Bajo el gobierno de Joe Biden han entrado al país unos 8 millones de inmigrantes, una cifra récord en menos de tres años en la Casa Blanca
Imagen de una de las olas migratorias durante el gobierno de Joe Biden.
GUILLERMO ARIAS/ AFP Inmigrantes en uno de los albergues improvisados por la administración Biden
AP /Darío Lopez-MillsMIAMI- Los medios de prensa liberales en Estados Unidos se volcaron en las últimas tres semanas a reportar con mayor amplitud el tema migratorio. Afirman que la frontera sur del país vuelve a ser un caos con otra nueva ola de inmigrantes, cuando en realidad no ha dejado de serlo desde el primer día de la llegada de Joe Biden a la Oficina Oval.
En menos de tres años de mandato demócrata, marcado por premisas de la extrema izquierda o los mal llamados “progresistas”, han entrado al país unos 8 millones de inmigrantes, la crisis migratoria más grande en la historia del país.
Pero el caos no es sólo humanitario como lo dibuja la Casa Blanca y los grandes medios liberales de prensa, sino económico y de seguridad nacional con el mayor tráfico de personas y de drogas en la historia del país, entre ellas el súper mortal fentanilo.
En el 2022, las dos terceras partes de las 110.000 muertes por el uso de opiodes en EEUU correspondieron al fentanilo y la Agencia Antidrogas (DEA) incautó en igual período 4,500 kilogramos de polvo de fentanilo. El año anterior la cifra fue de 106.000 personas, con una incidencia similar de las drogas sintéticas.
Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, las acciones de los carteles de la droga desde México se han duplicado y el tráfico de personas forma parte del enriquecimiento y la violencia en la frontera sur. El dominio de los territorios se ha convertido en un negocio tan lucrativo que las bandas se disputan cada metro de terreno.
En febrero, 21 fiscales generales estatales republicanos escribieron una carta a Joe Biden y al secretario de Estado Antony Blinken en la que les pidieron designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras.
El año pasado, un grupo de fiscales generales republicanos pidió a la Casa Blanca que declarara el fentanilo como un arma de destrucción masiva, pero hasta ahora no se ha emprendido ninguna acción o medida en ese sentido.
Pero detrás de todo el entramado de tráfico ilícito también se encuentra China.
Washington anunció una serie de imputaciones y sanciones contra empresas y ejecutivos chinos acusados de importar los productos químicos que se utilizan en la fabricación del fentanilo.
Las medidas incluyen cargos contra ocho compañías chinas acusadas de publicitar, producir y distribuir precursores químicos para opioides sintéticos como el fentanilo.
Después de abrir la frontera, la causa que ha facilitado el incremento del tráfico de drogas y personas hacia EEUU, ahora el Departamento de Justicia, el Tesoro y el Departamento de Seguridad Interior o “Homeland Security” luchan contra la crisis de sobredosis más letal de la historia de la nación y utilizan un nuevo encuentro con el gobierno de México para coordinar supuestamente nuevas medidas y esfuerzos que implican más gastos.
Estas son las grandes contradicciones de la administración Biden para mantener a costa de los contribuyentes estadounidenses sus fallidas políticas en inmigración, economía y en relaciones exteriores.
En septiembre, los agentes de inmigración detuvieron a más de 200.000 personas que cruzaron ilegalmente la frontera, la cifra más alta este año, pero muy similar a las registradas entre el 2021 y 2022. En diciembre de este último año, las detenciones ascendieron a 222.000.
La administración Biden, con su estrategia de puertas abiertas e incentivos, ha provocado la gran crisis para luego decir que trabaja en contener el flujo migratorio e incrementar las deportaciones, todo bajo un gasto descomunal del dinero de los contribuyentes.
Estos acontecimientos y el proceder de la Casa Blanca han exacerbado las críticas de los republicanos, y con más firmeza las de un grupo de unos 20 legisladores que entre sus exigencias se encuentra obligar a Biden a frenar el gasto en la frontera sur y en la guerra en Ucrania, entre otros temas.
Se estima que haya el país unos 13 millones de inmigrantes ilegales que reciben ayudas a un costo anual de alrededor de 84.000 millones de dólares y para costear esa cifra, el gobierno federal necesitaría subir el impuesto de la gasoliona, por ejemplo, en 62 centavos por galón.
Una de las motivaciones del representante por Florida, Matt Gaez, para pedir la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, fue recortar de manera drástica los fondos federales para los intereses partidistas de la izquierda y de la extrema izquierda, entre los que se halla el tema de inmigración.
Las concesiones que hizo McCarthy a los nuevos demócratas para evitar el cierre del gobierno federal provocaron el respaldo de republicanos para su destitución al frente de la Cámara Baja.
Por otra parte, México se ha visto desbordado en las últimas semanas ante la masiva llegada de miles de migrantes que usan todos los medios de transporte para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
El creciente flujo de migrantes que se moviliza en los vagones de los trenes obligó a Ferromex, la mayor empresa mexicana ferroviaria, a paralizar varias decenas de sus ferrocarriles de carga. Mientras, el gobierno azteca informaba de la llegada a diario de unos 10.000 emigrantes, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, informaba que más de 140.000 personas aguardan en la ciudad fronteriza de Tapachula, en el estado de Chiapas, para obtener permisos de tránsito por el país o recibir documentos de solicitud de asilo.
