MIAMI.- El Gobierno venezolano no ha formalizado la solicitud de cooperación para que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) viajen a Caracas con el objetivo de colaborar en las investigaciones del supuesto plan magnicidio contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro, que asegura el régimen de la nación sudamericana ocurrió el 4 de agosto pasado, durante un acto militar.

"Como siempre, si un gobierno extranjero desea solicitar el apoyo oficial del gobierno estadounidense en investigaciones, dicho pedido deberá efectuarse por las vías establecidas para tal fin", dijo un vocero del Departamento de Estado a DIARIO LAS AMÉRICAS.

El 4 de agosto, mientras Maduro participaba en un acto militar en el centro de Caracas, dos drones con cargas explosivas detonaron cerca de la tarima presidencial. Uno de los aparatos estalló en las inmediaciones de un edificio y el otro fue derribado.

Ese mismo día, en cuestión de horas, Maduro responsabilizó directamente al ahora expresidente colombiano Juan Manuel Santos y a Estados Unidos de participar en la conspiración para asesinarlo.

El mandatario luego rebajó el tono frente a Washington y pidió a la Casa Blanca que colaborara con las pesquisas. Maduro ha insistido en que EEUU busca derrocarlo, pero al mismo tiempo busca maneras de mejorar la relación con ese país.

“Si el gobierno de EEUU ofreciera y ratificara su ofrecimiento de cooperación del FBI para la investigación de los vínculos de la Florida con el plan del asesinato y el atentado terrorista del 4 de agosto, yo lo aceptaría”, señaló Nicolás Maduro.

“Yo estaría de acuerdo que venga el FBI y participe en la investigación”, declaró el gobernante.

Desde la reunión que el 8 de agosto el canciller venezolano, Jorge Arreaza, sostuvo con el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, James Story, para solicitar la colaboración con la justicia venezolana, Caracas no ha presentado “evidencia creíble” del plan contra Maduro ni ha elevado sus requerimientos de manera formal.

En todo caso, un eventual arribo de agentes del FBI a Venezuela está lejos de materializarse, sobre todo, por el rechazo de la Casa Blanca a prestarse a un eventual espectáculo mediático del gobierno venezolano que distraiga los temas realmente importantes como la crisis económica y social.

“Estados Unidos investigará las actividades ilegales que se produzcan dentro de sus fronteras, si el Gobierno de Venezuela proporciona pruebas legítimas”, zanjó el portavoz interrogado sobre si se había ejecutado alguna detención o procedimiento en vista de las acusaciones de Maduro.

Las autoridades venezolanas hicieron especial énfasis en uno de sus ciudadanos, Osman Delgado Tabosky, radicado en Miami, quien presuntamente planificó y dirigió vía radiocomunicaciones el atentado desde esta ciudad, por lo que ha solicitado su extradición de manera verbal.

Durante un programa de televisión un día después de lo ocurrido a Maduro, el Consejero de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, negó que su gobierno haya participado en estos hechos. El alto funcionario dijo que estaba abierto a ayudar en la investigación, aunque se mostró escéptico frente a lo ocurrido.

Una Orden Ejecutiva que data de 1976 emitida durante la administración de Gerald R. Ford, prohíbe a la comunidad de inteligencia y al propio presidente de EEUU, participar en planes de asesinatos de líderes políticos o jefes de estado extranjeros, al menos que sean un riesgo inminente a la seguridad nacional.

Sin interés de asistencia

En otras ocasiones ha sido el propio gobierno estadounidense el que ha ofrecido la colaboración del FBI para resolver atentados o ataques ocurridos en el exterior. En 2014, Washington se comprometió enviar a Chile una delegación de agentes federales que ayudarían a investigar un atentado con explosivos en Santiago.

A principios de enero de 2018 la Embajada de EEUU en Quito propuso a las autoridades de Ecuador el envío de un equipo del FBI que facilitaría la investigación del ataque de un grupo disidente de la guerrilla colombiana de las FARC en ese país.

La cooperación policial y antidrogas entre Venezuela y Estados Unidos ha sido limitada e inconsistente desde 2005, cuando el entonces mandatario Hugo Chávez expulsó a la DEA de esa nación. Más allá de una escasa asistencia cuando se trata de operaciones concretas que implican a terceros países, o el trabajo con Interpol, el recelo entre los dos países es expedito.

En 2016, el gobierno venezolano cooperó con la Guardia Costera estadounidense en seis casos documentados de intercepción marítima de drogas, en comparación con 10 casos en 2015, dos casos en 2014, 10 casos en 2013 y cinco casos en 2012, en virtud de un acuerdo de 1991, según dice el informe antidrogas de 2018 del Departamento del Estado.

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