WASHINGTON — El Departamento de Justicia informó el jueves que apelará la decisión de una jueza que aprobó la designación de un árbitro independiente para revisar los archivos que el FBI incautó de la finca del expresidente Donald Trump en Florida.

La agencia también solicitó a la jueza federal Aileen Cannon suspender su orden en la que prohíbe que se utilicen los documentos incautados con fines de investigación en lo que la dependencia refuta su fallo ante un tribunal federal de apelaciones.

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Funcionarios de justicia dijeron que “sufrirían un daño irreparable” si la orden de Cannon permanece vigente, destacando que la incertidumbre sobre los límites de la orden de la jueza han llevado a la comunidad de inteligencia a parar por completo su evaluación de daños sobre los documentos confidenciales que fueron retirados de Mar-a-Lago.

“Más aún, el gobierno y el público sufren daños irreparables cuando se prescribe una investigación penal de asuntos que involucran riesgos a la seguridad nacional”, asegura la moción presentada por el Departamento de Justicia.

Una jueza federal en Florida solicitó al Departamento de Justicia que le entregue "información más específica" sobre los expedientes clasificados que fueron retirados de la residencia del expresidente Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, y dejó entrever su “intención preliminar” de nombrar a un colaborador especial para el caso.

La decisión de la juez se da luego que el Departamento de Justicia publicó una versión bastante editada de la declaración jurada sobre la orden de allanamiento a principios de mes a la mansión del expresidente, cuyo argumento empleado fue que esperaba encontrar información clasificada.

Los fiscales federales dijeron que la edición era necesaria para "proteger" a los testigos que cooperaron y para mantener en secreto la información del jurado investigador. Pero el tema vas más allá después de que los abogados del expresidente presentaran esta semana una demanda contra el FBI.

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Esta fotografía del viernes 26 de agosto de 2022 muestra páginas de la declaración jurada del FBI, fuertemente censuradas, para obtener una orden de allanamiento en la mansión Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump.

Esta fotografía del viernes 26 de agosto de 2022 muestra páginas de la declaración jurada del FBI, fuertemente censuradas, para obtener una orden de allanamiento en la mansión Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump.

La mayor parte del documento de 38 páginas fue cendurado, unas 23 páginas, han sido tachadas parcial o totalmente por los investigadores argumentando que es para "proteger la identidad".

La orden de dos páginas de la jueza federal de distrito Aileen Cannon muestra que se inclina por acceder a una petición a los abogados de Trump, quienes esta semana solicitaron que nombrara a un colaborador especial que supervise la revisión de los expedientes sacados de la finca Mar-a-Lago en Florida para que esa persona identifique los que puedan estar protegidos con el privilegio ejecutivo y garantice la devolución de los documentos que estén fuera del alcance de la orden judicial de cateo.

En otros casos de gran interés mediático los jueces han nombrado a un colaborador especial (un exjuez).

Cannon también ordenó al Departamento de Justicia que le presente de manera precintada descripciones más detalladas de los materiales extraídos de la finca de Trump y “que digan específicamente propiedad incautada”.

Los abogados del expresidente se han quejado de que los investigadores no les facilitaron suficiente información sobre los documentos específicos retirados cuando los agentes hicieron efectiva la orden de cateo el 8 de agosto en busca de materiales clasificados.

Es improbable que el nombramiento del colaborador especial, si sucede, altere el rumbo de la investigación del Departamento de Justicia, aunque es posible que una revisión externa de los documentos lentifique la pesquisa.

Trump apresuró a defenderse ante lo que ha descrito como "una treta total de relaciones públicas" por parte del FBI y el Departamento de Justicia. En este sentido, el expresidente señaló que el texto está "muy manipulado" y defendió que desde el inicio, antes de allanamiento a su casa, ha mantenido su "voluntad de colaborar".

La juez ha fijado una audiencia inicial para el 1 de septiembre para confirmar su decisión y ordenó al Departamento de Justicia que presente una respuesta antes del 30 de agosto acompañada de "un documento detallado que especifique todos los bienes incautados de conformidad con la orden de allanamiento ejecutada el 8 de agosto de 2022".

El recibo de propiedad actual muestra que los agentes del FBI se llevaron aproximadamente 20 cajas de artículos de las instalaciones, incluido un conjunto de documentos marcados como 'Varios documentos clasificados/TS/SCI', que se refiere a información "ultrasecreta" o "de carácter sensible".

El recibo de propiedad también muestra que los agentes del FBI incautaron cuatro conjuntos de documentos de "alto secreto", tres conjuntos de documentos "secretos" y tres conjuntos de "documentos confidenciales", pero el documento que presentó el Departamento de Justicia no revela ningún detalle sobre ninguno de esos registros.

En lo que Trump ha calificado como una especie de cacería de Brujas, el exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Ratcliffe, dijo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) “no encontró lo que buscaba” en el allanamiento el mes pasado en la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

“Fui fiscal federal, fiscal de los Estados Unidos. Déjame decirte de qué se trata esto. Los buenos fiscales con buenos casos hacen las cosas bien. No necesitan jugar”, dijo Ratcliffe refiriéndose a los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ).

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"Terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por todo el piso (...) ¡quizás fingiendo que fui yo quien lo hizo!".

“No necesitan comprar jueces, no necesitan filtrar inteligencia que puede o no existir”. Debido a los argumentos del Departamento de Justicia en contra de que Trump designe a un maestro especial para revisar documentos supuestamente clasificados, “confirma que el gobierno no encontró lo que buscaba”, comentó Ratcliffe.

