DENVER.- La Cámara de Representantes de Colorado aprobó este lunes un proyecto de ley que, una vez que entre en vigor, permitirá a las fuerzas del orden o familiares de personas con problemas de salud mental obtengan autorización judicial para incautar las armas de fuego en posesión de esos individuos.

La ley HB19-1177, conocida como "Señal de Alerta", permitirá que, a partir del 1 de enero de 2020, familiares o policías se presenten ante un juez e indiquen que existe "evidencia clara y convincente" que una cierta persona representa un riesgo para ella o para otros por el posible uso violento de armas de fuego de su propiedad.

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Si el juez acepta el pedido, se inicia entonces un proceso de investigación, que incluye dos audiencias, que puede derivar en una "orden de protección por riesgo extremo" (ERPO, en inglés).

Esa orden, a su vez, permite incautar las armas de la persona cuya situación mental o emocional ha sido cuestionada y considerada como "peligrosa", según establece el proyecto de ley, que el gobernador de Colorado, Jared Polis, ya indicó que firmará.

La retirada de las armas es temporal (con un plazo máximo de 354 días) y solamente puede ser extendida si se inicia un nuevo pedido.

La ley establece severas sanciones para quienes presenten "pedidos falsos o maliciosos" de confiscación de armas de sus familiares. En esos casos, la persona afectada tiene el derecho a ser indemnizada y a ser compensada por los costos de abogados y de la corte.

El fiscal estatal de Colorado, Phil Weiser, respaldó públicamente la nueva ley y afirmó en un comunicado que "el derecho a portar armas garantizado por la Segunda Enmienda no es absoluto".

"Tengo la confianza de que, cuando llegue el momento, todos los oficiales de las fuerzas del orden cumplirán con esta ley", expresó el fiscal.

Pero los alguaciles en casi la mitad de los 64 condados de Colorado declararon a sus jurisdicciones como "santuario" en donde no se hará cumplir la nueva ley, porque, en su opinión, es inconstitucional por incumplir la Quinta Enmienda de la constitución estadounidense que prohíbe "quitarle la vida, la libertad o la propiedad a una persona sin el proceso debido".

E incluso un alguacil afirmó que prefiere ir preso en vez de cumplir con la HB19-1177.

"Obviamente, ningún alguacil quiere ser confinado en su propia cárcel, pero, si eso es lo que se necesita para modificar esta ley, creo que es el sacrificio que haré o que me veré forzado a hacer", declaró este lunes a medios locales el alguacil Steve Reams, del condado de Weld, en el norte del estado.

FUENTE: EFE

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