sábado 9  de  noviembre 2024
Polémica

¿Aliviar sanciones sin cambios específicos? 

Expertos en economía y asuntos políticos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro sugieren "prudencia", antes de dar cualquier paso que pueda conducir a cualquier tipo de alivio de sanciones
Por EUGENIO G. MARTÍNEZ

Eugenio G. Martínez / @puzkas

La posibilidad que Estados Unidos flexibilice ciertas sanciones al régimen de Nicolás Maduro, por razones humanitarias, debe ser evaluada con prudencia, aconsejan expertos.

En el más reciente informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Venezuela, promovido por el Atlantic Council, se evalúan las propuestas de programas humanitarios financiados con petróleo para Venezuela que compiten entre sí, y se establecen una serie de recomendaciones generales.

“Las sanciones son sencillas de imponer, pero muy complicadas de levantar”. Esa frase corresponde al exprocurador general especial del Gobierno Encargado José Ignacio Hernández y resume a la perfección la complejidad del tema.

En el informe elaborado por Hernández, Francisco Monaldi del Instituto Baker y Patricia Ventura del IPD, entre otros, se explica que se requiere “un acuerdo político entre las fuerzas democráticas venezolanas y la administración de Maduro para cualquier marco humanitario financiado con petróleo (…) Si bien actualmente están suspendidas, las negociaciones con la mediación de Noruega ofrecen un espacio único de creación de consenso para lograr dicho acuerdo.

Para estos especialistas resulta indispensable que se hagan públicos “el marco humanitario, incluidos sus detalles específicos sobre el diseño de la estructura de gobierno, los mecanismos de transparencia y los roles de los actores participantes” de un eventual acuerdo para apoyar al pueblo venezolano.

Adicionalmente se indica que cualquier “marco humanitario financiado con petróleo para Venezuela debe enmarcarse en los principios humanitarios internacionalmente reconocidos. El programa buscaría financiar la ayuda humanitaria con recursos petroleros, como parte del alivio que requiere la compleja emergencia humanitaria de Venezuela. Las principales áreas de atención para la ayuda inmediata deben ser el suministro de agua, así como la generación y transmisión de energía (…) Como resultado, todas las transacciones del programa, desde las ventas de petróleo hasta la distribución de ayuda humanitaria, deben cumplir con los principios humanitarios generales, como la neutralidad, la imparcialidad y la independencia”.

Objetivo

Por otra parte, advierten que inicialmente un programa humanitario “no debe tener como objetivo abordar los desafíos estructurales en la industria petrolera de Venezuela o la economía en general, ni facilitar acuerdos público-privados con la administración de Maduro (…) Esto no significa, sin embargo, que los programas futuros no puedan tener un enfoque más amplio que ayude a reconstruir sectores clave de la economía venezolana”.

Los expertos del grupo de trabajo del Atlantic Council desaconsejan implementar en Venezuela el programa de Naciones Unidas ‘Petróleo por Comida’ que se ejecutó en Irak.

Entre las razones se explica que el programa “dependía demasiado del gobierno de Irak, que tenía incentivos para aumentar el apoyo político mediante la distribución de ganancias económicas a través del desvío ilícito de recursos (…) Los mecanismos de supervisión ejecutados por la ONU carecían de capacidad de hacer cumplir las conductas oportunistas e ilícitas del gobierno iraquí. Como resultado, la capacidad de rendición de cuentas del programa fue defectuosa, incluso cuando se establecieron instituciones de supervisión sofisticadas en papel”.

Además, se advierte que “las tareas que asumió la ONU superaron sus capacidades institucionales y revelaron prácticas de adquisición inconsistentes. La experiencia de Irak demostró que la intervención humanitaria de las organizaciones internacionales podría fallar debido a la limitada capacidad de supervisión y ejecución de esas organizaciones (…) El programa fue concebido como un alivio temporal, pero duró casi ocho años. Este cronograma demasiado extenso para un programa diseñado con horizontes de tiempo más cortos provocó mayores desafíos de gobernabilidad, el debilitamiento gradual de los mecanismos de supervisión del programa y sobornos”.

El grupo también desaconsejó la implementación de la propuesta presentada por la organización Petróleo para Venezuela, liderada por el economista Francisco Rodríguez, que presentó crear un programa de importación de petróleo por ayuda humanitaria.

En el informe se explica que “uno de los objetivos declarados de Petróleo para Venezuela es agilizar el mecanismo utilizado en Irak para protegerse contra la burocracia excesiva y los retrasos en la implementación y, al mismo tiempo, reducir la corrupción”.

Sin embargo, para los expertos la propuesta “requeriría la creación de una estructura institucional compleja para manejar un gran programa que pueda tener un impacto a nivel nacional y atender las necesidades humanitarias de las poblaciones más vulnerables de Venezuela.

Rodríguez argumenta convincentemente que, sin una junta administrativa con frenos y contrapesos —como el que él propone—, el programa podría verse socavado por prácticas de corrupción como las que se observaron en el caso iraquí”.

Con relación a estos comentarios, el economista Francisco Rodríguez sostuvo que el informe del Atlantic Council “es encomiable en muchos sentidos. La revisión de experiencias pasadas es minuciosa, su análisis de las propuestas actuales brinda información importante y comparto muchas de sus recomendaciones generales. Sin embargo, me temo que en su esencia se encuentra una recomendación que es fatalmente defectuosa. De hecho, creo que, si los formuladores de políticas siguen algunas de las recomendaciones centrales del informe, corren el riesgo de crear un programa que no contribuirá a abordar de manera efectiva la emergencia humanitaria de Venezuela e incluso podría terminar dirigiendo fondos adicionales sin supervisión a manos del gobierno de Maduro”.

Rodríguez advirtió que se necesita “un debate y una discusión cuidadosos de estos temas antes de que las autoridades estadounidenses adopten algunas recomendaciones que podrían tener graves consecuencias adversas (…) El problema clave del informe del Atlantic Council, en mi opinión, radica en su recomendación explícita contra la creación de una estructura de gobierno con plena autoridad sobre la generación y el uso de los recursos creados bajo el programa. En nuestro informe de 2019 ‘Un Acuerdo Petrolero Humanitario para Venezuela’, recomendamos que cualquier programa de intercambio de petróleo por bienes esenciales debería estar a cargo de una Junta Administradora nacida de un acuerdo político que tendría la autoridad para supervisar la venta de petróleo, la adquisición de bienes en el mercado internacional y la distribución de estos bienes entre los venezolanos.

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