MIAMI.- Cuando posó para una foto en un centro de detención de Arizona, en EEUU, el cubano Eduardo Álvarez recordó aquel día en que su madre, en La Habana, le pedía que alzara su título de Derecho para una foto tras su graduación.
El amor por las leyes le llevó a estudiar una carrera cuyo ejercicio representa una utopía en Cuba. Dentro de una isla donde muchos jóvenes aspiran a trabajar en restaurantes o en hoteles por el beneficio de las propinas, Eduardo fue testarudo: eligió una carrera universitaria que le daría dolores de cabeza y menos ingresos que los del portero de un hotel o un chofer de autos de turismo.
No tardó en encontrarse amenazado por un sistema que arremete contra la democracia. Desde la invalidación de su título universitario, pasando por advertencias, citas de la policía política y una golpiza, el régimen le dejó claro que pensar diferente y defender sus ideas no era una opción en esa isla caribeña.
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Una de las citaciones a Eduardo Álvarez por parte de la policía política en Cuba.
Cortesía/Eduardo Álvarez
El joven de 28 años sabía “que todo era un engaño, una farsa”. Como suele ocurrir, “por tratar de luchar por mis derechos en mi país, fui víctima del sistema socialista, de la dictadura que existe en Cuba”.
Debido a “las manifestaciones que realicé, y estar en contra del gobierno, provocó que fuera perseguido, que fuera golpeado por la policía, que fuera expulsado de mi trabajo, que fuera anulado como profesional del Derecho, que fuera anulado completamente como persona”.
Cuando le inhabilitaron su título universitario sintió “la frustración de haber estudiado algo que amo y nunca más poder ser un profesional en mi país, quedar como una lacra, rechazado completamente”.
Ese día no se borra de su memoria. “Uno de los requisitos era firmar esa invalidación, y yo me negué”, dijo. Pero “el agente de la Seguridad del Estado, junto con el jefe de sector de mi localidad, me presionaron en mi propia casa; fui amenazado delante de mis padres. Y mi madre sintió tanto temor que fue ella la que firmó, sin yo saberlo”.
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A la izquierda, su título de licenciatura en Derecho. A la derecha, el documento emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se informa de la inhabilitación del título de Eduardo Álvarez.
Cortesía/Eduardo Álvarez
No solo se vio ante “citaciones a la policía para mantener un control sobre mí”. En junio del 2018 fue “víctima de una golpiza policial, junto a mi esposa, cuando fui a retirar unas mercancías que había enviado hacia el país. Me decomisaron mis cosas, intenté reclamar, y lo único que provocó fue que nos detuvieran en una estación de policía y continuaran el asedio”.
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Certificados médicos de Eduardo Álvarez y Elizabetty León tras ser revisados por un médico, en junio de 2018.
Cortesía/Eduardo Álvarez
En 2019 puso algo de ropa en una mochila y tomó un vuelo a México junto a su esposa, Elizabetty León. No ha vuelto a ver a sus padres desde la mañana del 17 de abril del 2019 en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. Se tomaron varias fotos ese día, imágenes que sus padres compartieron con este medio.
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Eduardo Álvarez junto a su esposa Elizabetty León, el 17 de abril del 2019 en La Habana, antes de partir a México.
Cortesía/Eduardo Álvarez
Sin embargo, no se arrepiente de la azarosa travesía por varias zonas de México, ni de la espera por su turno para entrar a EEUU. Mucho menos de su estancia por varios meses en centros de detención de inmigrantes, primero en Arizona y ahora en Texas. Solo se arrepiente, como dijo, “de haber nacido en una cárcel, de ver a mis padres llorar porque sabían que cada citación policial era un golpe más”.
En México, recordó, decidieron esperar durante seis meses “porque eran los procedimientos que habían establecido las autoridades de inmigración de EEUU en conjunto con las autoridades de México. Tuvimos la experiencia de ver personas que cruzaban ilegalmente y nosotros decidimos entrar de una manera organizada, como estaba establecido por la ley”.
“Entramos el 12 de octubre de 2019 por Nogales (Sonora), en México, hacia Nogales (Arizona), EEUU. Ahí no tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista de miedo creíble. Las autoridades de CBP [Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés] nos trasladaron directamente a un centro de detención y nos hicieron ver a un juez sin tener derecho a ver a un oficial de asilo”, explicó Eduardo.
