WASHINGTON- Documentos [clasificados] y ultrasecretos de la época en que Joe Biden era vicepresidente en la administración de Barack Obama fueron hallados en un centro de investigación en Washington, que Biden utilizaba como oficina.
WASHINGTON- Documentos [clasificados] y ultrasecretos de la época en que Joe Biden era vicepresidente en la administración de Barack Obama fueron hallados en un centro de investigación en Washington, que Biden utilizaba como oficina.
El hallazgo podría convertirse en la contrapartida del tema de los documentos en Mar-a-Lago y de la inaudita cacería contra el expresidente Trump.
Los documentos fueron encontrados en noviembre durante una jornada de limpieza en el Centro Penn Biden, afiliado a la Universidad de Pennsylvania. Estaban en un "armario cerrado" cuando los hallaron, según el asesor de Biden, Richard Sauber, que restó interés al asunto.
Mike Turner, miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, envió la solicitud a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, en la que señala que la retención por parte de Biden de los documentos es una “posible violación de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la Ley de Espionaje y Registros Presidenciales”.
Independientemente de una revisión federal, el descubrimiento de que Biden hizo un mal manejo de documentos confidenciales o presidenciales podría suponer un dolor de cabeza para el mandatario, quien dijo que la decisión del expresidente Donald Trump de retener documentos de ese tipo en su residencia privada de Florida había sido “irresponsable”.
La cadena de noticias CBS News informó que el fiscal general Merrick Garland fue asignado para revisar los documentos y que, presuntamente, el FBI también estaba investigando.
Informaciones de prensa afirman que los documentos confidenciales contienen informaciones sensibles sobre China e Irán, así como secretos nucleares.
"¿Cuándo registrará el FBI las numerosas residencias de Joe Biden e incluso la Casa Blanca?", se quejó este lunes el expresidente Donald Trump en un comunicado.
"Estos documentos ciertamente no estaban desclasificados", insistió el líder republicano.
Según fuentes, "La Casa Blanca coopera ahora con el Archivo Nacional y el Departamento de Justicia", indicó Sauber en un comunicado.
A mediados de 2022, la residencia en Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump fue allanada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), supuestamente en busca de documentos clasificados que Trump se habría llevado de la Casa Blanca.
El registro, insólito en la historia de EEUU contra un expresidente, recibió de inmediato el rechazo de los republicanos e incluso de demócratas moderados por el precedente que fomentó para el respeto a la ética y las libertades individuales de un presidente estadounidense.
Entre los archivos confiscados por el FBI a Trump no se encontraron evidencias de informes sobre secretos nucleares ni información comprometedora para la seguridad del país, pero la prensa de izquierda -alineada a la Casa Blanca de manera incondicional- lo tomó como pretexto para continuar su campaña de descrédito contra Trump.
El mayor interés de la extrema izquierda y la izquierda en EEUU es inhabilitar al exmandatario del terreno político y ahora para que no pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024; acallar sus acusaciones sobre un masivo fraude electoral en 2020 realizado en los estados en disputa, cuyas evidencias en videos en redes sociales propiciaron la protesta en Washington de cientos de miles de simpatizantes y la irrupción con infiltrados de grupos de extrema izquierda en el Capitolio de Washington. Otro tema que los demócratas y la prensa liberal han explotado como un asalto a la democracia del país
Es común entre los exmandatarios guardar documentos personales y de recuerdo -mientras no revelen secretos de alta sensibilidad- que consideran importantes como garantía de su trabajo e información para conferencias en instituciones gubernamentales y universidades, después de concluidos sus mandatos. Casi todos lo han hecho, pero hasta el momento las acusaciones se han dirigido únicamente a Trump, quien desde un principio de su gobierno desafió y denunció la constante hostilidad de los poderosos medios de prensa de izquierda contra él.
El mayor escándalo sobre la desaparición de miles de mensajes y comunicaciones clasificadas llevada a cabo por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton sigue impune. Al parecer, la izquierda cuenta con un gran poder dentro de la Justicia en este país para librarse de condenas. Así continúa también sin una resolución las -supuestamente investigaciones contra el hijo de Joe Biden- que desde hace más de tres años dicen realizar el FBI y el Departamento de Justicia.
Hasta el momento, todo lo relacionado a corrupción, seguridad nacional y otros temas que involucran a los demócratas e incluso a la presidencia de Biden quedan flotando en el tiempo, sin ninguna mención de los grandes medios de izquierda estadounidenses.
Durante su mandato de cuatro años, Trump se enfrentó a un fuego desmesurado, hostil y muy poco ético de la prensa izquierdista en EEUU que lanzó sin tregua una y otra campaña contra el hombre que reveló verdades ocultas del llamado Estado Profundo, un poder encubierto de una élite que gobierna en las sombras.
Ahora aparecen documentos secretos del gobierno de Obama-Biden, pero sigue la misma tendencia en la mayoría de los medios de minorizar los asuntos que comprometen legalmente a la izquierda y restarle importancia a todo lo relacionado con ella, como mismo han hecho con la [desastrosa e impopular gestión] de la administración Biden.
Los republicanos, ahora con el control de la Cámara de Representantes, anunciaron que ordenarán investigaciones contra la familia Biden y su hijo Hunter Biden, contra las serias implicaciones del FBI en ocultar información comprometedora y tirar toallas a los demócratas y a la familia Biden, influir en las elecciones de 2020 contra el expresidente Trump como han revelado cientos de correos en Twitter. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) también regresa al ojo del huracán por actividades controversiales respecto a la seguridad nacional del país.
Esta agenda republicana tiene bastante preocupado al bando azul, de hecho, Biden -forzado por los anuncios de acciones de la oposición- acaba de ordenar el cierre de la frontera ante posibles investigaciones y la petición de renuncia por parte de los republicanos del jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Durante dos años la administración de [Joe Biden y la extrema izquierda han incentivado y permitido] el flujo y arribo de más de cinco millones de inmigrantes ilegales en medio de un enorme y costoso caos fronterizo con asesinatos, violaciones de mujeres y niños, graves riesgos para la seguridad nacional; además de darle cabida de negocio a las bandas criminales que operan desde México y EEUU en el tráfico de personas, de drogas (como el mortal fentanilo) y de armas.
Las agencias federales ejecutaron en 2022 más de 7.000 arrestos de delincuentes y grupos dedicados al tráfico de personas y otros miles de detenciones por el contrabando de drogas, en especial el fentanilo, culpable de cientos de miles de muertes entre el 2020 y 2022.
Las muertes por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos alcanzaron un récord en 2021: [107,622 personas, la mayoría jóvenes]. El 66% de esos fallecimientos fueron causados por el fentanilo, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)
La Agencia Antiodrogas de Estados Unidos (DEA) declaró que había decomisado 50,6 millones de comprimidos falsos que contenían fentanilo en 2022, además de 4,5 toneladas de fentanilo en polvo durante el año pasado, el equivalente a "más de 379 millones de dosis potencialmente letales".
Según la agencia, el fentanilo, que hace una década sólo representaba una pequeña parte de las muertes por sobredosis, es ahora "la droga más mortífera del país", 50 veces más potente que la heroína.
La frontera sur de EEUU se ha convertido durante el gobierno de Joe Biden en el lugar predilecto de los narcotraficantes para comercializar, transportar y entrar el fentanilo en territorio estadounidense, sin analizar las cifras de terroristas [no detectados] que pudieran estar dentro del país para futuras operaciones y atentados.