“No había secretos nucleares” guardados en Mar-a-Lago, agregó, “y tratan ahora de justificar lo que hicieron. Tampoco le están diciendo la verdad directamente al pueblo estadounidense. Y creo que eso se conocerá finalmente”.

Lo que sí es evidente cada vez más son las intenciones partidistas de condenar judicialmente a al expresidente Trump e invalidarlo para que no pueda lanzarse a las elecciones de 2024. Y los argumentos que expone la prensa asociada directamente a los designios de la izquierda, quedan siempre en una gran nebulosa para confundir.

La extrema izquierda en control de los demócratas en el Congreso y en la Casa Blanca no se sabe ya qué razones crear para desactivar el comprobado liderazgo de Trump de cara a los comicios legislativos de noviembre de este año, cuyos resultados deben favorecer ampliamente a los republicanos para retomar el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

Ratcliffe, un excongresista de Texas que luego dirigió la Oficina del Director de Inteligencia Nacional bajo el gobierno de Trump, no proporcionó evidencia específica para sus afirmaciones, pero casi seguro se basó en fuentes anónimas fidedignas dentro de la jerarquía del FBI u otras agencias de inteligencias.

Desde la redada del 8 de agosto en Mar-a-Lago, ni el DOJ ni el FBI han revelado qué materiales estaban tratando de encontrar los agentes. Una declaración jurada muy editada que se utilizó para obtener la orden de registro la semana pasada proporcionó cero detalles. Sin embargo, los fiscales creían que había supuestamente documentos clasificados en la residencia de Trump en Florida.

El expresidente y algunos exasesores de la Casa Blanca afirman que Trump [tenía una orden permanente para desclasificar cualquier material que saliera de la Oficina Oval y fuera llevado a Mar-a-Lago].

Los fiscales argumentaron el martes que el 45º Presidente “no tiene ningún interés de propiedad en ningún registro presidencial (incluidos los registros clasificados) incautados de las instalaciones” y añadieron que un expresidente no puede hacer valer el privilegio ejecutivo contra el propio poder ejecutivo.

Los abogados de Trump desestimaron el miércoles las afirmaciones del gobierno en una presentación sobre el descubrimiento de material supuestamente clasificado dentro de su casa y acusaron al Departamento de Justicia de intensificar la situación incluso después de que entregó cajas de documentos a los Archivos Nacionales y permitió que los agentes del FBI en junio “ir a su casa y brindarle consejos de seguridad”. Se programó para el jueves una audiencia en la corte sobre si se debe designar un maestro especial para manejar los documentos.

Cannon concedió la solicitud que presentó el equipo legal de Trump para asignar a un árbitro especial e impedir temporalmente al Departamento de Justicia usar con fines investigativos los miles de documentos retirados de Mar-a-Lago durante el allanamiento del 8 de agosto.

La orden posiblemente afecte el ritmo de la investigación sobre la presencia de documentos confidenciales en la propiedad de Florida.

El Departamento de Justicia, que se ha opuesto firmemente a la designación de un árbitro independiente, presentó un aviso de apelación el jueves, en el que dijo que impugnaría el fallo ante la Corte Federal de Apelaciones del 11mo Circuito, con sede en Atlanta.

Trump, que coquetea con la idea de volver a postularse a la Casa Blanca en 2024, lleva meses denunciando una "caza de brujas" en su contra por la administración de su sucesor, el demócrata Joe Biden, y cree que la justicia "nunca debería haber permitido el allanamiento" de su mansión en Florida.

El expediente, divulgado el martes por la noche, ofrece el recuento más detallado hasta ahora de las razones del FBI para allanar el 8 de agosto la residencia de Trump en Mar-a-Lago, orden firmada por un juez donante de Barack Obama.

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Juez prodemócrata reafirma censura a documentos de allanamiento a casa de Trump

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El magistrado federal de Florida, Bruce Reinhart, que firmó la orden de allanamiento para la redada del FBI en Mar-a-Lago, residencia del expresidente Donald Trump fue donante a la campaña presidencial de Barack Obama en 2008 y había sido criticado previamente por representar a exempleados de Jeffrey Epstein en relación con su escándalo de tráfico sexual, acorde a fuentes citadas por The New York Times.

Epstein, quien fue encontrado muerto en agosto de 2019 por un aparente suicidio en el Centro Correccional de Manhattan mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual, había contratado a un grupo de abogados de alto poder para su defensa a fines de la década de 2000.

Diez meses después de comenzar a trabajar para los cómplices de Epstein, según los registros de la Comisión Federal de Elecciones, Reinhart entregó $1,000 directamente a la campaña de Obama y otros $1,000 a su brazo de recaudación de fondos, el Obama Victory Fund. Aunque los registros muestran que el juez hizo en su mayoría donaciones pequeñas al comité de acción política de su bufete de abogados en los años siguientes.

Más tarde, Reinhart fue nombrado en una demanda civil por dos de las víctimas de Epstein que lo acusaron de violar las políticas del Departamento de Justicia al cambiar de bando en medio de la investigación de Epstein, lo que sugiere que había derramado información privilegiada sobre la investigación para ganarse el favor del notorio acusado.

En una declaración jurada de 2011, Reinhart negó haber hecho algo inapropiado sin embargo, en una presentación judicial de 2013, los antiguos colegas de Reinhart lo contradijeron y dijeron que había "obtenido información confidencial y no pública sobre el asunto de Epstein" mientras trabajaba para la Oficina del Fiscal Federal.

Reinhart es uno de los tres jueces magistrados federales en las oficinas de West Palm Beach del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Tribunal de Distrito Sur de Florida, junto con William Matthewman y Ryon McCabe.

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