Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU), escuchó los argumentos a favor y en contra de la Acción Diferida para Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), beneficio migratorio al que tendrían acceso más de 5 millones de inmigrantes indocumentados en el país.
El abogado de Inmigración Charles Kuck, precisó que aunque la audiencia no era decisiva para el futuro de estos programas concedidos por el Presidente Barack Obama, sí dejaría ver lo que podía avecinarse para los próximos meses.
“Soy optimista; creo que en junio vamos a tener las noticias que todos hemos estado esperando”, indicó a MundoHispánico.
Para Kuck, después de haber seguido las presentaciones tanto de los detractores de DAPA y DACA, como de sus promotores, existe un 50 por ciento de probabilidad de que los beneficios puedan entrar en vigor este mismo año.
“Obviamente, si ganan los republicanos, van a querer quitar el programa; y, si ganan los demócratas, es seguro que lo extenderían. Todo depende de quién quede”, puntualizó.
En ese sentido, Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), se mostró "cautelosamente optimista" de que al menos cinco jueces "pondrán a un lado la politiquería y actuarán con cordura y entereza, retornándole el poder a la rama ejecutiva y ofreciéndole un futuro próspero a millones de familias".
"El futuro de millones de familias se decide en esta audiencia y por eso es tan importante que nuestra comunidad alce la voz y presente su mejor argumento del porqué somos buenos para esta nación", declaró Cabrera a Efe.
Asimismo, Thomas Sáenz, presidente y abogado general del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF, en inglés), quien presentó una moción de apoyo a las medidas de Obama ante el Supremo, también pidió una decisión que "permita a la Administración ofrecer alivio" a los indocumentados que "construyen sus familias y contribuyen a la prosperidad de nuestra nación".
Cristóbal Alex, presidente de Latino Victory, consideró que Obama actuó "dentro de la ley y siguió la dirección de muchos presidentes anteriores que antes que él usaron su autoridad para establecer prioridades de inmigración".
Marielena Hincapié, del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC, en inglés), aseguró que el caso va más allá "de una teoría legal".
"Es acerca de Mercedes, cuyas hijas deberían poder vivir libres del miedo de que perderán a otro padre por la deportación, es acerca de Antonio, que sueña con una carrera dedicado a invertir en la juventud de Sacramento, y es acerca de Jong Min, que no conoce otro hogar, pero no tiene los papeles para demostrar que es un estadounidense", argumentó Hincapié.
Algunos activistas, como Lissette Castillo, representante de Comunidades Organizadas Contra las Deportaciones (OCAD, en inglés), de Illinois, destacaron cómo la realidad de las deportaciones golpea a las familias.
"Es muy bueno que se estén analizando las medidas y deliberando sobre las acciones ejecutivas para que haya la posibilidad que pueda darse un alivio para tantas familias, pero también es importante tocar el tema de las deportaciones que se están viviendo actualmente", declaró Castillo a Efe.
Mientras la Corte escuchaba los argumentos, José Juan Moreno, un mexicano padre de cinco niños estadounidenses disfrutaba del refugio que le concedió una iglesia de Chicago para evitar su deportación.
"Me siento mal por mi familia, pero a la vez tengo que ser fuerte y luchar por ellos. Mis hijos me necesitan, quiero verlos crecer, quiero estar al lado de ellos en este país que los vio nacer", declaró a Efe Moreno.
Aunque en Houston (Texas), las manifestaciones programadas tuvieron que ser suspendidas por las fuertes inundaciones en la ciudad, los activistas latinos manifestaron su apoyo a las medidas.
"Estamos confiados en la solidez de los argumentos legales de la administración Obama y estamos esperanzados en que la respuesta va ser favorable para la comunidad inmigrante", declaró a Efe Carlos Duarte, director para Texas del grupo Mi Familia Vota.
En Arizona, también las organizaciones activistas defensoras de los inmigrantes participaron en manifestaciones para apoyar a los indocumentados.
"Sabemos que estamos en el lado correcto de la ley. Esto le daría la oportunidad a muchas familias en todo el país de estar libres de la deportación y de poder tener una vida con un poco más de paz", declaró a Efe el activista Christian Ávila.
Las voces en contra de las medidas también se escucharon
Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración, consideró que estas medidas ejecutivas de Obama son diferentes a las que tomaron los expresidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush.
"Las medidas de Reagan y Bush (padre) fueron intentos modestos de cumplir fielmente la legislación debidamente promulgada por el Congreso. El decreto de amnistía planeado por Obama es 'cesarismo', puro y simple", argumentó Krikorian.
Y mientras algunos observadores prevén un empate en la decisión de los ocho jueces del Supremo los activistas hispanos destacan el sufrimiento de los indocumentados y sus hijos hasta que no se apruebe un alivio migratorio.
"Cada día que pasa y no se decide este caso obligamos a millones de familias a zozobrar en la incertidumbre y a más años de trato indigno e inhumano", afirmó el portavoz de CHIRLA.
LEA TAMBIÉN:
