MIAMI.– El Departamento de Seguridad Territorial (DHS, por sus siglas en inglés) ha diseñado un plan que prevé la incorporación de 100.000 reservistas de la Guardia Nacional en las tareas de captura y expulsión de los inmigrantes ilegales.
El documento, borrador de un memorando, fue firmado el 25 de enero por el secretario de DHS, John F. Kelly, y distribuido entre las principales agencias relacionadas con inmigración y fronteras. No es, de hecho, una política oficial, pero es muy detallado. En la primera línea indica que es un memorando suplementario a una orden ejecutiva que no ha sido emitida aún, por lo cual su número de referencia se encuentra en blanco, indica la agencia Associated Press que recibió una copia, y ha confirmado que no se trata de un documento emitido por la Casa Blanca.
La acción de las tropas se concentraría básicamente en los estados fronterizos con México: Arizona, California, Nuevo México y Texas. Su radio de acción puede incluir otros estados limítrofes, tan al norte como Oregón y al este como Louisiana, incluyendo Arkansas, Colorado, Nevada, Oklahoma y Utah. Ninguno de los estados tiene aún conocimiento de la existencia del borrador de memorando, indicaron a The Guardian sus portavoces.
Sin embargo, no se trata de una federalización de la Guardia Nacional porque los gobernadores de esos estados conservan el poder y capacidad de evitar la movilización de los suyos. "El Departamento de Seguridad Territorial no está considerando movilizar la Guardia Nacional", afirmó Gillian Christensen, portavoz de la entidad en un correo electrónico enviado al diario.
Según el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, la versión de la movilización de las tropas es "100% falsa. No es verdadera. Es una irresponsabilidad decir eso". En una conversación el viernes con el grupo de periodistas que siguen al presidente Donald J. Trump, el portavoz subrayó que "no existe un esfuerzo para acorralar, de utilizar a la Guardia Nacional para hacer redadas".
Pero no fue lo suficientemente enfático al negar que el asunto no haya sido objeto de discusión dentro de la política de deportaciones impulsada por la administración Trump. "No sé lo que potencialmente se estaría discutiendo, pero sé que no existe ningún esfuerzo para hacer lo que potencialmente se sugiere", dijo refiriéndose a un despacho de Associated Press. Según comentaron a la agencia funcionarios del DHS, el asunto fue discutido dentro de la agencia en un fecha tan cercana como el viernes pasado.
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Imagen de archivo de fectivos de la Guardia Nacional en un sector de la frontera de los EEUU con M{exico, en el estado de Texas.
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El memorando firmado por Kelly también prevé la contratación de 5.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, e indica que las tropas que sean movilizadas están autorizadas "a desempeñar funciones de inmigración en términos de investigaciones, detenciones y arrestos de extranjeros (indocumentados) en Estados Unidos". Las tropas serán movilizadas en el marco de un programa entre el Gobierno federal y los diferentes estados, indica el borrador.
No sería la primera vez que la Guardia Nacional es llamada a intervenir en tareas de inmigración, pero no en una cifra tan grande.
El año 2006, el expresidente George W. Bush desplegó en dos ocasiones a la Guardia Nacional en la frontera, pero sin la responsabilidad de detener a los indocumentados sino ayudar logísticamente a la Patrulla Fronteriza que atravesó, en esa época, una crisis de efectivos. El 2010, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, desplegó 1.000 guardias en tareas de reconocimiento, patrulla aérea, al tiempo que realizaron ejercicios militares en la frontera. Cuatro años después, el entonces gobernador de Texas y excandidato presidencial, Rick Perry, movilizó otros 1.000 efectivos para contener el flujo de centroamericanos menores de edad que llegaron a la frontera escapando de la violencia y las pandillas en la región. En esa oportunidad no hubo arrestos, sino que los menores fueron enviados a albergues donde fueron procesados por los servicios de inmigración.
El borrador de memorando firmado por Kelly no indica cómo la movilización, con responsabilidad de efectuar arrestos, se encuadra dentro de la doctrina de la Acta Posse de 1878, que limita severamente la participación de las fuerzas armadas federales en asuntos meramente de política interna.
