MIAMI- Finalmente, el presidente Joe Biden tuvo que negociar con los republicanos sobre el aumento de la deuda, luego de sus reiteradas negativas a hacerlo en una nueva marcha atrás que ya es común en esta Presidencia.
MIAMI- Finalmente, el presidente Joe Biden tuvo que negociar con los republicanos sobre el aumento de la deuda, luego de sus reiteradas negativas a hacerlo en una nueva marcha atrás que ya es común en esta Presidencia.
Contrario a lo que había dicho en un principio, como ya es costumbre, Biden dio reversa obligado por las graves consecuencias que traería un impago de la deuda no sólo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo.
Como pronosticó el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, la aprobación del Proyecto de Ley de los republicanos sobre el límite de la deuda cambió “la dinámica” y presionó a los demócratas a negociar.
Al parecer, Biden, los demócratas y el ala radical “progresista” (socialistas) aceptaron reducir parte del derroche financiero en el gobierno federal y se encaminan a un pacto. Sin embargo, aún el camino está lleno de contratiempos.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció el viernes que las negociaciones para aumentar el límite de endeudamiento del país y evitar un default entraron en una "pausa", en medio de "reales diferencias" según la Casa Blanca.
"No podemos gastar más dinero el próximo año" fiscal, sostuvo el republicano McCarthy, en una pulseada con la Casa Blanca que se extiende desde hace semanas.
Los demócratas en tanto, sostienen que las dos cosas no pueden ligarse y quieren un aumento de la capacidad de emisión de deuda [sin condiciones], muy típico ya entre la nueva izquierda en EEUU.
El 17 de mayo, antes de viajar a Hiroshima (Japón) para asistir al encuentro del G7, el mandatario mostró su optimismo en lograr un acuerdo bipartidista [muy probable] en los próximos días, lo que evita que Estados Unidos entre en “default” (impago) de la deuda antes de la fecha prevista del 1ro de junio, cuando Washington comenzaría a incumplir sus obligaciones financieras.
La deuda nacional sobrepasa los 31,4 billones de dólares. Un aumento del tope de deuda no autorizaría más gastos, sino que permite préstamos para pagar fondos que el Congreso ha aprobado.
“Confío en que conseguiremos un acuerdo en torno al presupuesto y que Estados Unidos no caerá en un impago”, expresó el mandatario en la Casa Blanca. Añadió que seguirán los diálogos con los legisladores “porque no hay alternativa”.
"No vi ningún movimiento", resumió McCarthy luego de la primera reunión del 9 de mayo en la Casa Blanca, en la que participaron el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, los principales legisladores demócratas, Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara Baja y el jefe de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer.
El senador Joe Manchin y un grupo de legisladores centristas demócratas presionaron para que Biden se sentara con un mayor interés a solucionar el problema, máxime después de que los republicanos presentaran su propuesta en un Proyecto de Ley aprobado en la Cámara Baja.
"Por el bien de nuestra nación a la que todos servimos, insto al presidente Biden a que deje de lado la política y el partidismo, venga a la mesa y negocie un compromiso real que salve a EEUU de esta catástrofe económica inminente", manifestó Manchin.
“La negativa de Biden a negociar señala “una deficiencia de liderazgo, y debe cambiar”, recalcó Biden.
“El tiempo corre en esta crisis sobre el techo de la deuda y el pueblo estadounidense pagará el precio económico si el presidente Biden continúa negándose a negociar un compromiso de sentido común, que evita un incumplimiento histórico”, concluyó Manchin.
El Proyecto de Ley respaldado por la Cámara Baja aumentaría la autoridad de Washington en 1,5 billones de dólares o hasta el 31 de marzo de 2024, lo que ocurra primero. Pero, con el compromiso de una reducción considerable del gasto de la administración actual.
La propuesta republicana combina casi 4.8 billones de dólares en medidas de reducción del déficit con un aumento del límite de deuda para el próximo año.
