MIAMI- El martes 1ro de junio, la Administración del presidente Biden terminó de manera oficial con la política de inmigración “Protocolos de Protección a Migrantes” puesta en práctica por el expresidente Donald Trump y conocida popularmente como el programa "Quédate en México”.

Esta normativa que entró en vigor en enero del 2019 devolvió al país azteca a 70.000 solicitantes de asilo en Estados Unidos (EEUU) hasta que se detuvo el primer día de Joe Biden en la Casa Blanca. La medida, erradicada en un memorando de 7 páginas del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, permitía solicitar asilo desde México y permanecer en esa nación durante el proceso legal.

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Con las reiteraciones de Biden de que echaría abajo la política inmigratoria de Trump y de que EEUU “abriría nuevamente sus puertas de esperanza a los inmigrantes”, la frontera sur de Norteamérica pasó del control, mediante previos acuerdos con varios países de la región, a un gran caos con un alto costo económico, humanitario y político que aún persiste.

Las imágenes de niños hacinados en carpas improvisadas temporalmente recorrieron el mundo. Las bandas del crimen organizado en México y en países centroamericanos aprovecharon la coyuntura para lograr enormes sumas de dinero sucio y manchado de sangre inocente. Y aunque en los grandes medios apenas se aborda el tema en estos momentos, la grave situación humanitaria y económica para EEUU está lejos de concluir.

Los asesinatos, violaciones y desapariciones se duplicaron en los diferentes puntos de entrada en la frontera EEUU-México.

El caos se apodera de la frontera

La situación originada por estas nuevas políticas de la Administración Biden requirió de un incremento sustancial de recursos imprevistos, entre ellos el traslado de miles de agentes federales hacia las zonas afectadas y la creación de instalaciones para recibir y procesar a los inmigrantes, cuya mayoría era deportada horas después de su arribo; otro costo adicional. Miles lograron entrar junto a la ola de menores y adolescentes que se presentaron en las áreas limítrofes de ambos países; otros, nunca fueron detectados.

Biden se vio obligado a recurrir al importante apoyo migratorio de México, El Salvador, Guatemala y Honduras obtenido en el 2019 por Trump, a través de acuerdos de $1.000 millones con cada nación hasta $4.000 millones, si cumplían los requerimientos establecidos por Washington. Además, el aumento de $13.000 millones a $20.000 millones en fondos para el Banco Interamericano de Desarrollo como rol esencial contra las principales causas de la emigración ilegal en la región: el crimen organizado y las extorsiones, pobreza extrema, corrupción y falta de empleos.

En marzo, el presidente Biden en una evidente marcha atrás respecto a sus anteriores declaraciones, hace público el pedido a los emigrantes de que no viajen hasta EEUU. Pero es tarde. “Digo claramente: ‘No vengan’ (…) No dejen su ciudad o comunidad”, expresó Biden en una entrevista con ABC News.

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Crisis migratoria en EEUU: Más dinero

Para acercarnos al gasto causado por la oleada incontrolada de inmigrantes al país, tomemos de referencia el presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). De 5.900 millones de dólares en el 2003, los fondos federales empleados pasaron a 17.700 millones en el 2021. En ese mismo período, el número de agentes federales desplegados entre México y Estados Unidos aumentó de 3.555 a 17.000.

Estos agentes junto a miembros de la Guardia Nacional y efectivos militares, policías locales con el uso de drones, radares, vehículos todoterreno y equipamiento técnico, patrullan los 3.169 kilómetros de frontera y 1.123 kilómetros de muro.

El propio Mayorkas reconoció recientemente que la cifra de inmigrantes arrestados podría superar las del año 2000, cuando CBP reportó 1.676,000 detenciones. Sólo en febrero de este año cruzaron la frontera 97.000 inmigrantes.

La “crisis humanitaria de los niños sin papeles” durante el gobierno de Barack Obama en el 2014 sentó el precedente para otra oleada en el 2019. La actual inició días antes de asumir la Presidencia Joe Biden, pero esta vez la situación se tornó peor al ser protagonizada por niños, adolescentes y adultos, aprovechada también por delincuentes e individuos que constituyen un peligro para la seguridad nacional.

Brian Hastings, jefe de sección de CBP en el Valle del Río Grande en Texas, dijo que hasta finales de marzo se había detectado en ese sector más de 860 extranjeros criminales, incluidos 92 delincuentes sexuales y 63 pandilleros, lo que refuerza las aseveraciones de funcionarios, agentes, legisladores y alcaldes de que en cada arribo masivo vienen también miles de prófugos de la Justicia, exconvictos de delitos graves y terroristas que buscan asentarse en el país.

El éxodo masivo desde diferente países genera cifras récord

CBP dijo que más de 178.000 personas indocumentadas cruzaron la frontera sur de EEUU en abril, un 3% superior respecto a marzo, totalizando el número más alto en un mes en las últimas dos décadas, entre ellos casi 19.000 menores no acompañados, según el informe de la Patrulla Fronteriza.

El número promedio de ilegales que la Patrulla Fronteriza detecta al evadir su captura a lo largo de la frontera sur es de unos 1.000 por día. Las autoridades afirman que resulta imposible determinar la cantidad de personas que pasan desapercibidas.