Por varios meses estuvo en La Palma Correctional Center, Arizona, a poca distancia de otro centro donde se encontraba su esposa. Allí las cortes se realizaban de forma dilatada, según contó. “Llegué el 13 de octubre y mi primera corte se hizo el 31 de diciembre de 2019”.
Las condiciones en ese centro de detención eran “las de una prisión federal: celdas de dos personas, de unos tres metros por tres. Compartíamos baño, la sala de televisión, de juegos”.
Ya con la fecha de su corte fijada para el 2 de abril, hubo un incidente en la prisión, donde compartía espacio con presos comunes, y lo montaron a un avión junto a otros detenidos el 9 de marzo para trasladarlo a IAH Secure Adult Detention Facility, en Livingston, Texas.
Allí, relató, está en una celda con “24 personas en aproximadamente 20 metros cuadrados. Compartimos los servicios del baño, la ducha, las mesas donde comemos. Las camas están a menos de dos metros una de otra”. Es por eso que le preocupan las condiciones de la prisión y el peligro que representa la llegada de nuevos detenidos, en momentos en los que las prisiones están teniendo cada vez más casos de COVID-19.
“La situación está difícil. Hay dos detenidos que se declararon en huelga de hambre y uno se tragó una cuchilla”, contó el joven, y agregó que “ahora están poniendo cada vez menos comida y para no irme a dormir con hambre me tomo una sopa que compro aquí”. Además, dijo que “los guardias usan nasobucos cuando pasan los jefes, y en otros momentos no los usan”.
Su nueva fecha de corte es el 7 de mayo, pero le preocupa que los tiempos de espera y las complicaciones sigan en aumento.
La abogada María Herrera Mellado, de Kivaki Law Firm, en Miami, dijo que “en estos momentos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solo ha pospuesto las audiencias de aquellos inmigrantes que no se encuentran detenidos hasta el 1 de mayo del 2020”.
“En Texas, concretamente, las cortes de Conroe y Houston sí reciben escritos, peticiones y notificaciones de los abogados de inmigración en relación a los casos de detenidos, mientras que en la corte de S. Gessner Road, también en Houston, sólo reciben documentación, pero no se celebran audiencias”, aclaró.
En torno al caso de Eduardo Álvarez, indicó que “lo más recomendable es que hable directamente con el agente de ICE a su cargo para ver si podría pedir un permiso de salida o ‘parole’ por razones humanitarias, ya que la pandemia del coronavirus pone en peligro la salud de muchos detenidos”.
“Por lo contrario, podría pedir una audiencia de fianza y le recomendamos que tramite su solicitud de asilo lo antes posible”, puntualizó la abogada.
En una entrevista telefónica posterior, ante la pregunta sobre las solicitudes para hablar con un agente de ICE, Eduardo afirmó que “todas las semanas mando mensajes al oficial de ICE y no me responden. Solo han atendido a quien se declara en huelga de hambre”.
Según un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), “desde la aparición de reportes de la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19, por sus siglas en inglés), epidemiólogos de ICE han estado rastreando el brote, actualizando regularmente protocolos para la prevención de infección y control, como también emitiendo guías para el personal del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE (IHSC, por sus siglas en inglés) para la examinación y el manejo de una posible exposición entre detenidos”.
Eduardo aguarda en silencio. Habla poco, obedece a los oficiales de la prisión y cada noche, antes de dormir, estudia los detalles de su petición de asilo, como el abogado que se alista para defender un caso, como el abogado que ya no tiene, pues al ser trasladado de Arizona a Texas perdió la representación legal con la que contaba.
Sobre este cambio, la abogada Kristy Figueroa-Contreras explicó que “el traslado de un detenido de inmigración de un centro de detención a otro es siempre caótico y frecuentemente perjudicial para el detenido, ya que implica el traslado de su caso a un nuevo tribunal de inmigración, ante un nuevo juez”.
“Es como empezar de cero. Y aunque un abogado de inmigración de Arizona, en teoría, podría representar a su cliente en Texas, la mayoría no estaría dispuesta a hacerlo sin cobrar una suma significativa de honorarios adicionales”, acotó la letrada.
Eduardo espera “que se haga justicia” para retribuir a EEUU “cumpliendo con todas las normas de la comunidad y la sociedad norteamericana, el país de la democracia, que lucha porque los derechos de los ciudadanos y de las personas que viven en él se cumplan estrictamente”.
“Desde aquí me he brindado para donar sangre para todas esas personas que lo necesiten. Si puedo hacer algo por este país, lo voy a hacer”.