María Mellado, reconocida abogada y una experta en todos los temas relacionados con inmigración, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS la crítica situación en la frontera sur.
“El impacto de la inmigración en Estados Unidos ha sido brutal. Se supone que la administración de Joe Biden aprobó un 'parole' para contener el enorme flujo ilegal de migrantes, pero el 29 de septiembre hubo la segunda audiencia para discutir si esa medida es constitucional o legalmente aplicable, cuando otorga un permiso supuestamente humanitario a 30.000 personas cada mes para cuatro naciones (Cuba, Venezuela, Nicaragüa y Haití), sin ningún tipo de veto”.
“Ahora agregaron una pregunta de si el patrocinador cree que esta persona amerita un parole humanitario y cuáles son las razones, pero antes no había control alguno. La medida es casi como el equivalente a un visado expedito o un “parole” por reunificación familiar (sin el vínculo familiar) y sin demostrar que haya (una petición familiar)”.
“La Casa Blanca afirma otra vez que habrá una reducción notable de inmigrantes, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es todo lo contrario con 10.000 intercepciones diarias de los agentes de Inmigración. Esto implica que se hayan enviado más efectivos hacia los estados fronterizos, donde los residentes están preocupados de que esta crisis nunca va a terminar”.
Sobre las posibles medidas de Biden, Mellado argumenta:
“Yo creo que el documental de Robert F. Kennedy Jr. titulado "Media Noche en la Frontera" es muy ilustrativo de la grave crisis causada por la Casa Blanca. El apagar las cámaras en la frontera, el permitir que las personas sigan avanzando, el que el Centro de Inmigración Segura en Colombia sólo haya procesado a 11.000 personas y haya cerrado temporalmente demuestra el impacto en la seguridad fronteriza y en la economía estadounidense con esta gran crisis, que no ha cesado”.
“El gobierno en Washington no sólo ha renovado el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos, sino que lo ampliaron con la inclusión de personas que han llegado recientemente en julio. Esto provoca que las personas nunca pierdan la esperanza de entrar por la frontera con la protección de la Casa Blanca, sin importar que hayan arribado de forma ilegal y si son merecedores o no de una medida humanitaria”.
“Yo creo que la flexibilización de las políticas inmigratorias ha tenido consecuencias muy graves en la aplicación de la Ley, el costo al contribuyente estadounidense y un costo político que se refleja en lo que ha ocurrido en Nueva York, al punto de que el alcalde de esa ciudad tuvo que reconocer que el flujo migratorio acabará con el sistema público de la Gran Manzana”.
Acerca de mejores opciones, la experta en inmigración manifiesta.
“Yo creo que se tiene que revisar la constitucionalidad del ‘parole humanitario’ y aumentar el presupuesto en las embajadas y consulados para el procesamiento. Lo importante es que las personas vean que si la frontera está cerrada puedan pedir un permiso humanitario como siempre se ha hecho en base a necesidades y sobre la base del interés nacional de EEUU. Y esto es un tema serio; la Casa Blanca tiene que ser seria, llevamos casi tres años en esta situación y no existe aún ninguna alternativa eficiente”.
“Ahora la gobernadora de Nueva York ha prometido entregar un cuestionable permiso de trabajo. Estos permisos se otorgan de acuerdo con el documento de entrada”.
“La connotada abogada se refirió a una de las medidas que debería coordinar el gobierno de Biden, si realmente le interesan soluciones”.
“Hay muchas empresas que requieren de mano de obra, así que las personas que obtengan un estatus y la posibilidad de trabajar deben tener una opción laboral permanente. En este punto, estoy enfocada porque existen empresas con necesidades básicas en Florida, Texas, Nebraska, en Arizona y otros estados, y yo he hablado con congresistas que dicen que las empresas necesitan mano de obra y esta sería la solución: traer a personas con ofertas laborales y visado de empleo y acelerar esos trámites sobre la base de la necesidad real en cada estado y con prioridad para los potenciales trabajadores”.
“Lo que necesitamos es que dejen de vender una crisis de seguridad nacional como una crisis humanitaria”.
“No hay que exponer a los inmigrantes a cruzar fronteras, sino crear una base de datos donde los empleadores estadounidenses expresen sus necesidades. Lo único que ha propiciado el gobierno de Biden hasta ahora es incrementar el tráfico humano, el contrabando de personas y poner la vida de los migrantes en manos de las bandas criminales y los narcotraficantes”.
“Yo creo que las agencias estatales de empleo podrían trabajar conjuntamente con el gobierno federal para pedirles que se prioricen los casos de inmigrantes sobre una base de datos de las empresas privadas”.
“Una muestra del desastre de la actual administración es el caso del revés del Tribunal de Apelaciones de Inmigración sobre los cubanos que recibieron el documento I 220. Ahora cuando se presentan en Corte no tienen posibilidad de obtener una residencia permanente, mediante esta opción”.
“Todo lo que ha hecho este gobierno en inmigración ha sido un verdadero desastre”.
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