A mediados de mayo, 20 gobernadores republicanos enviaron una carta a Biden en la que pedían a los funcionarios “tomar medidas” sobre el extraordinario aumento de inmigrantes ilegales.

“Contrariamente a las declaraciones de su Administración, la frontera no está cerrada ni segura”, dijeron los gobernadores, y señalaron que el auge de la inmigración ilegal “ahora se extiende por todos los estados fronterizos e incluso hacia otros estados”.

Enorme el gasto federal

Desde marzo del 2021, el gobierno de Biden optó por permitir que los “menores no acompañados” permanezcan en territorio estadounidense bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que recibió 47.500 millones de dólares del último paquete de estímulo de 1,9 billones aprobado por simple mayoría, gracias a una “ley de emergencia” implementada desde finales de enero por los demócratas en el Congreso.

Entre las primeras cifras de gasto extra -a partir de enero- que los medios de prensa conocieron fue la de $86 millones en renta de habitaciones de hoteles en la frontera para alojar a 1.200 familias, dato que creció con el avance de la crisis humanitaria.

Según un análisis de The Washington Post, la Administración Biden estaría gastando entre 60 y 80 millones de dólares semanales para albergar a “niños y adolescentes no acompañados”, sin incluir los gastos de alimentación, exámenes y cuidados médicos, seguridad, personal de atención y procesamiento legal, entre otros. Por mes, la suma total de gastos podría superar los $500 millones.

Se estima que, por cada niño inmigrante, el gobierno federal emplee como promedio anual más de 28.000 dólares. Cuidar a un menor de edad en las instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos equivale a unos $300 diarios, pero el costo casi se triplica en los albergues de emergencia. Desde enero hasta abril, la cifra de menores sobrepasó los 24.000.

La agencia federal para el manejo de emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha construido "centros de descompresión" en Dallas y Midland (Texas) para sacar cuanto antes a los menores de las instalaciones de la patrulla fronteriza. Este giro en la política migratoria trajo consigo un costo agregado, mientras que Biden intentaba frenar el flujo masivo desde Centroamérica con 4.000 millones de dólares del presupuesto federal.

Las persecuciones

A la actual crisis en la frontera sur se ha sumado un nuevo fenómeno que implica también más dinero estatal y local en la contención de delitos cometidos por inmigrantes ilegales. No existen aún datos oficiales publicados y actualizados sobre a cuánto asciende el gasto adicional de los departamentos de policías locales y estatales por causa del caos migratorio, pero algunos analistas indican que el alza superaría el 48%, con el servicio de más agentes, más recursos operativos y la enorme cantidad de horas extras trabajadas.

“Las persecuciones a traficantes de personas e ilegales armados son algo que nunca habíamos visto”, afirma el alguacil del condado de Uvalde, Texas, Rubén Nolasco durante una entrevista con el diario "The Epoch Times".

“Esto no para. Día tras día, desde el amanecer hasta el anochecer. Nuestros funcionarios, policías estatales, nuestros agentes locales simplemente están frustrados, están cansados”.

“Los extranjeros ilegales de ahora son más violentos que en años anteriores y luchan contra las fuerzas del orden, dijo Nolasco. Sus agentes también encuentran armas de alto calibre y munición excesiva en la mayoría de los vehículos de los contrabandistas de personas que detienen.

El 1ro de junio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre ante la espeluznante situación y pidió a la Comisión de Estándares Penitenciarios del Estado que revise sus normas para proporcionar más capacidad en las cárceles, que han funcionado bajo estrictos protocolos por la pandemia de COVID-19.

Según los últimos datos publicados por la ONU, en EEUU se estima que haya 50.661.149 de inmigrantes legales e ilegales, lo que supone un 15,42% de la población estadounidense.

La inmigración femenina es superior a la masculina, con 26.172.767 mujeres, lo que supone el 51.66% del total de inmigrantes, frente a los 24.488.382 de hombres, que representan el 48.33%. La cifra de ilegales se calcula que supere los 22 millones de personas.

La Administración Biden

Si hablamos de récord negativo, la Administración Biden implantó uno muy preocupante en sus primeros 100 días de gobierno en medio de una recesión económica y la peor pandemia en la era moderna: Es el gobierno con el mayor gasto en toda la historia del país en sus primeros cuatro meses. No obstante, ahora busca 6 billones de dólares más para financiar sus propuestas de inversiones, la mayoría en sectores improductivos como educación, beneficios sociales, energía y un concepto bastante amplio de infraestructura que abarca tecnología.

En estos momentos, la deuda de EEUU de casi $30 billones, sobrepasa el 100% del Producto Interno Bruto y de aprobarse los planes de la Presidencia, podría llegar al 113% a finales de año, si el impulso económico y las exportaciones no logran recuperar el terreno necesario para compensar el monumental gasto de tales proyecciones.

Los planes de la Administración Biden retumban ahora en los oídos sensatos y apenas logran un consenso promedio entre economistas y legisladores en la mayoría de las propuestas radicales. Biden, incluso, ha tenido que escuchar opiniones como la del economista liberal y exfuncionario del gobierno de Barack Obama, Larry Summers, que al referirse a la plataforma del actual jefe de la Casa Blanca afirma que es “la política macroeconómica menos responsable en 40 años”.

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