El congresista Mario Díaz-Balart.
DLA / RAYMON RODRÍGUEZ Fotografía de archivo del 30 de marzo de 2021, en la que aparecen decenas de niños acostados en una instalación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Donna, Texas, el principal centro de detención para migrantes menores de edad que cruzaron la frontera sin estar acompañados por adultos.
AP/Darío López-Mills, Pool Varios adolescentes y niños migrantes esperan su turno en un sitio de procesamiento dentro de un centro de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en Donna, Texas, 30 de marzo de 2021.
AP/Darío López-Mills, archivo Migrantes, la mayoría centroamericanos, caminan por un río al llegar a la frontera en Roma, Texas.
AP/Dario Lopez-Mills/ArchivoMIAMI - Para el congresista republicano Mario Díaz-Balart los hechos registrados en la frontera sur de Estados Unidos están generando una crisis humanitaria sin precedente, con un alto costo económico y un problema para la seguridad nacional del país.
Según datos por confirmar, se estima que más de 22.000 menores sin acompañantes mayores son acogidos por el Gobierno demócrata de Joe Biden. Solo en febrero 100.000 migrantes fueron detenidos en la frontera y en marzo la cifra casi se duplicó con 171.000, entre ellos 19.000 menores. Las cifras de abril aún se desconocen, por lo que se estima que más de 350.000 han ingresado al país en estos meses.
Y todo esto cuesta dinero al fondo público. Desde febrero, el Gobierno federal ha firmado contratos con empresas por 3.000 millones de dólares para alojar los menores, según un despacho de la agencia AP.
Además, el flujo de migrantes es propicio para el tráfico humano, el trasiego de drogas y armas, así como abusos contra menores, e incluso el ingreso de personas que pudieran ser terroristas.
“Sin dar mucho lujo de detalle porque no puedo. Se ha reportado que algunos terroristas han sido descubiertos al cruzar la frontera sur. Esto es una crisis realmente sin precedentes, la administración ha estado negando que existe (la crisis) hasta que salieron los videos”, señaló el congresista Díaz Balart.
Y es que la administración Biden ha tratado de minimizar la importancia de la crisis. Tal como sucedió en la administración anterior, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) ha negado a la prensa acceso a los albergues, aduciendo esta vez el peligro de contagios del coronavirus y asuntos relacionados con la protección de la privacidad.
“La gran mayoría de los medios estaba repitiendo lo que decía la administración, que esto no es una crisis. Eso ya se ha desenmascarado, pero todavía es difícil tener las cifras y los números reales porque primero evitaba que la prensa viera lo que estaba pasando. No me siento confiado de que los números que estamos recibiendo de la administración son reales, pero los hechos no mienten y vemos lo que está sucediendo y lo que le está costando al contribuyente lo que está sucediendo en la frontera”, argumentó el legislador republicano.
Crisis humanitaria
A juicio del legislador, la situación “fue generada por la administración Biden al relajar las medidas de inmigración y suspender los acuerdos con los países del Triángulo del Norte y México” aprobados durante la anterior administración, que asegura funcionaron.
Explicó que es una crisis con múltiples facetas: “Primero, es una crisis humanitaria, los números son dramáticos, no hemos visto una cifra así en 20 años, desde que estoy en el Congreso nunca hemos tenido una crisis así en la frontera, de esta magnitud”.
“Número dos, esto está ayudando a financiar los carteles, hay una total corrupción al otro lado (México) por los carteles. Son los mismos que trafican con seres humanos, drogas ilícitas, armamento. Son carteles violentos y peligrosísimos, algunos de ellos tienen vínculos con grupos terroristas”, aseveró.
Díaz-Balart sostiene que las víctimas son particularmente los menores, los carteles secuestran a los inmigrantes y cobran cuotas a familiares en Estados Unidos para liberarlos, de lo contrario son asesinados.
“Les ponen unas pulseras para identificar quienes son los que han pagado y que no los van a matar. Esto es crimen organizado”, afirmó.
En Estados Unidos, en los centros de detención, que son atendidos por cuerpos de médicos, profesores y trabajadores sociales, proveen servicios esenciales, como alimentación, educación y cuidado médico, aunque hay imágenes que muestran grandes grupos acumulados en un lugar.
De hecho, la administración de Donald Trump fue severamente criticada por esta práctica, que inicialmente fue instaurada durante el mandato del presidente Barack Obama.
“Dijeron (Gobierno de Biden) que iban a tener una política más humana, esto no es una política más humana, esto es ayudar y financiar a los carteles”, acotó Díaz Balart.
