WASHINGTON — Más del 90% de los empleados federales, forzados a vacunarse, habían recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19, la fecha límite establecida por el presidente Joe Biden.

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Biden anunció en septiembre que más de 3,5 millones de empleados federales tenían que inocularse, sin la alternativa de hacerse pruebas regulares, a menos que lograran quedar exentos por motivos médicos o religiosos.

Medios de prensa conservadores han revelado decenas de casos de empleados que han presentado motivos religiosos y se les ha denegado ese argumento, una violación a los derechos individuales plasmados en la Constitución. Sindicatos de varios departamentos le escribieron al Presidente, pero al parecer sin ningún éxito.

Un funcionario federal dijo que la gran mayoría de los trabajadores estaban vacunados y que un número más reducido cuenta con solicitudes de excepción aprobadas o en curso.

En total, más del 95% de los empleados federales han tenido que cumplir el mandato de Biden para no ser despedidos de sus puestos de trabajo. De hecho, algunos han renunciado o se han acogido a retiro temprano.

Los trabajadores que no cumplan con el requisito iniciarán un proceso de “orientación” que podría terminar en su despido si no se vacunan o consiguen la excepción.

La fecha límite es una gran prueba para el intento de Biden de obligar a las personas en el país para inocularse, ya que su gobierno ha enfatizado que la vacunación es la forma más segura para que el país salga de la pandemia.

Muchos no coinciden con esos argumentos de la Casa Blanca ante informaciones de errores en el proceso de creación y aprobación de vacunas. Incluso las mismas farmacéuticas, por acuerdo con el gobierno, no pueden ser demandas y han explicado que es un tratamiento experimental.

El diario The Epoch Times publicó en un reciente artículo que "la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos solicitó el 15 de noviembre a un juez federal que le de plazo hasta el año 2076 para hacer públicos en su totalidad los documentos en su poder vinculados a la aprobación de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech", tras una demanda de Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), amparado en la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Una de las empresas implicadas en los ensayos de la vacuna de Pfizer dijo a principios de este mes que estaba investigando los supuestos problemas revelados por un denunciante que declaró al British Medical Journal (BMJ) que el ensayo estaba plagado de problemas, incluyendo la falsificación de datos, reveló el importante diario neoyorquino.

El denunciante, Brook Jackson, alertó a la FDA y fue despedido a las pocas horas. Jackson trabajaba para Ventavia Research Group, que operaba varios de los centros de ensayo de Pfizer en otoño de 2020

Según BMJ, una de las revistas médicas más antiguas del mundo, la FDA no inspeccionó los centros de ensayo de Ventavia, a pesar de haber sido alertada sobre los problemas.

Además de la norma para trabajadores federales, el gobierno de Biden intenta obligar también a grandes empresas a implementar requisitos de vacunación o prueba que abarcan a más de 84 millones de trabajadores.

En estos momentos el decreto mandatorio se encuentra suspendido tras una orden judicial de una corte federal, además de que más de 20 estados han presentado demandas contra la orden que consideran inconstitucional.

Había bastante temor de que los empleados federales no cumplieran con el mandato, sobre todo en agencias policiales y de inteligencia donde abiertamente se expresó un fuerte rechazo, y entre trabajadores federales involucrados en el sector de viajes en un momento en que inicia una transitada temporada festiva.

La Casa Blanca señaló que no anticipan alteraciones a causa del mandato. En la Administración Federal de Aviación (FAA), 99% de sus empleados están vacunados por la obligación y la amenaza de perder sus puestos de trabajo. En en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se ha vacunado el 93% y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 98%.

FUENTE: Con información de AP

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