Lo que estamos viviendo en los Estados Unidos parece una alucinación. Las celebraciones religiosas están severamente restringidas en el número de asistentes, es obligatorio el uso de máscaras y el distanciamiento social. La misma severidad se aplica a las bodas, los bautizos, los funerales y entierros. Los restaurantes y supermercados tienen restricciones semejantes.

Sin embargo, los que salen a protestar, por cualquiera de las razones que sean, no tienen límite de cantidad de asistentes, ni de uso de máscaras, ni de distanciamiento social. La policía cuida que no sean molestados. Hay total impunidad y ninguna acción contra las violaciones que se le aplican al resto de los ciudadanos.

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Estamos viviendo una especie de libertad de acción para los irrespetuosos de la ley y el orden, y de restricciones para los respetuosos de la ley y el orden.

¿Por qué hemos llegado a esta situación? El problema comenzó con un abuso de poder policial, con motivaciones raciales, que derivó en asesinato y originó protestas de la comunidad negra, exigiendo justicia. La primera respuesta al problema fue apropiada. El criminal fue arrestado y encausado por asesinato en primer grado. Incluso, la justicia se aplicó de una forma nunca antes vista porque los otros tres policías presentes en los hechos, y que no hicieron nada para evitar el crimen, fueron arrestados también y encausados judicialmente.

El problema se complicó cuando los grupos marxistas y anarquistas, que no son muchos pero están bien organizados y tienen mucho dinero para sus operaciones, aprovecharon las protestas contra la violencia policial por motivos raciales y comenzaron a quemar autos policiales, destruir vidrieras y saquear negocios. Hay evidencias de que pagaban a bandas delincuenciales para que participaran en los saqueos. La tolerancia de las autoridades policiales, puestas a la defensiva y, de cierta forma desmoralizadas por el crimen en Minneapolis, permitieron la impunidad de esos grupos. Por su parte, las autoridades políticas de las ciudades y condados, paralizadas también bajo el temor de ser señaladas como racistas, se abstuvieron de ordenar a las fuerzas policiales que frenaran la violencia.

Lo peor ocurrió después que terminaron las protestas. Los individuos arrestados fueron puestos en libertad sin presentarles cargos por la destrucción que realizaron. A ninguno, en ninguna de las grandes ciudades, les presentaron cargos. Una verdadera desvergüenza política y un estímulo para que continuaran, como lo han hecho, destruyendo propiedades y practicando la violencia, en Seattle y en Portland, principalmente.

Vayamos ahora a los niveles políticos superiores. ¿Qué han hecho el Presidente, los gobernadores y los legisladores? La máxima autoridad, el Presidente, ha enfrentado una resistencia real de las autoridades de los estados y ciudades bajo gobiernos del Partido Demócrata que han sido, en términos generales, tolerantes de la violencia. Incluso, han rechazado el envío de tropas federales que ordenó el Presidente para proteger las instalaciones federales que, por ley, caen bajo la jurisdicción presidencial. Para ponerle freno a la destrucción de monumentos, estatuas y símbolos de la historia de la nación, otra estrategia de desestabilización de los grupos marxistas y anarquistas, el Presidente “desempolvó” una vieja ley que impone hasta 10 años de prisión a los que destruyan los monumentos. Así frenó, en seco, esas violencias.

En Portland, la mayor ciudad del estado de Oregon, por cierto, el estado con mayor número de comunistas en la nación, la violencia se ha extendido por más de dos meses. El experto en temas comunistas, Trevor Loudon, de Nueva Zelandia, identificó como participantes en los actos de violencia en ciudades de Estados Unidos, a los miembros de todos estos grupos comunistoides: “Partido Comunista USA”, “Liberation Road”, “Freedom Road Socialist Organization”, “Democratic Socialists of America”, “Revolutionary Communist Party”, “Workers World Party” y “Party for Socialism and Liberation”.

