Biden, que acaba de regresar de Japón donde asistió a la cumbre del G7, recibirá en Casa Blanca al líder republicano de la Cámara de Representantes.
Ambos hablaron el domingo durante el viaje de regreso de Biden a Washington. McCarthy calificó la conversación de "productiva", según medios estadounidenses, e indicó que los equipos de ambas partes han reanudado desde entonces las conversaciones.
Se trata de la primera señal positiva después de que un agrio encuentro entre negociadores demócratas y republicanos el viernes en la Casa Blanca pusiera en una pausa el diálogo sobre la deuda.
Los republicanos exigen reducir en más de 4 billones para los próximos 10 años el despilfarro de dinero de los contribuyentes. La administración Biden se niega y propone aumentar impuestos a los dueños de pequeños y medianos negocios junto a los más ricos, también a las empresas que hoy se benefician de restituciones fiscales.
Los republicanos objetan de manera ferviente un aumento de impuestos que trae mucho más problemas a la economía en medio una inflación de más de dos años, creada por el propio gobierno de Biden.
"Washington no puede seguir gastando el dinero de los contribuyentes de la forma en que lo ha hecho" tuiteó MacCarthy.
Biden le advirtió que rechazaría un acuerdo "que proteja los subsidios a las petroleras", en su insistente conflicto bajo sus políticas de cambio climático a largo plazo y sin ninguna garantía de recuperar los gastos. Las petroleras aportan más de tres millones de puestos de trabajo de forma directa e indirecta, hacen bajar los precios del combustible y son la principal fuente de estabilización de los precios.
Esta situación incrementa las consecuencias para la economía de Estados Unidos, ya bastante lacerada por los constantes errores de la actual administración.
Estados Unidos podría no poder reembolsar a los tenedores de bonos del Tesoro estadounidense, rey de las finanzas mundiales. Asimismo, el gobierno dejaría de pagar algunos sueldos a funcionarios y pensiones de veteranos, entre otros.
Una decisión a última hora podría tener igualmente consecuencias. En 2011, existía sólo la amenaza de caer en bancarrota y esto hizo, por primera vez, que EEUU perdiera su preciosa evaluación crediticia triple A, la mejor de las agencias evaluadoras.
"Los inversores se han vuelto más reticentes a mantener deuda soberana que vence en junio", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
El ex presidente republicano Donald Trump, quien mantiene su fuerte influencia dentro del Partido Republicano, instó el 10 de mayo a negarse a elevar el límite de la deuda sin las reducciones de gastos necesarias para frenar el derroche de dinero de la Casa Blanca.
El domingo, la portavoz de la Casa Blanca, Marine Jean-Pierre, deploró como es habitual las "reivindicaciones de los conservadores".
McCarthy, por su parte, acusó al "ala izquierdista del partido demócrata" de estar "a las órdenes del extremismo 'progresista'".
Si los desacuerdos persisten, a Biden -acostumbrado ya a dictaminar por mandato- le queda un recurso: invocar la 14a Enmienda de la Constitución estadounidense, que estipula que "la validez de la deuda pública de Estados Unidos, autorizada por ley, (...) no debe ser cuestionada".
En otras palabras, los gastos ya votados deben poder ser pagados.
Pese a estar considerando esta posibilidad, Biden se mostró escéptico, mientras que Yellen también aludió a la "incertidumbre jurídica" y a un "plazo apretado".
Al igual que casi todas las grandes economías, EEUU vive del crédito. Sin embargo, en Norteamérica es prerrogativa del Congreso votar el aumento del techo de la deuda pública que la primera economía del mundo está autorizada a acumular.
Y lo que décadas atrás era casi una formalidad, en los últimos 12 años se ha convertido en una batalla política, debido a los cambios sufridos en el Partido Demócrata con cada vez más influencia del ala extremista de izquierda.