Por su parte, el cógido militar es bien estricto en ese sentido, al igual que los estatutos para miembros activos o no de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de EEUU.
La Constitución de EEUU y sus leyes delimitan e imponen reglas institucionales cuya aplicación correcta impide el libertinaje, sin coartar la libertad expresión ni los derechos individuales de denunciar y corregir lo que desde el punto de vista de una persona , grupo, movimiento u organización requiere reformas o su erradicación. Para eso hay múltiples vías, propuestas y el análisis de un Congreso federal.
Sin embargo y a pesar de este marco institucional, algunos se atribuyen el “derecho” de usar la democracia para irrespetar, violentar y destruir ese orden y estatidad. El objetivo casi siempre es fomentar el caos.
Este es el inédito caso de un video de seis congresistas demócratas radicales que llamaron de manera directa a los militares estadounidenses a desobedecer las órdenes del Presidente del país (Donald J. Trump), que también es -como lo dicta la Constitución- el Comandante en Jefe de todas las fuerzas que integran el Departamento de Defensa o de Guerra de EEUU.
LLamado a la desobediencia
En síntesis, llamaron públicamente a la insubordinación militar bajo el mando del presidente Donald J. Trump.
"En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa", declararon. Y añadieron: "Pueden negarse a acatar órdenes ilegales".
"Esto es realmente inaceptable y muy peligroso para nuestro país. Sus palabras no pueden permitirse. ¡¡¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO DE TRAIDORES!!! ", exclamó Trump en su red Truth Social.
El Comandante en Jefe del Ejército estadounidense declaró días después del video que los seis congresistas demócratas que instaron públicamente a los oficiales militares a rechazar "órdenes ilegales" de su gobierno "deberían estar en la cárcel".
"LOS TRAIDORES QUE DIJERON AL EJÉRCITO QUE DESOBEDECIERA MIS ÓRDENES DEBERÍAN ESTAR EN LA CÁRCEL AHORA MISMO, EN LUGAR DE MERODEAR POR LAS REDES DE NOTICIAS FALSAS PARA INTENTAR EXPLICAR QUE LO QUE DIJERON ESTABA BIEN", escribió Donald Trump en las redes sociales el sábado 22 de noviembre por la noche.
Además, afirmó que el mensaje de los demócratas constituye un caso de "SEDICIÓN AL MÁS ALTO NIVEL" y que "NO PUEDE HABER NINGUNA OTRA INTERPRETACIÓN DE LO QUE DIJERON".
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, criticó también de forma contundente el video, y declaró que se trataba de un llamamiento abierto al personal militar a "rebelarse contra su comandante en jefe".
Entre los Congresistas que hicieron la exhortación se encuentran el senador Mark Kelly, expiloto de combate de la Fuerza Aérea y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, quien sirvió con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Irak.
Además de Kelly y Slotkin, los representantes federales Chris Deluzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow completan el grupo que realizó el video. Todos tienen experiencia previa en las fuerzas armadas o en inteligencia.
Una exhortación de esta índole, aunque sean exmilitares o exfuncionarios de inteligencia, equivale a enfrentarse automáticamente a la Justicia y muy probablemente a una Corte Marcial (militar). Este llamado es considerado un delito grave de insubordinación al mando superior y de traición al país, que implicaría una condena severa.
Se abre investigación
El Departamento de Defensa estadounidense anunció la apertura de una investigación contra el senador demócrata Mark Kelly y evalúa someter a este expiloto de la Marina a una Corte Marcial por haber llamado a militares a desobedecer el mando del país.
Kelly, senador por Arizona desde 2020, sirvió en la Marina estadounidense como piloto de combate, antes de convertirse en astronauta y piloto de transbordador espacial.
La medida marca el comienzo de un proceso contra los seis congresistas demócratas que se atrevieron a desafiar el mando de Comandante en Jefe de Trump.
En un comunicado publicado el lunes 24 de noviembre en X, el Pentágono dijo que recibió "graves acusaciones" sobre la conducta del "capitán Mark Kelly, retirado de la Marina de Estados Unidos" y astronauta de la NASA.
"Un examen minucioso de esas acusaciones se inició para determinar las acciones adicionales a tomar", indicó la nota de prensa.
Una posibilidad que se evalúa es llamarlo a "servicio activo para un procedimiento de Corte Marcial u otras medidas drásticas", precisa el comunicado.
"Este asunto se manejará conforme a la ley militar, garantizando el debido proceso y la imparcialidad. Se limitarán los comentarios oficiales posteriores para preservar la integridad del proceso".
"El Departamento de Guerra enfatiza a todas las personas que los militares retirados siguen sujetos al Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) por los delitos aplicables, y que las leyes federales, como el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2387, prohíben las acciones que pretendan interferir con la lealtad, la moral, el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas. Cualquier infracción se abordará a través de los canales legales correspondientes", señala el texto.