Una observación importante de la “trastienda política” detrás de la situación de inestabilidad que hemos vivido en la nación, es el hecho inequívoco de que los líderes del movimiento “Black Lives Matter” (BLM), que ha liderado las acciones de desobediencia civil y de movilización para quitarle los fondos a los Departamentos de Policía, está dirigido por militantes comunistas que han reconocido que su objetivo es sacar de la Casa Blanca al Presidente Trump. Patrisse Cullors, una de las fundadoras de BLM, declaró que “su grupo ha sido entrenado por líderes marxistas y que su propósito final es derrocar a Donald Trump, utilizando los métodos que sean necesarios”.

Ante esta conspiración y acciones desestabilizadoras comunistas, ¿cuál ha sido la actitud de los líderes del Partido Demócrata, tanto gobernadores como legisladores? Silencio y tolerancia. No han denunciado ni criticado la violencia y destrucción de propiedades y, esa actitud, ha significado apoyo hacia esos grupos. El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, le dijo a la comentarista Ady Barkan, que él apoyaba, absolutamente, quitarle los fondos a la policía. Es evidente que para los líderes demócratas el derrotar a Donald Trump es más importante que la seguridad y la estabilidad de la nación. Aquí se hecho válida la máxima de que “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”, no importa quién sea.

Otra problemática nacional es la pandemia del coronavirus. Esta es, sin dudas, la peor epidemia en la historia de los Estados Unidos. A seis meses del comienzo del problema, ni los científicos han podido discernir, acertadamente, cómo frenar los contagios. Por razones políticas, a cien días de la elección presidencial, el Partido Demócrata trata de culpar al Presidente por no resolver el problema. Pero, lo real y verdadero es que, ningún líder del mundo lo ha podido resolver. Europa, que ya había pasado a las fases de apertura, como lo hizo Estados Unidos, ha tenido que regresar a las medidas de severidad por el repunte de los contagios.

Se han dado casos extremos y antagónicos. Suecia, que casi no cerró negocios ni eventos públicos y no impuso el uso obligatorio de mascarillas, tuvo menos contagios y fallecimientos que países como España y el Reino Unido que aplicaron cuarentenas severísimas.

Ciertamente, Estados Unidos es el país con mayor número de contagiados y fallecidos, pero no olvidemos la irresponsabilidad de los alcaldes y gobernadores al comienzo de la pandemia. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York desestimó los peligros y realizó la parada del Nuevo Año Lunar chino, en febrero, cuando la abrumadora mayoría de los países del mundo la habían cancelado. El Gobernador Cuomo, en medio de una espiral de contagios que golpeaba específicamente con severidad a las personas ancianas, ordenó que los pacientes de asilos que dieran positivo al coronavirus fueran regresados a sus asilos. Un elevadísimo por ciento de muertes ocurrió en los asilos.

La evidencia de la irresponsabilidad neoyorquina la vemos en que New York tiene el 21% (32,333) de todos los fallecidos por coronavirus (152,000), mientras que la Florida, con igual cantidad de población, solo tiene el 3% (6,116). Tampoco se puede ignorar que las protestas masivas en las principales ciudades, donde muchísimos participantes no guardaban distanciamiento alguno, no usaban mascarillas y gritaban todo el tiempo, fue un factor que provocó el repunte de la pandemia.

El Presidente ha invertido $1 billón en busca de una vacuna. Además, con sus exigencias de premura, ha hecho que se reduzca la expectativa de tener la vacuna antes que termine el año. Tampoco se puede olvidar que tomó una iniciativa personal que resultó valiosísima posteriormente: Tan temprano como el 31 de enero, suspendió la entrada al país a los extranjeros que habían estado en China, la fuente original del contagio. En aquella decisión fue severamente criticado por los líderes demócratas, como el candidato Biden, que lo acusó de ser un “xenófobo” y de tomar esa medida solo para castigar a China.

No debe haber sido fácil para el Presidente buscar un equilibrio entre la protección a la población con medidas de aislamiento sanitario y cierre de establecimientos, y la imperiosa necesidad de que los desempleados recuperen sus trabajos e ingreso familiar. Sus dos iniciativas de estímulo económico son evidencias de su preocupación y deseo de paliar el sufrimiento de las personas, especialmente los que tienen ingresos más bajos.

La crisis creada por la pandemia debe despolitizarse y no ser usada para obtener ventajas electorales.

Luis Zúñiga, es un analista político cubanoamericano

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