miércoles 18  de  enero 2023
EEUU

Corte Suprema examina la política migratoria de Biden

Tras escuchar los argumentos del gobierno federal y del estado de Texas, la Corte Suprema pronunciará un veredicto antes de finales de junio

WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos en un caso entre el gobierno de Joe Biden, que quiere priorizar la deportación de los migrantes en situación irregular que constituyan una amenaza, y el estado fronterizo de Texas, que se considera perjudicado por la política migratoria de puertas abiertas de Biden.

Fueron más de dos horas de debate en las que los magistrados no parecieron decantarse claramente en favor de ninguna de las partes. El veredicto se conocerá antes de finales de junio.

En septiembre de 2021 el gobierno del presidente demócrata dio instrucciones al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que se centrara en los extranjeros que representaran una amenaza terrorista o criminal o que hubieran llegado recientemente a territorio estadounidense.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alegó que su departamento "no tiene los recursos para detener y expulsar a cada uno" de los 11 millones de "no ciudadanos" en situación irregular, por lo que debe aplicar un criterio de "discrecionalidad".

Un argumento retomado este martes por la procuradora general Elizabeth Prelogar.

"No se trata de reducir la aplicación de las leyes de inmigración, se trata de priorizar los recursos limitados para decir que se va tras la persona A en vez de la persona B", dijo en su defensa del gobierno.

Texas, un bastión del Partido Republicano fronterizo con México que ha enviado migrantes en autobuses a ciudades gobernadas por demócratas debido a la crisis fronteriza y los gastos que representa la migración, lo ve con otros ojos.

Junto con Luisiana presentó una demanda, como suelen hacer todos los estados conservadores contra las directrices migratorias de Biden, y un juez federal bloqueó las nuevas normas migratorias, que según los republicanos suponen más gastos en educación, policía y servicios sociales.

"Los tribunales federales no deberían transformarse ahora en foros abiertos para todas y cada una de las disputas políticas entre los estados y el gobierno nacional", dijo Prelogar.

Prelogar dijo que sería “increíblemente desestabilizador en el terreno” que la corte requiriera semejante cosa. El Congreso no le ha otorgado al DHS fondos suficientes para aumentar enormemente la cantidad de personas que detiene y deporta, dijo el gobierno.

El juez presidente de la Corte, John Roberts, fue uno de los jueces conservadores que respondió enérgicamente a los argumentos del gobierno. “Nuestra tarea es determinar qué dice la ley, no si se la puede o no aplicar o si existen dificultades, y no creo que debamos cambiar esa responsabilidad porque el Congreso y el ejecutivo no se ponen de acuerdo en algo... No creo que debamos hacerles concesiones”, dijo.

El procurador general de Texas, Judd Stone, afirmó que limitar la detención y expulsión a determinadas categorías representa costos a este estado, uno de los puntos de entrada de los migrantes, en su inmensa mayoría latinoamericanos.

"Texas sufre perjuicios, independientemente de lo que haga, ya sea que detenga, libere o ponga en libertad condicional a las personas porque no solo tenemos costos de aplicación de la ley, sino también de servicios sociales y amenazas muy graves de reincidencia", dijo.

"Detenerla en seco"

Las tres magistradas "progresistas" criticaron a Texas por no haber aportado pruebas del daño sufrido. "Tiene que probar el efecto neto de la política y no lo ha hecho", dijo Sonia Sotomayor.

Elena Kagan, una de ellas, fue más allá. "Se supone que la política migratoria es el cénit del poder federal", pero se está creando un sistema en el que algunos estados y tribunales pueden "detenerla en seco, simplemente mostrando un costo en dólares", dijo.

El magistrado conservador Brett Kavanaugh tampoco parece convencido por este argumento y puso como ejemplo que si un presidente declara la guerra, como le permite la Constitución, eso tiene un coste y no por ello se va a poner una demanda.

Estados Unidos vive una seria crisis migratoria debido a los cientos de miles de migrantes que intentan entrar en el país a través de la frontera con México.

Hasta ahora las autoridades bloqueaban a la inmensa mayoría en la frontera invocando una norma sanitaria anticovid heredada de la época de Trump y conocida como Título 42, pero un juez dictaminó que se usaba de forma "arbitraria y caprichosa" y dejará de aplicarse el 21 de diciembre a medianoche.

Más de 227.000 migrantes fueron interceptados en septiembre en la frontera con México y las oenegés estiman que la cifra aumentará en cuanto se levante el Título 42.

De todos modos, las directrices del gobierno de Biden solo se aplican a los extranjeros que entraron en el país clandestinamente antes del 1 de noviembre de 2020.

Si la Corte Suprema da la razón al gobierno podría traer un poco de tranquilidad a las vidas de muchos migrantes que vivieron bajo la amenaza de expulsiones masivas durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump, predecesor de Biden, aunque nunca se concretaron.

Pero este martes el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se preguntó en voz alta si el tribunal debe regirse por el argumento de los recursos. "Nuestro trabajo es decir lo que dice la ley, no si se puede o no implementar, o si hay dificultades", comentó.

FUENTE: Con información de AP y AFP

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