WASHINGTON.- El fiscal general de Hawai, Douglas Chin, presentó la noche del jueves un recurso de emergencia ante el tribunal afirmando que las restricciones del veto migratorio decretado por el presidente estadounidense, Donald Trump, son excesivas.

La Corte Suprema acordó el lunes por unanimidad levantar parcialmente los bloqueos al decreto establecidos anteriormente por otros tribunales inferiores.

Sin embargo, aclaró que las personas procedentes de los países afectados (Irán, Sudán, Siria, Yemen, Libia y Somalia) podrían entrar en el país si demostraban tener una relación con el país.

La Corte emitirá un fallo definitivo sobre la medida en octubre, pero para entonces ya habrán terminado los 90 días que estará en vigor el veto.

El Gobierno indicó que los ciudadanos de los seis países afectados podrán viajar si, por ejemplo, estudian o trabajan en Estados Unidos. También se hará una excepción con quien tenga familiares directos en Estados Unidos, es decir, la pareja, los padres, los hijos o los hermanos.

Sin embargo los abuelos, los tíos o los sobrinos no contarán como prueba de una relación de "buena fé" (bona fide, según precisa la corte en el fallo) con Estados Unidos.

Según el fiscal general de Hawai, el Gobierno excluye con su estrecha definición de familia a demasiadas personas. Chin pidió al tribunal que aclare si esto es compatible con la decisión de la Corte Suprema. El recurso fue presentado ante el mismo juez que paralizó el segundo veto migratorio de Trump en marzo.

Varios tribunales federales paralizaron los dos decretos migratorios en los últimos meses y los tribunales de apelación confirmaron las decisiones. Por esta razón, el Gobierno acudió a la Corte Suprema.

El veto vigente actualmente también afecta a las solicitudes de asilo de los ciudadanos de esos países, que quedarán paralizadas durante 120 días. Sin embargo, según el Departamento de Estado, todos los refugiados que tenían previsto llegar hasta el 6 de julio podrán entrar en el país.

Ahora también existe una regulación especial para los ciudadanos de los seis países afectados con doble nacionalidad, los que tengan ya el visado o el permiso de permanencia permanente (Green Card); todos ellos podrán entrar en Estados Unidos. En el primer decreto no se contemplaba esta posibilidad, lo que provocó el caos en los aeropuertos y numerosas protestas.

Trump defiende su decreto como una medida de seguridad nacional. Durante los 90 y 120 días que estará en vigor el veto migratorio, el Gobierno quiere intensificar las comprobaciones de seguridad para los solicitantes de un visado y para los refugiados. Aunque estas ya son muy estrictas.

Irán también criticó la medida. El ministro de Exteriores, Mohammed Yawad Zarif, se refirió a ella como un acto de "hostilidad ciega" frente a los iraníes.

"Prohibir a las abuelas ver a sus nietos es realmente una manifestación vergonzosa de hostilidad ciega contra los iraníes", tuiteó Sarif.

Las restricciones para la concesión de los visados afectarán probablemente solo a unas pocas miles de personas. Según el periódico "The New York Times", en el año económico de 2015 -que acaba en otoño (boreal)- viajaron unas 20.000 personas procedentes de los países afectados con visa a Estados Unidos, la mayoría de ellos por estudios o negocios.

FUENTE: EFE

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