El Gobierno anunció un acuerdo con Wells Fargo que supone una sanción de 2.090 millones de dólares a ese banco por supuestamente tergiversar la calidad de los préstamos utilizados en valores respaldados por hipotecas residenciales.

El Departamento de Justicia sancionó a la institución financiera "por vender préstamos hipotecarios residenciales que sabía que contenían información errónea sobre los ingresos y que no cumplían con la calidad" anunciada, según un comunicado oficial.

El fraude “afectó a inversores, incluyendo instituciones financieras aseguradas a nivel federal que sufrieron pérdidas de miles de millones de dólares al invertir en valores respaldados por hipotecas residenciales que contienen préstamos originados por Wells Fargo", indica la nota.

El fiscal del Distrito Norte de California, Alex Tse, apuntó que este tipo de abusos en la industria de valores respaldados por hipotecas "llevó a una crisis financiera que devastó a millones de estadounidenses".

Por eso, Tse consideró que el pacto responsabiliza a Wells Fargo por haber originado y vendido decenas de miles de préstamos irregulares, "llevando a cabo conductas injustas que lastiman al público", publicó EFE.

La segunda entidad bancaria estadounidense por activos, ha vivido en los últimos meses varios escándalos relacionados con su actividad.

En abril, las autoridades reguladoras multaron con 1.000 millones de dólares a este banco por negligencia en su gestión de hipotecas y seguros para automóviles, lo que supuso la mayor penalización a una entidad financiera impuesta bajo el Gobierno del presidente Donald Trump.

Las sanciones de los últimos meses han sido un nuevo golpe a la reputación del banco, en un momento en el que trata de recuperarse de un escándalo que se desató hace dos años por la apertura de millones de cuentas sin la autorización de sus clientes.

En febrero pasado, la Reserva Federal (Fed) limitó la expansión de Wells Fargo tras constatar una "mala conducta generalizada y persistente" en relación con ese escándalo.

El escándalo de las cuentas se saldó con el despido de 5.300 trabajadores y el pago de millonarias multas y de compensaciones a los clientes afectados, así como la salida del entonces consejero delegado, John Stumpf, y de la que era responsable de la división de banca comunitaria, Carrie Tolsted.

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