El caso Wilton
Uno de los rostros más visibles de la crisis en la frontera es el de Wilton Gutiérrez Obregón, de 10 años, que viajaba desde Nicaragua con su madre y dos primos, también menores de edad.
Wilton y su madre fueron devueltos a México y cayeron en manos de traficantes.
Misael Obregón, tío de Wilton y padre de los dos menores que no fueron deportados, dijo a los medios que pagó 5.000 dólares por el rescate de su sobrino, pero no pudo pagar el de su hermana por falta de dinero.
Los secuestradores abandonaron a Wilton en un desierto de Texas, donde fue encontrado por la patrulla fronteriza, quienes grabaron al menor pidiendo ayuda en medio del llanto.
Wilton fue alojado en un centro de cuidado para menores, a la espera del reencuentro con su madre, que fue liberada más tarde y recibió asilo en EEUU.
Riesgos a la seguridad nacional
“En los Estados Unidos una persona sin identificación no se debe montar en un avión, pero ahora la administración del presidente Biden está poniendo en aviones a personas sin identificación, no sabemos quiénes son, no sabemos si son personas buenas, decentes o son terroristas. Los están poniendo en aviones y mandando a través de toda la nación, muchos de ellos sin saber si tienen el virus o no, están enviando a menores a reunirse con personas que no se sabe en muchos casos quiénes son”, apuntó.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que supervisa a la patrulla fronteriza, dijo en abril que dejó de emitir citaciones judiciales en algunos casos porque preparar la documentación suele llevar horas.
“Lo que sí sabemos es que los carteles, los traficantes humanos tienen contacto dentro de los Estados Unidos y no sabemos si estos menores son enviados realmente a personas que son sus seres queridos o si son traficantes de seres humanos”, señaló.
Díaz-Balart dijo que a través de informaciones recibidas conoce que muchas personas son puestas en condiciones de casi esclavitud, que trabajan para los carteles estando ya en los Estados Unidos para pagarles por el tránsito de pasar la frontera y son liberados hasta que pagan los costos, una situación que está creando víctimas. “Básicamente son esclavos”, sostuvo.
¿Costo para los contribuyentes?
Aunque se conoce de los contratos firmados por el Gobierno federal por 3.000 millones de dólares, más de 2.000 millones han sido destinados a tres empresas sin una licitación previa. El costo de la crisis migratoria podría ser mayor debido a que la administración ha destinado fondos para trasladar en aviones a migrantes, pagos de hotel y alimentación.
Díaz-Balart dijo que el costo a las comunidades locales es alto “porque estamos hablando de miles y miles de personas están siendo ubicadas en distintas comunidades del país, en muchos casos como han dicho algunos alcaldes y gobernadores, que sin previo aviso y esto es para que la prensa no pueda ver y tratar de minimizar los números en la frontera, lo que están tratando de hacer es distribuir en el país a los inmigrantes lo antes posible sin citas para regresar a Corte, que es una violación a la Ley, el costo real quizás no lo vamos a saber porque la administración esta negando que existe la crisis y eso hace más difícil conocer las cifras reales”, señaló.
En marzo la Casa Blanca ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ayudar con el creciente número de niños migrantes que cruzan la frontera con México ante la saturación de las instalaciones de atención.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidió en marzo a FEMA apoyar los esfuerzos para albergar temporalmente a miles de niños que cruzaron solos la frontera sur.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta el pasado 27 de abril a los jueces de todo el estado solicitando información sobre el impacto financiero del aumento de migrantes que cruzan la frontera, una carga que ha caído en las localidades y el estado.
“Creo firmemente que su condado, nuestro estado y nuestros compañeros tejanos no deberían verse obligados a asumir estos costos, y que el gobierno federal debería reembolsarnos en su totalidad”, escribió el gobernador.
Díaz Balart manifestó que la crisis va a seguir hasta que la administración tome los pasos necesarios para evitarlo.
“Sabemos lo que funciona. Es interesante ver como la administración previa, que critiqué en muchas ocasiones ciertos aspectos sobre la política de inmigración, logró a través de negociaciones con países de Centroamérica y México algunos acuerdos y lograron controlar la crisis, los carteles”, aseguró.
Y añadió: “Sabemos lo que funciona, y eso fue después de meses de negociación y fortaleciendo la seguridad en la frontera. Este presidente ha destruido meses de negociaciones con los países de la región solamente para tratar de decir que las cosas en materia de inmigración mejoraron con él, pero lo que ha generado es una crisis humanitaria sin precedentes”, subrayó el congresista Díaz-Balart.
@FloresJudith7
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