viernes 14  de  junio 2024
INMIGRACIÓN

Caos migratorio en EEUU triplica factura para los contribuyentes

Cada deportación que hizo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con los fondos de los impuestos se elevó a un promedio de casi 11.000 dólares por persona
Por Leonardo Morales

MIAMI- Cuando el presidente Joe Biden concluya su primer o último mandato, en caso de que no salga reelecto, el costo directo e indirecto del caos en la frontera sur de Estados Unidos fomentado por la actual administración debe sobrepasar el billón de dólares.

Ahora, a la factura que desembolsa el gobierno federal con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, se le suman las deportaciones y fondos en ayudas a familias de indocumentados y los diferentes procesos de inmigración.

Según un nuevo análisis de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), hasta principios de 2023, los contribuyentes en EEUU pagaron más de 182.000 millones de dólares cada año por los más de 15 millones de inmigrantes ilegales que viven en el país, sólo por ese concepto.

El Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) es una de las dos agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional que se encarga de las deportaciones. Uno de los principales trabajos de ICE es apresar a los inmigrantes indocumentados que han recibido la orden final de deportación o que no se han presentado a la agencia como se les ha solicitado.

El alto costo

Entre el 1ro de octubre de 2021 y 31 de agosto de 2022 llegaron a la frontera de EEUU más de 2.500,000 indocumentados. En este período, Inmigración repatrió y expulsó a 1.300.467 extranjeros a un costo superior a los 18.000 millones de dólares.

Cuando se desglosa la cifra, cada deportación que hizo ICE con los fondos de los impuestos se elevó a un promedio de casi 11.000 dólares por persona, dato en el que se incluye desde alojamiento y comida para un detenido hasta su entrega a las autoridades de su país de origen.

En muchas ciudades, condados y estados la policía local coordina la liberación de inmigrantes indocumentados con ICE, después de que son arrestados por determinados delitos menores. En el caso de cumplir penas de cárcel, los agentes de Inmigración los esperan a su salida para tomarlos en custodia.

Esto ayuda a reducir los costos explica Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración. Pero las estadísticas se triplican con la actual política de “puertas abiertas” fomentada por la administración Biden, desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

Tanto el equipo de 6 o 12 agentes federales que se envía en un operativo para arrestar a fugitivos como la investigación y seguimiento previos durante días o semanas lo hace un proceso muy costoso. La detención de los inmigrantes indocumentados es la parte más cara del proceso de deportación, ya que implica proporcionar alimentos, refugio, tratamiento médico y otras necesidades.

Gastos adicionales

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, ICE opera 112 instalaciones de detención en el país y trabaja de forma conjunta con 500 cárceles estatales y locales, así como recintos privados que custodian a quienes fueron definidos como “deportables”, indican los informes.

En el acomodamiento de familias con niños que cruzan ilegalmente la frontera sur de EEUU, ICE destinó 345 millones de dólares adicionales, debido al enorme incremento de los arribos, como señalan documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Mientras algunos inmigrantes indocumentados son detenidos por días, otros pueden esperar meses, o incluso años, antes de que se presenten ante un juez o sean retornados a su país de origen. Inmigración argumenta que no hay suficiente personal para enfrentar la avalancha de casos ni jueces que dictaminen y concluyan el proceso. Por estas razones, muchos inmigrantes ni siquiera se presentan ante un magistrado antes de ser deportados de EEUU.

Los inmigrantes indocumentados con órdenes previas de expulsión o que han sobrepasado la exención de visado pueden ser removidos sin oportunidad de discutir su caso ante un letrado de la Justicia, dijo Greg Chen, de American Immigration Lawyers Association (Asociación Americana de Abogados de Inmigración).

Como parte del alto costo se suma el de transportación cuando se trata de personas provenientes de otros países (no de México), que deben esperar en los centros de detención hasta que se coordine el traslado a sus países mediante operaciones aéreas en aviones fletados. Estas aeronaves pueden mover más de 130 deportados y la mayoría de los vuelos viajan al Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

"Los deportados chinos, por ejemplo deben viajar en una aerolínea estadounidense acompañados de dos agentes federales del U.S. Marshalls Service, que deben regresar, lo que aumenta el costo".

Imagen falsa

El gobierno de Biden se ha enfrascado en dar una imagen pro-inmigrantes que termina siendo falsa e hipócrita, después de que más del 70% de los inmigrantes que entran a EEUU de forma ilegal termina siendo expulsado por haber cometido delitos o infracciones en territorio estadounidense, poseer un récord criminal en sus países de origen o por simplemente no poder pagar los honorarios de un abogado de inmigración para la solicitud de asilo u otro trámite que les permita mantenerlos en Norteamérica. En casos muy específicos el gobierno puede asignar un abogado de oficio.

La otra cara de la moneda se encuentra en los estados fronterizos que utilizan gran parte de los fondos locales para frenar, perseguir y arrestar a traficantes de personas y de drogas (como el fentanilo) dentro de terreno americano, además de otros crímenes cometidos en las ciudades limítrofes.

Luego llega el impacto emocional de los inmigrantes que en el caso de mexicanos pagan unos 8.000 dólares como promedio a los “coyotes” o traficantes. Para los de otras nacionalidades la suma supera los 14.000 dólares por persona.

Después de todos los sacrificios, riesgos y la venta de todos sus bienes materiales, la mayoría de los indocumentados terminan en la deportación durante los primeros días de su arribo o meses o años después. Algunos ni llegan a territorio estadounidense tras enfrentarse a la rampante violencia, violaciones de niños y mujeres, asesinatos, enfermedades en las selvas y extorsiones.

En días recientes, la Corte Suprema en Washington le dio luz verde a Biden para que continuara con su política de deportaciones después de la entrada de casi 6 millones de inmigrantes al país hasta la fecha, y desde que se sentó en la Oficina Oval.

Los magistrados decidieron por ocho votos a favor y uno en contra que Texas y Louisiana, gobernados por republicanos, no tienen legitimidad para impugnar las reglas de inmigración de la Administración federal. Ambos estados pedían detener las masivas deportaciones, entre otras cosas, por el alto costo para los estadounidenses.

Estos estados también argumentaron que las pautas de Biden no llevarían a la detención de quienes hubiesen cometido delitos graves como tráfico de drogas, tráfico de personas o crímenes abyectos. Porque la política pedía que se sujetara a todos los inmigrantes al mismo “análisis de la totalidad de los hechos y circunstancias”, según los abogados demandantes.

El juez Brett Kavanaugh aclaró que el fallo no implica que en el futuro los estados no pueden presentar demandas en “casos que involucren la supuesta falla del Poder Ejecutivo en realizar más arrestos o iniciar más procesamientos”.

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