“Se recuerda a todos los militares que, según el UCMJ, tienen la obligación legal de obedecer las órdenes legítimas. La filosofía personal de un militar no justifica ni excusa la desobediencia de una orden que es legítima y proveniente del alto mando (Comandante en Jefe).
El legado de guerra de Obama
Resulta que hasta las acciones militares de Estados Unidos, dirigidas por Trump como Comandante en Jefe y como han hecho en su gestión todos los presidentes de la nación por la seguridad nacional, incluidos los demócratas, es también objeto de escrutinio de los nuevos demócratas bajo una plataforma de extrema izquierda o "progresista".
“El legado de Obama: ocho años de guerra continua”. Así tituló The New York Times un artículo en mayo de 2016, ocho meses antes de dejar la Casa Blanca.
El tema pasó desapercibido para la izquierda, sin quejas ni lamentos. Obama se convirtió en el primer presidente en la historia de EEUU en ejercer su mandato de ocho años con el país envuelto en guerras.
Obama abrió cinco nuevos frentes de conflictos bélicos durante su período en la Casa Blanca y continuó con las guerras de Irak y Afganistán. Ordenó cientos de incursiones militares y la intervención en enfrentamientos armados de mediana y gran escala en Libia, Siria, Yemen y Somalia.
Obama recibió el Premio Nobel de la Paz en 2009.
Trump es -con marcada diferencia respecto al resto de sus predecesores- el mandatario estadounidense que más guerras ha frenado en el mundo en tan sólo nueve meses de mandato, con 8 importantes acuerdos de paz firmados.
En el video, los seis legisladores demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado sostienen que el gobierno de Donald Trump "está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia uniformados contra los ciudadanos estadounidenses".
La referencia se atribuye al envío por parte de Trump de tropas de la Guardia Nacional a Washington y Los Ángeles para sofocar los levantamientos de extrema violencia impulsados por grupos radicales de izquierda y congresistas de la misma idelología como Ihan Omar, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren y otros.
El despliegue dirigido por Washington en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela forma parte crucial de las críticas de la extrema izquierda y de activistas “progresistas” o “wokistas”.
Demócratas opuestos al combate del narcotráfico
Trump lleva a cabo el mayor operativo contra el narcotráfico en Centroamérica por recomendación de asesores y del Departamento de Estado que dirige el cubanoamericano, Marco Rubio, quien conoce en detalles cómo operan los carteles del narcotráfico en la región y cómo financian a regímenes socialistas como el de Nicolás Maduro en Venezuela y Gustavo Petro en Colombia.
Entre las grandes promesas del presidente Trump se encuentra detener el mortal flujo de fentanilo que en el 2024 causó la muerte a más de 50.000 personas, la mayoría adolescentes y jóvenes por debajo de los 35 años de edad.
El resguardo de la seguridad nacional del país, tanto de agentes externos o internos, representa en estos momentos -como debió ser hace cuatro años atrás- la prioridad uno de la Casa Blanca.
Durante órdenes ejecutivas, el líder republicano ha decretado a grupos extremistas internos y externos, y bandas del crimen organizado, como terroristas, lo que permite al gobierno estadounidense y al Presidente actuar en correspondencia con la defensa de la nación.
Entre estos grupos designados como “Organizaciones Terroristas Extranjeras” aparecen el llamado Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana, Cartel Jalisco Nueva Generación, Mara Salvatrucha (MS-13) y otros. En total son 13 organizaciones criminales que ahora se encuentran bajo esta denominación.
Dentro de Estados Unidos, el grupo radical de izquierda y pro-Hamás, Antifa, fue catalogado de forma oficial por la administración Trump como “Organización Terrorista Interna”.
El Departamento de Estado, dirigido por Rubio, indica que “estas designaciones de ‘Organizaciones Terroristas Extranjeras e Internas’ facilitan las acciones policiales y de diversas agencias de EEUU y otros gobiernos”.
Terroristas y la seguridad nacional
Trump acaba de firmar una orden ejecutiva en la que abre el proceso para la designar también como organización terrorista a "ciertas facciones" de la organización islamista internacional ‘Hermanos Musulmanes ’ y menciona directamente a las filiales del grupo en Líbano, Jordania y Egipto.
"Este decreto pone en marcha un proceso por el que ciertas facciones o subdivisiones de ‘Hermanos Musulmanes’ deben ser consideradas como ‘Organizaciones Terroristas Extranjeras’ (...) y terroristas globales de designación especial", recoge el documento firmado por Trump en la Oficina Oval.
Estas ramas están acusadas por Washington de "participar o facilitar y apoyar campañas de violencia y desestabilización que dañan a sus propias regiones, a ciudadanos de Estados Unidos y los intereses de Norteamérica".
