WASHINGTON — El presidente Joe Biden ordenó desclasificar en los próximos seis meses documentos todavía secretos de la investigación gubernamental sobre los ataques terroristas del 9/11.
Biden responde así a la presión de las familias de algunas de las aproximadamente 3.000 personas asesinadas por Al Qaida el 11 de septiembre de 2001.
Las familias han argumentado largamente que los documentos clasificados podrían contener evidencia de que el gobierno de Arabia Saudí, un aliado cercano de Estados Unidos, tuvo vínculos con los secuestradores que volaron e impactaron aviones dentro del World Trade Center y el Pentágono
"Hoy firmé una orden ejecutiva pidiendo al Departamento de Justicia y a otras agencias relevantes supervisar una revisión de documentos desclasificados relacionados con las investigaciones del FBI sobre el 11 de septiembre", dijo Biden en una declaración. La desclasificación debe tener lugar "durante los próximos seis meses".
"Nunca debemos olvidar el dolor duradero de las familias y seres queridos de los 2.977 inocentes que fueron asesinados durante el peor ataque terrorista contra Estados Unidos en nuestra historia", señaló Biden.
El decreto emitido a una semana antes del vigésimo aniversario de los ataques, marca un momento significativo en el forcejeo de años entre el gobierno y las familias sobre cuál información clasificada sobre los días previos a los ataques podía ser publicada. El conflicto fue evidente el mes pasado, cuando unos 1.800 familiares, sobrevivientes y socorristas se opusieron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos si los documentos seguían secretos.
“Los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadounidenses”, dice la orden ejecutiva. “Es por tanto crítico asegurarnos de que el gobierno de Estados Unidos maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando sea necesario y esté estrechamente definida”.
La orden le instruye al Departamento de Justicia y a otras agencias del Poder Ejecutivo que comiencen una revisión de desclasificación y requiere que los documentos desclasificados sean publicados en los próximos seis meses.
Aun así, el impacto de la orden ejecutiva y de cualquier nuevo documento que pudiera arrojar no estaba claro por el momento. Investigaciones previas han delineado vínculos entre ciudadanos saudíes y algunos de los secuestradores de los aviones, pero no han establecido que el gobierno saudí haya estado involucrado directamente.
Una demanda presentada hace tiempo en un tribunal federal en Nueva York dice que funcionarios saudíes dieron un respaldo significativo a algunos de los secuestradores antes de los ataques y busca responsabilizar al reino. El gobierno saudí ha negado cualquier vínculo con los atentados.
Quince de los secuestradores eran saudíes, al igual que Osama bin Laden, cuya red de Al Qaeda estuvo detrás de los atentados. El escrutinio se ha centrado en el apoyo ofrecido a los dos primeros secuestradores que llegaron a Estados Unidos, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, incluido el de un ciudadano saudí vinculado al gobierno saudí que ayudó a los hombres a encontrar y alquilar un apartamento en San Diego y que ya había atraído la atención del FBI.
Aunque se han publicado muchos documentos que examinan los posibles vínculos con Arabia Saudí, los funcionarios estadounidenses han considerado durante mucho tiempo otros registros como demasiado sensibles para su divulgación. El jueves, las familias de las víctimas y los sobrevivientes instaron al inspector general del Departamento de Justicia a investigar la aparente incapacidad del FBI para localizar las pruebas clave que han estado buscando.
FUENTE: Con información de AFP y AP
