Los abogados estatales sostienen que el rediseño de distritos carece de signos de manipulación partidista; anuncian audiencia para decidir el bloqueo del plan de DeSantis
El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
GOOGLE GEMINIMIAMI.- El estado de Florida rechazó las acusaciones de que su nuevo mapa congresional fue diseñado para favorecer al Partido Republicano y argumentó, en una presentación ante el Tribunal de Circuito del Condado de Leon, que otros estados como Virginia e Illinois habrían incurrido en una manipulación electoral partidista mucho más evidente.
La defensa respondió así a las demandas que buscan frenar el plan promulgado el 4 de mayo por el gobernador Ron DeSantis, antes de una audiencia prevista para el viernes que podría suspenderlo de forma temporal de cara a las elecciones de noviembre.
De prosperar la medida cautelar, las elecciones de 2026 se celebrarían con los distritos vigentes. La decisión final del litigio podría recaer en la Corte Suprema de Florida, integrada por siete magistrados, seis de ellos designados por DeSantis.
En su escrito, los abogados estatales sostuvieron que el trazado floridano carece de los signos reveladores de un gerrymandering partidista o manipulación deliberada de los límites de los distritos electorales para favorecer a un partido político, y lo contrastaron con los mapas de estados gobernados por demócratas.
A juicio de los letrados estatales, estos distritos estarían fragmentados y evidenciarían una intención política deliberada. La presentación apuntó a Virginia e Illinois como ejemplos de redistribuciones más agresivas que la cuestionada en Florida.
La estrategia se apoya además en un memorando que el asesor jurídico general de DeSantis dirigió a los legisladores, en el que sostuvo que la enmienda de Distritos Justos debería resultar inaplicable.
Ese argumento se sustenta en una decisión de 2025 de la Corte Suprema de Florida que mantuvo el mapa anterior y anuló la parte de la ley que impedía trazar líneas para reducir el poder de voto de minorías raciales o lingüísticas. La administración defiende que el trazado responde al crecimiento demográfico registrado desde el censo de 2020.
Los grupos defensores del derecho al voto y de los derechos civiles que impugnan el mapa sostienen una versión opuesta. Argumentan que el plan podría permitir a los republicanos obtener cuatro escaños adicionales y ampliar su ventaja en la delegación floridana de la actual proporción de 20 a 8 hasta una de 24 a 4 sobre los 28 distritos del estado.
En sus escritos lo califican como uno de los mapas congresionales “más extremos” de los últimos cincuenta años y afirman que los cambios, que afectan a 21 de los 28 distritos, buscan fragmentar el voto demócrata.
El nuevo mapa enfrenta dos demandas presentadas con un día de diferencia. La primera fue interpuesta por el Equal Ground Education Fund junto con 18 votantes floridanos, y la segunda por Common Cause, la Liga de Mujeres Votantes de Florida y LULAC.
Ambas acciones legales piden al tribunal declarar ilegal el plan, emitir una medida cautelar y ordenar el uso de los distritos vigentes en 2026. Los demandados son el secretario de Estado, Cord Byrd, y las dos cámaras de la Legislatura estatal.
“El hecho de que esto sea un gerrymandering partidista es tan obvio como inconstitucional”, afirmó Bradley Heard, director legal adjunto del Southern Poverty Law Center.
Los demandantes recordaron que los votantes de Florida aprobaron en 2010 dos enmiendas de Distritos Justos que prohíben trazar líneas con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político. Las organizaciones también advirtieron que el rediseño afectaría de forma desproporcionada a las comunidades afroamericanas e hispanas.
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