Así, hace hincapié en el grupo radicado en Líbano por "sumarse a Hamás, Hezbolá y las facciones palestinas" en el lanzamiento de ataques "contra objetivos civiles y militares dentro de Israel" tras el ataque del grupo terrorista Hamás en suelo israelí del 7 de octubre de 2023 con un saldo de más de 1.200 muertos,, decenas de heridos y 251 rehenes que mantuvieron en su poder durante más de dos años. Varias decenas de las personas secuestradas murieron bajo el poder de Hamás.
Ese trágico día, "un jefe de la fracción egipcia de “Hermanos Musulmanes” llamó a ejecutar ataques violentos contra socios de Estados Unidos y sus intereses", según la orden ejecutiva; mientras que dirigentes de “Hermanos Musulmanes” de Jordania "han dado apoyo material durante mucho tiempo al brazo armado de Hamás".
"Tales actividades amenazan la seguridad de civiles estadounidenses en la región y también la seguridad y estabilidad de nuestros socios regionales", argumentó la orden ejecutiva.
En correspondencia con la extrema izquierda, para la candidata presidencial demócrata frente a Trump en 2016 y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, las operaciones de Washington contra el narcotráfico en aguas del Caribe son también “ilegítimas e ilegales”.
Clinton hizo una explicación, cuyo trasfondo se interpreta como una defensa a la narco-dictadura de Nicolás Maduro y contra el actuar erróneo de la Casa Blanca.
Hillary Clinton, la "asesora"
Recientemente, en un panel de discusión en el Consejo de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton sostuvo que el Congreso de Estados Unidos “abdicó” de su responsabilidad y afirmó que las acciones navales impulsadas bajo la administración del presidente Donald J. Trump carecen de “inteligencia adecuada”.
Con la carga sobre sus hombros de las muertes por un cuestionado manejo y pésima decisión de retener la respuesta área de EEUU al ataque contra la embajada estadounidense en Bengasi, Libia, Clinton es la exfuncionaria menos indicada para hablar de estrategias militares de Washington.
No obstante, señaló que Washington intenta “intimidar para su rendición” a Nicolás Maduro. Consideró que una salida precipitada de quien se encuentra en el poder de manera ilegítima -tras haber usurpado el poder mediante un fraude “electoral” masivo o show político- podría convertir a Venezuela en “un Somalia gigante”.
De esta forma, la influyente demócrata radical se suma de soslayo al grupo de los seis congresistas que llaman a los militares a rechazar las órdenes de Trump, pero sin declarar de manera explícita el llamado a la insubordinación. De cualquier forma, diversos analistas políticos lo interpretan en su declaración.
Para Hillary Clinton, al igual que para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el colombiano, Gustavo Petro, y activistas de su misma ideología, “el combate a los grupos criminales del narcotráfico no es una opción”. Tampoco es válido -en sus opiniones- contribuir a la destitución por la fuerza de gobernantes convertidos en dictadores y con nexos con el narcotráfico.
Según ellos, el diálogo y la camaradería representan las “armas eficaces” para que los asesinos dejen su negocio y admitan acuerdos y perdones, como si la fórmula hubiese funcionado en algún momento de la historia universal. Eso hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el resultado fue el mismo de siempre: incremento sustancial de las muertes de civiles por parte de pandillas y carteles de drogas, la extorsión y la cada vez mayor inseguridad ciudadana, junto a la eliminación de políticos honestos que denuncian y presentan leyes para enfrentar al crimen organizado, como hizo el recién asesinado alcalde en el estado de Michoacán, Carlos Manzo, y cuya indiferencia de Sheinbaum desembocó en manifestaciones masivas en la Ciudad de México y otras zonas del país.
Así actúan y han actuado los gobiernos de izquierda frente al terror y los asesinatos implementados como escarmiento para el control y el soborno perenne a políticos corruptos durante décadas en América Latina y el Caribe.
Honduras, México, Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Chile y Venezuela han sido o son refugio y cuartel del crimen organizado y pandillas, una crisis agudizada en los últimos 30 años, gracias a la complicidad de los gobiernos de turno y muchas veces a los vínculos directos entre políticos y delincuentes. No pocos diputados y altos funcionarios en el Continente han llegado al poder con el dinero manchado de sangre del crimen organizado.
Esta situación es la que quiere revertir ahora la administración del presidente Trump, en busca de garantías duraderas para la seguridad de EEUU de a región; y a la que se oponen simpatizantes, activistas y congresistas demócratas bajo los designios de una agenda “progresista” (socialista) o Woke.
Llamar a militares a la desobediencia porque el actual gobierno en la Casa Blanca, como nunca antes, decidió enfrentar el caos y el terror de pandillas, narcotraficantes y grupos radicales de izquierda dentro y fuera de Estados Unidos, debe tener como consecuencia una alta cuota de responsabilidad, mucho más como congresistas, exmilitares y exmiembros de agencias de inteligencia de la nación.
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FUENTE: Con información de AFP, The New York Times, Pentágono, Departamento de Estado, New York Post.
