WASHINGTON — Una coalición de apoyo al programa de inmigración implementado por el expresidente Donald Trump consiguió una gran victoria legal en su demanda federal contra el gobierno de Joe Biden.

La demanda acusa a Biden de violar la ley ambiental cuando suspendió la construcción del muro fronterizo con México y trató de anular otras políticas de inmigración promulgadas por el entonces presidente Donald Trump.

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Un juez federal en Washington falló que la querella presentada por la Massachusetts Coalition for Immigration Reform contra tres agencias federales puede proceder, al menos en parte.

El juez Trevor McFadden dijo que la Corte Federal tiene jurisdicción para considerar la causa, aunque desestimó dos de los 11 reclamos del grupo, basado en el área de Boston.

La coalición argumenta que el gobierno federal violó la ley ambiental al suspender la construcción del muro, poner fin al controversial proceso “Permanecer en México”, expandir los programas de refugiados para afganos, centroamericanos y otras poblaciones y desestimar ciertas políticas para la patrulla fronteriza y los agentes de inmigración.

La coalición, que promueve reducir la inmigración por razones ambientales, manifiesta que los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional deberían haber realizado un análisis del impacto ambiental antes de implementar los cambios de inmigración, como lo requiere la Ley Nacional de Políticas Ambientales (NEPA).

“Si NEPA debe aplicarse a una política del gobierno, debe ser a políticas federales que inducen el crecimiento poblacional”, expresa la organización en su demanda. “Cuando el gobierno federal toma la decisión de crear crecimiento poblacional a través de inmigración, toma una decisión que tiene consecuencias ambientales significativas y previsibles”.

Al cancelar momentáneamente la edificación del muro planficada por la administración Trump, Biden dejó sin empleo a miles de estadounidenses y empresas vinculadas al proyecto, además de permitir el flujo sin control de cientos de miles de inmigrantes con abultadas ganancias para las organizaciones criminales que operan desde México a través de toda la frontera.

La crisis humanitaria de la frontera destada por la administración Biden se ha cobrado la vida de cientos de madres, niños, adolescentes y ancianos masacrados, torturados, violados y asesinados por la bandas del tráfico humano y de drogas.

Además, ha puesto en grave peligro la seguridad nacional de los estadounidenses con la entrada de terroristas [no detectados] en las zonas abiertas y no patrulladas de la frontera sur. También de trasiego de drogas.

Seis personas de Pennsylvania, Minnesota y Arizona que dicen que han lidiado con las consecuencias ambientales de la política federal de inmigración están nombrados también entre los demandantes.

De forma contradictoria con su actual política de puertas abiertas y de crítica a las políticas de inmigración de Trum, Biden ordenó semanas atras continuar la construcción del muro fronterizo en todos los sectores abiertos que quedaron pendiente tras la salida de su predecesor de la Casa Blanca. Es decir, Biden dio luz verde a lo que se cansó de reprocharle a Trump: el muro fronterizo.

El juez McFadden desestimó los cargos que decían que el manual de instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional viola la ley ambiental y que el gobierno de Biden debería haber preparado un análisis ambiental “programático” de sus acciones sobre inmigración.

Voceros de las tres agencias nombradas en la demanda no respondieron el miércoles a correos electrónicos en busca de comentario.

FUENTE: Con información de AP

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