El fiscal Pete Skandalakis instó al juez a cerrar el caso por considerar que cae bajo jurisdicción federal y no estatal, entre otras razones de sentido común
El presidente de EEUU, Donald J. Trump.
SAUL LOEB/AFPUn juez desestimó el miércoles a pedido a pedido de la fiscalía el caso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se acusaba al mandatario, sin pruebas de ningún tipo, de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.
La decisión se produjo después de que el fiscal Pete Skandalakis instara al juez del condado de Fulton, Scott McAfee, a cerrar el caso, argumentando que cae en jurisdicción federal y no estatal.
Este es el colapso del último de varios procesos penales contra Trump antes de que regresara a la Casa Blanca, precisamente lo que trataron de impedir fiscales y jueces activisas de extrema izquierda.
En una confabulación sin precedentes en la historia de EEUU, el Departamento de Justicia, secuestrado por radicales de izquierda, emprendieron una cacería judicial contra Trump con el único propósito político de que no llegara a ser otra vez el presidente de la nación.
En un documento de 23 páginas, el fiscal Skandalakis se refirió a una investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith, quien retiró sus propios cargos a finales de 2024, tras la reelección de Trump.
Smith sabía que su caso caería por su propio peso porque fue seleccionado sin tener las condiciones para fiscal especial, uno de los elementos que usó la defensa de Trump para destruirle cualquier intención judicial contra el entonces expresidente.
"Si el fiscal especial Jack Smith, con todos los recursos del gobierno federal a su disposición (...) concluyó que la acusación sería infructuosa, entonces también considero que buscar la acusación de todos los involucrados en el caso "Estado de Georgia contra Donald Trump" sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo", indicó.
Skandalakis también señaló que procesar a un Presidente en funciones en Georgia es casi imposible y que sin Trump el juicio sería inviable para los otros 14 acusados.
Trump y otras 18 personas fueron acusados de supuesta asociación ilícita y otros delitos en Georgia en 2023, por presuentos esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.
La acusación alegaba que hubo intentos de persuadir a funcionarios estatales de "encontrar" votos para revertir la estrecha derrota de Trump ante Joe Biden. Cuatro acusados admitieron cargos menores.
Millones de estadounidenses, congresistas republicanos y activistas conservadores dudaron desde un principio de la aclamda victoria electoral de Biden cuando en videos se vieron graves irregularidades en las elecciones de 2020 y cuando en horas de la madrugada aparecieron como magia millones de votos para el demócrata y escasos miles para Trump.
Un tribunal de apelaciones de Georgia descalificó a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y la sacó del caso, citando lo inapropiado e ilegal de una relación íntima de años que tuvo con quien había contratado como fiscal especial.
El caso de Willis sufrió un revés a principios de 2024 después de que se revelara que mantenía una relación sentimental con el entonces fiscal especial del caso, Nathan Wade. Un juez del condado de Fulton dictaminó en marzo que Willis podía permanecer como fiscal si Wade renunciaba, lo que hizo más tarde.
Trump y múltiples coacusados apelaron la decisión del juez ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia, que emitió su decisión sobre Willis.
El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, nombró al actual jefe del organismo que coordina a todos los fiscales en el estado de Georgia, Peter Skandalakis, como nuevo fiscal al frente del caso contra el presidente Donald Trump por ordenar una supuesta interferencia electoral durante los comicios presidenciales de 2020.
"La decisión de asumir mi responsabilidad en este asunto la he tomado únicamente tras una consideración cuidadosa y deliberada", indicó Skandalakis en un comunicado, agregando que la solicitud para ocuparse del caso representa "su imposibilidad de encontrar otro fiscal" que no "tenga conflictos de intereses".
Skandalakis explicó que contactó a varios fiscales, si bien todos rechazaron el nombramiento. "Dado que el plazo fijado por el juez McAfee ya ha vencido, he determinado que lo más conveniente es que me asigne yo mismo el caso", afirmó.
El Presidente ha otorgado indultos a varios aliados acusados de intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020, pero los indultos solo se aplican a delitos federales, no a delitos estatales.
Entre los que recibieron indultos figuran el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows. Ambos enfrentaban cargos en Georgia.
Trump también tuvo dos casos federales, pero fueron desestimados por el fiscal especial Smith después de las elecciones de noviembre de 2024, bajo la política del Departamento de Justicia de no acusar ni procesar a un Presidente en funciones.
Trump fue acusado, bajo un acoso político y partidista inédito, de "conspirar" para encontrar justicia en las elecciones de 2020. También fue acusado de mal manejo de documentos secretos tras dejar la Casa Blanca. Ninguno de los casos llegó a juicio.
Skandalakis argumentó que continuar el proceso en Georgia "en su totalidad por otros cinco a diez años" no serviría a los votantes del estado.
"Como exfuncionario electo que se postuló tanto como demócrata como republicano (...) esta decisión no está guiada por un deseo de avanzar una agenda, sino que se basa en mis creencias y comprensión de la ley", enfatizó.
El abogado de Trump, Steve Sadow, emitió un comunicado celebrando el final de la "persecución política" contra el Presidente.
"Este caso nunca debió haberse presentado. Un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra judicial", afirmó.
Los abogados de Trump sostuvieron que sus declaraciones sobre las elecciones eran simplemente un discurso político, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
FUENTE: Con información de AFP.
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