MIAMI – Un caos que podría acelerar el colapso del sistema judicial migratorio en Estados Unidos actualmente atascado con más de 2 millones de casos, es lo que expertos prevén sucedería en la frontera sur si la administración del presidente Joe Biden levanta la orden de salud pública conocida como Título 42.

El número de migrantes detenidos en ese punto fronterizo ha ido en aumento desde la llegada de Biden a la Casa Blanca con cifras sin precedentes en las últimas décadas, números que el mismo gobierno reconoce mientras se prepara para recibir una nueva “oleada”, tras anunciar la derogación de la medida sanitaria Título 42 que entró en vigor en 2020 desde el inicio de la pandemia durante la administración de Donald Trump, lo cual, en su momento, contuvo la migración irregular.

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Pese a la medida, las cifras de migrantes siguen en aumento, el argumento empleado para entrar al país es solicitud de “asilo”. En marzo, 221.303 personas fueron detenidas en la frontera sur, un incremento del 33% respecto a febrero, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

La Casa Blanca anunció que, para el 23 de mayo, durante la primavera - una estación donde incrementa la migración -, llegará a su fin las restricciones al Título 42

La abogada María Herrera Mellado, experta en Inmigración, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que Estados Unidos está viviendo momentos muy dramáticos por la llegada desordenada y masiva de inmigrantes que ha generado una crisis en la frontera y mantiene en condiciones de hacinamientos los Centros de Detención ante la ola migratoria.

“Los detenidos están viviendo unas condiciones penosas, estamos hablando del hacinamiento de detenidos, hay denuncias de que no les está permitido a los detenidos ducharse más de una vez cada cinco días, que no hay suficiente comida, no hay capacidad para gestionar las entrevistas de medio creíble, y el protocolo de protección de inmigrante a tiempo, en fin, esto es un verdadero caos”, aseveró.

Amenaza a la seguridad nacional

En una reciente entrevista sobre la crisis en la frontera, el exjefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Emilio González, definió la política de Biden en materia migratoria, como de “fronteras abiertas” y una amenaza a la seguridad nacional.

En ese sentido Herrera dijo que durante el año fiscal 2020-2021 la CBP “identificó la entrada de 23 terroristas. Lo que veo es que esto va a ser un absoluto caos que ya de por si [ha] colapsado el sistema judicial porque tenemos por encima de los 2 millones de casos en las Cortes con tan solo 500 jueces asignados”, acotó

“Incluso se está dejando entrar a personas sin hacerles la entrevista de medio creíble que esto supone no solo va a ser un reto al sistema judicial de los EEUU, y por supuesto un impacto en el bolsillo de los contribuyentes”, subrayó la experta.

La abogada sustenta sus argumentos en el hecho de que los trámites de asilo están tardando años en ser resueltos debido al alto número de casos, igual los trámites para gestionar los permisos de trabajo. Y en el aspecto económico “muchos de los migrantes dependen de las ayudas sociales, de las estampillas de alimentos, el medicare, y las consecuencias a mediano y largo plazo van a ser devastadoras para los Estados Unidos”, debido a la carga social.

“Las previsiones hablan del posible incremento de la migración de hasta el 40% en primavera en cuanto se levante el Título 42, que ha sido un freno mínimo porque esta administración ha estado determinada a dejar entrar a todo el mundo que llegase, lo dijo el secretario de Seguridad [Interna Alejandro] Mayorkas, la vicepresidenta Kamala Harris, y lo dijo el presidente Biden que quieren darle un trato humanitario a los inmigrantes, repeler el Protocolo de Protección de Inmigrante, y atender a todos los niños no acompañados”, aseveró la experta en inmigración.

Ese mensaje y las políticas migratorias de la actual administración son consideradas como un incentivo a la inmigración irregular. “El caos que impera en la frontera es consecuencia de las políticas y el efecto llamado que ha creado esta administración”, afirmó Herrera.

Objetivo de la administración

“Es acabar con todas las políticas que estableció el expresidente Donald Trump, demostrarle al mundo que Estados Unidos es un país de fronteras abiertas que abraza la inmigración ya sea legal y ordenada o ilegal y desordenada, prueba de ello es que han entrado 600.000 personas por nuestra frontera, se sigue flexibilizando nuestra política de Inmigración, y evidentemente el interés de grupos que reciben dinero federal para tramitar estos casos (para ayudar a migrantes en Cortes), gente que vive de esto, personas que se hacen pasar por abogados, grupos de presión hacia la Casa Blanca que entienden que Estados Unidos necesita inmigrantes ya sea que entren de forma legal e ilegal y esta administración se esta dejando llevar por todas esas presiones y le interesa que la cara de la Casa Blanca ante el mundo sea una imagen humanitaria sin tener en cuenta las consecuencias de seguridad nacional para el país y sobre todo [sin tomar en cuenta] las violaciones de derechos [humanos] que se están produciendo porque no hay la capacidad de procesar los casos de los inmigrantes que están entrando, casi 18.000 personas diariamente”, apuntó la experta.

La razón de pedir asilo

“Porque es la manera de entrar a este país de forma rápida en un plazo de horas o par de días, saben que es la única manera que los van a dejar entrar al país argumentando que son perseguidos”, aseveró Herrera.

Pero recurrir a la solicitud de asilo sin tener los méritos podría ser un fraude.

El exdirector de USCIS explicó que el asilo político es para personas que son perseguidos en sus países. Pero es el argumento que emplean los migrantes en los puestos fronterizos para ingresar a Estados Unidos aunque no tengan mérito para solicitarlo.

“Estoy más que convencido de que las personas que estamos viendo llegar a la frontera han sido entrenados en cómo actuar, qué decir”, aseveró el exdirector de USCIS.

Herrera reveló que ha habido casos de personas que una vez que están en los centros de detención han tenido que reconocer que no son perseguidos políticos y que llegan por “circunstancias coyunturales, económicas, falta de oportunidades, corrupción, narcotráfico, esa es la realidad que estamos viviendo, la anterior administración lo habló claro y alto y la administración de Barack Obama fue el presidente que más millones de personas deportó en la historia de los Estados Unidos”.

Negocio del crimen organizado

Para Herrera, el asunto no solo es el fraude que se comete a menudo por los inmigrantes, a su juicio, el mayor problema son los que se aprovechan de la necesidad de los migrantes como “los coyotes, narcotraficantes, traficantes de personas, de los que se hacen pasar por abogados, que les dicen que tienen que decir que son perseguidos, o que es homosexual, que la menor que lleva es su hija, el fraude que se está perpetrando contra nuestras autoridades y nuestro país es gravísimo”, apuntó.

Esa situación está creando reacciones de algunos gobernadores en la frontera como el de Texas, y otros 21 estados que han demandado a la actual administración, mientras se prepara para recibir una nueva oleada de migrantes que se prevé ocurra cuando se levante el Título 42.

Pero el levantamiento de la medida se debate en las Cortes, 21 estados mantienen una demanda contra la administración Biden.

Herrera sostiene que la solución a la crisis migratoria pasa por el respeto al estado de derecho, “que la administración aplique la Ley de Inmigración tal y como está escrita, aplicar las últimas decisiones de los tribunales que indican que el programa ‘Quédate en México’ no puede ser eliminado, el gobierno no ha hecho nada para justificar cuál es el razonamiento para eliminar esta política que funcionó”.

“Se debe respetar la voluntad de los estadounidenses, las últimas encuestas revelan que más del 60% quieren un país de frontera segura y no frontera abiertas”.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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