El Proyecto de Ley devuelve los fondos de las agencias gubernamentales a los niveles del año fiscal 2022 y limita los aumentos del 1% anual, excepto para el Pentágono. También revierte partes de la ley expansiva de salud, clima e impuestos de Biden, expande la minería y la producción de combustibles fósiles e impone requisitos laborales en algunos programas sociales.
En el 2011, el empantanamiento sobre la deuda llevó a que Estados Unidos perdiera temporalmente la codiciada calificación "AAA" de su deuda.
Ahora, un grupo de negociadores, en su mayoría demócrata trabaja con celeridad sobre la propuesta republicana en busca de un acuerdo bipartidista que sería llevado de urgencia a votación en ambas Cámaras del Congreso, para luego ser firmado en la Oficina Oval, si finalmente se concreta.
“Creo que al final del día no tendremos un impago de la deuda”, declaró McCarthy al programa “Squawk Box” de la CNBC. “El problema es que el plazo que tenemos es muy corto”.
Las políticas económicas de la Casa Blanca dispararon la deuda pública de EEUU en los últimos dos años además de una histórica inflación que llegó al 9,1% en junio del 2022, la peor en cinco décadas.
Sólo en la guerra en Ucrania, el gasto de los contribuyentes estadounidenses se acerca a los 200.000 millones de dólares, la frontera sur se convirtió en otro gasto descomunal extra con el acceso permitido de casi 6 millones de inmigrantes indocumentados desde finales de enero de 2021 hasta la fecha.
La Casa Blanca continúa costeando hoteles y estadías a inmigrantes con el dinero de los contribuyentes; el gasto en la inmigración irregular se prioriza por encima de personas necesitadas en EEUU, entre ellos, veteranos de guerra.
The New York Post acaba de publicar una historia en la que cuenta que aproximadamente dos docenas de veteranos sin hogar, gran parte de ellos de la guerra de Vietnam, fueron trasladados a otros lugares para dejar espacio a los inmigrantes ilegales de la frontera sur.
Los veteranos fueron alojados en hoteles por una organización sin fines de lucro que pagaba $88 cada noche por cada uno.
El gobierno actual ha duplicado y en algunos casos triplicado la ayuda internacional a organizaciones y gobiernos extranjeros que suman, de forma adicional, decenas de miles de millones de dólares del gasto federal.
Según el reporte del NYP, la ciudad de Nueva York ha pagado más de 190 dólares la noche por cada habitación para inmigrantes.
Ahora, los inmigrantes serán alojados hasta por cuatro meses bajo el respaldo financiero de la ciudad de Nueva York.
El mes pasado 234.000 migrantes intentaron cruzar ilegalmente la frontera sur del país.
Hasta principios de mayo, la Gran Manzana había albergado a más de 65.000 inmigrantes, como se jacta el portavoz del ayuntamiento, Fabien Levy.
En EEUU hay más de 33.000 veteranos sin hogar. Según cifras de 2022, la ciudad de Nueva York tiene alrededor de 1.060 veteranos sin hogar, que no pueden incluso permanecer dentro de bases militares. Sin embargo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha pedido ayuda a la administración Biden para albergar a inmigrantes mediante la apertura de instalaciones militares. Esta triste realidad, con el gasto de los contribuyentes, se repite en estados gobernados por demócratas.
Este es apenas un ejemplo de lo que ocurre durante la actual administración en Washington.
El gobierno de Joe Biden ha imprimido 7 billones de dólares para poder costear sus políticas económicas, una acción que se traduce en más deuda pública, inflación y debilitamiento de la moneda.
Por tales razones, Biden insiste desesperadamente en atacar las ganancias con la imposición de mayores impuestos no sólo a los más ricos, sino a los propietarios de pequeñas y medianas empresas. El objetivo es justificar y financiar políticas partidistas de izquierda.
La desorbitante deuda de ya casi 32 billones es parte de los desaciertos, conscientes o no, del gobierno de Joe Biden. Los republicanos se niegan a continuar con el excesivo gasto del gobierno y piden un recorte superior a los 4 billones de dólares en los próximos 10 años.