi a la par de las entradas ilegales.
La solicitud de financiamiento es un intento no sólo para manejar el elevado volumen de personas que cruzan la frontera con México, sino también para hacer frente al creciente número de migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, a la espera de que se emita un fallo sobre su caso.
La propuesta de la Casa Blanca incluye 1.600 millones de dólares para contratar a 1.600 funcionarios de asilo y empleados que procesen casos, lo que podría duplicar el número de personas que trabajan actulmente, según afirma el gobierno.
La Casa Blanca quiere también asignar 1.400 millones de dólares para añadir 375 jueces de inmigración y sus equipos, y otros fondos adicionales supuestamente para contratar a otros 1.300 agentes fronterizos.
Hay 4.400 millones de dólares asignados a las labores del Departamento de Seguridad Nacional, lo que incluye incrementar el financiamiento para las instalaciones de detención, mientras el gobierno trabaja para deportar rápidamente a las personas que no cumplen con los requisitos para concederles asilo. Es decir, un río de gastos adicionales fomentados por el actual gobierno demócrata y de extrema izquierda.
No obstante, la petición no se compara con los más de 150.000 millones de dólares que ha recibido Ucrania de parte de Whashington, tanto en armamento como en fondos directos. Tampoco comparado con los fondos que ha destinado esta administración para repartir a los gobiernos de diversas regiones en agendas globalistas y para decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por todo el planeta, sin contar las organizaciones internacionales, entre ellas la organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF y muchas otras en una extensa lista.
Ciudades y estados "Santuarios" al borde del colapso
En cuanto a inmigración, la solicitud de dinero es un “reconocimiento tácito del retraso y el desorden que existen en el procesamiento de los casos”, dijo Colleen Putzel, analista adjunta de políticas en el Instituto de Políticas Migratorias, un centro de investigación sobre inmigración.
Adicionalmente se han solicitado 1.300 millones de dólares para centros regionales para migrantes fuera de Estados Unidos, una medida aplicada por el gobierno del presidente Donald Trump -muy criticada por los demócratas y el propio Biden- que ahora copia su gobierno con el propósito de que las personas que soliciten asilo lo hagan desde sus países y evitar que crucen como legiones humanas por la selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá.
La petición también incluye 1.400 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y locales (la gran mayoría demócratas) a proporcionar albergue y servicios para los migrantes, luego de ruegos de parte de alcaldes y gobernadores demócratas que desean más apoyo para atender a los migrantes recién llegados.
Sólo la ciudad de Nueva York prevé gastar más de 5.000 millones de dólares en el tema para fin del año presupuestal. Más de 130.600 solicitantes de asilo han pasado a través del sistema de recepción de la ciudad desde 2022, y ha habido críticas por las condiciones en las que viven los ilegales.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, viajó a México para rogarle a las personas que aspiran a emigrar a que no vayan. El demócrata ha acusado al gobierno de Biden de no proporcionar dinero suficiente ni recursos para que la ciudad procese las solicitudes de los migrantes. En una entrevista a la prensa Adams dijo: “El presidente y la Casa Blanca le han fallado a la ciudad de Nueva York”.
En Chicago, el Aeropuerto Internacional O'Hare alberga ahora a cientos de migrantes, desde bebés hasta ancianos, en un centro para autobuses de enlace. Duermen sobre cartones en el piso y comparten los baños del aeropuerto.
“El gobernador ha hablado claramente acerca de la necesidad urgente del estado de recibir recursos federales adicionales para atender esta crisis”, dijo Alex Gough, en declaraciones en nombre del gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker.
“Aunque albergamos esperanzas de que el gobierno de Biden podrá tomar más acciones, la asignación de cualquier financiamiento nuevo requeriría el voto de los republicanos de la Cámara de Representantes”.
Una de las razones por la que fue destituido el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, fue precisamente el tema migratorio y todo lo que ha causado en daños al país.
El reto de Johnson es no ceder ni hacer concesiones a la doble moral política de Joe Biden sobre este tema, creado por él y su Partido con oídos sordos desde que llegó a la Presidencia y alentó la inmigración ilegal y masiva en la frontera sur.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, otra demócrata, dijo que el dinero “se requiere urgentemente para estados como Massachusetts que experimentan un incremento histórico en la llegada de migrantes”.
Ahora los llamados estados y ciudades "Santuarios" reclaman desesperadamente la ayuda de la administración Biden antes de que sus servicios públicos colapsen, lo que demuestra una vez más el desorden y la falta de estrategias del actual gobierno que actúa por populista y sin ningún plan real antes de propiciar crisis como esta.
Se desconoce cómo podrán aprobarse estas propuestas de gastos.
Mike Johnson y los republicanos
Los republicanos ya rechazaron que los fondos se usen para ayudar a personas que se encuentran dentro de Estados Unidos, en lugar de frenar el flujo atropellado por la frontera. Un grupo de senadores republicanos se reunió la semana pasada para examinar propuestas que sí respaldarían.
Luego de una reunión secreta con funcionarios gubernamentales, el senador republicano Kevin Cramer dijo que respaldaría el envío de dinero a Israel y a Ucrania, siempre que se incluya un componente verdadero para reforzar con firmeza la seguridad en la frontera con México. “Pero, especificó, tiene que estar pensado para incrementar la seguridad en la frontera, no para facilitar los viajes a través de la frontera”.
El senador demócrata Chris Murphy, que encabeza un panel del Senado que supervisa el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, se mostró renuente a mezclar cualquier iniciativa de reestructurar la política fronteriza con un debate sobre el gasto.
Las soluciones a los problemas creados por el gobierno de Biden junto a la guerra en Ucrania -en parte impulsada por Washington- y la guerra de Israel contra los terroristas de Hamás parecen alejarse en un Congreso bastante tirante acerca de temas claves. Por tal razón, los republicanos demoraron tanto para ponerse de acuerdo en un líder que más que hacer concesiones, obligue a la Casa Blanca a cambios drásticos en sus fallidas políticas de extrema izquierda.
[email protected]
FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes