Landau en tanto vocero del gobierno de EEUU hizo depender un cambio político en Venezuela de la acción interna. “El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad” y se permitió una reflexión de moral política: “si la gente no se gana su libertad, no la valora”.
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Al día siguiente de la intervención de Landau, en una carta en la cual agradece a Donald Trump “por sus acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista” en referencia al “régimen tiránico de Nicolás Maduro”, la líder democrática María Corina Machado afirmó que “los venezolanos asumimos nuestra responsabilidad al frente de la liberación”. Ya MCM el 28JUL25 había anunciado en un video que sus seguidores tenían la tarea de “la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela” preparándose para “la acción cívica el día que se requiera”.
Omar González, uno de los operadores de MCM que permanecieron secuestrados en la Embajada de Argentina en Caracas quien ahora se encuentra en EEUU y ejerce como “coordinador de organización nacional” del partido Vente Venezuela afirmó el 29JUL25 que “en las últimas seis semanas, desde Miami, hicimos reuniones con mas de diez mil líderes, en las 24 entidades federales, que están listos para que en el momento cuando María Corina Machado lo decida, y la comunidad internacional nos apoye, salgan a reclamar la libertad y el triunfo de Edmundo González Urrutia”. La afirmación la hizo González en un evento convocado por el Interamerican Institute for Democracy denominado “Venezuela a un año del 28J”.
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Marco Rubio durante una entrevista del 12AGO25 en el programa “Sid & Friends In The Morning” con Sid Rosenberg confirmó el actual enfoque de EEUU sobre Maduro, reiterando que “ese no es un gobierno legítimo. Es el jefe de una organización logística del narcotráfico: un cártel”. Rubio concluyó manifestando su posición sobre la orientación que EEUU debería tener hacia la dictadura venezolana: “En algún momento tendremos que decir que vamos a enfrentarnos a esta gente, y, por cierto, tenemos que enfrentarlos con algo más que recompensas”.
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El enfoque de tratar el “tema Venezuela” como un asunto de combate al narcotráfico y al narcoterrorismo ya había sido asumido por EEUU al final del primer mandato de Donald Trump. Y fue retomado ahora en 2025 mediante una secuencia de decisiones y anuncios oficiales.
El 25JUL25 el Departamento del Tesoro incluyó en la lista de organización terrorista al llamado “Cartel de los Soles”, definiéndolo como “un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos del régimen”.
El 07AGO25 la secretaria de Justicia Pam Bondi emitió un video en el cual anunció que, junto con el Departamento de Estado, había decidido aumentar a US$ 50 millones una recompensa “por información que lleve a la detención de Nicolas Maduro” a quien señaló de “traer drogas mortales y violencia” a EEUU.
Ese mismo día, el 07AGO25, durante una entrevista en el canal católico EWTN justificó la designación de los carteles de narcotráfico como organizaciones terroristas y dejó ver las implicaciones operativas que esa decisión implica. Rubio afirmó que “no podemos seguir tratando a estos tipos simplemente como pandillas callejeras locales. Tienen armamento similar al que poseen los terroristas, en algunos casos, los ejércitos. Controlan territorio en muchos casos. Esos cárteles provienen del régimen de Maduro en Venezuela”. Confesó que la decisión “la tomó el Presidente por recomendación nuestra”. Explicó que a ju juicio, la decisión “nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un problema de aplicación de la ley. Se convierte en un problema de seguridad nacional” (…) “ahora nos permite identificar sus operaciones y utilizar otros elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc.”.
El 08AGO25 el periódico The New York Times publicó un artículo en el cual aseguró que Trump “ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto”. La información divulgada por el NYT no fue desmentida por el gobierno de EEUU.
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Para recordar.
El 26MAR20 William Barr cabeza del Departamento de Justicia de EEUU, con el necesario consentimiento del Departamento de Estado, informó sobre procesos judiciales iniciados por la Fiscalía de EEUU contra Nicolás Maduro y otros altos jerarcas del régimen acusándolos de tráfico de drogas y narcoterrorismo. Ese día, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de US$ 15 millones por “información que conduzca al arresto y / o condena” de Maduro y varios de los enjuiciados.
El 01ABR20 ante los periodistas convocados para su rueda de prensa diaria sobre el COVID19, Donald Trump se presentó acompañado por los secretarios de Defensa y Justicia Mark Esper y William Barr, el consejero de Seguridad Nacional Robert O’Brien, el jefe del Estado Mayor general Mark Milley, el jefe de Operaciones Navales almirante Michael M. Gilday y el comandante de la Guardia Costera almirante Karl L. Schultz. Esper afirmó que el gobierno Trump se propone “mejorar las operaciones antinarcóticos en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe” con el “despliegue de buques, aviones y fuerzas de seguridad adicionales en el Área de Responsabilidad del Comando Sur de los EEUU (…) Estas fuerzas adicionales casi duplicarán nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones antinarcóticos en la región”.
Trump se refirió a una gran operación con “22 naciones asociadas” y alegó que “a medida que los gobiernos y las naciones se centran en el coronavirus, existe una creciente amenaza de que los carteles, los delincuentes, los terroristas y otros actores malignos intenten explotar la situación para su propio beneficio”. Esper afirmó que “actores corruptos, como el ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela, dependen de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder opresivo” enlazando de esta manera el “tema Venezuela” con el aumento de las fuerzas estadounidenses en tareas antinarcóticos.
El aumento de la flota anunciado por Trump en 2020 se correspondía a la esperada asignación de naves a la Cuarta Flota de EEUU reactivada en 2008 por el gobierno de George W. Bush pero a la cual no le habían dotado de embarcaciones.
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Desde el interior mismo del mundo de los “think tank” washingtonianos, donde se suceden guerras por contratos de asesoría, lobby y ejecución de campañas de propaganda a favor de gobiernos o empresas, salieron a relucir elementos sobre la conexión entre la empresa Chevron, sus campañas para mantenerse en Venezuela y las instituciones y formadores de opinión. Organizaciones que reúnen listas de “expertos” como asesores, que oportunamente realizan eventos y repletan los medios con sus opiniones que siempre encuentran algún tema de moda para argumentar contra la política de sanciones al régimen venezolano.
Carrie Filipetti quien manejaba el escritorio Venezuela (y Cuba) en el Departamento de Estado durante el primer gobierno Trump es ahora Directora Ejecutiva de un “think tank” denominado “Coalición Vandenberg”. La organización Vandenberg es una agrupación de orientación conservadora en política exterior creada por Elliot Abrams quien fuera el representante para Venezuela e Irán también durante el gobierno Trump. En una publicación en su cuenta en Linkedin del 12AGO25, Filipetti “descubre” la relación entre el Atlantic Council y las campañas de la petrolera Chevron para lograr apoyos en EEUU para mantener sus negocios con la dictadura venezolana.
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En su cuenta en Linkedin, Filipetti narra que formó parte del Grupo de Trabajo “Adrienne Arscht” sobre Venezuela en el “think tank” Atlantic Council. En ese grupo, según la página de Atlantic Council del listado correspondiente al año 2024, figura un largo grupo de integrantes incluyendo a venezolanos como Colette Capriles, Leopoldo Martínez, Francisco Monaldi, Miguel Pizarro, Adriana D'Elia, José Ignacio Hernández, David Smolansky y Tamara Herrera, señalando que el grupo en algún momento fue coordinado por Diego Area.
El texto de Filipetti del 12AGO25 no tiene pérdida:
“Renuncié silenciosamente al Grupo de Trabajo Adrienne Arscht sobre Venezuela de Atlantic Council hace más de un año, luego de lo que consideré una misiva escandalosa que publicaron y que parecía encubrir el robo de la democracia, la libertad y el futuro de millones de venezolanos por parte de Maduro. Al darme cuenta de que a menudo era una voz minoritaria en el grupo que presionaba contra los grandes intereses petroleros, había planteado la pregunta muchas veces durante mi permanencia en el grupo: ¿por qué están presionando tanto para obtener licencias petroleras para Chevron? ¿Quién los está financiando? Incluso cuando los participantes del grupo en su conjunto no estaban de acuerdo con abrir Venezuela a Chevron, el personal siguió presionando el tema, tratando de que cambiáramos de opinión”.
La publicación de Filipetti en Linkedin incluye varias fotografías que muestran la “terraza Chevron” y la “Sala de conferencias Chevron” en la sede del Atlantic Council. El texto de Filipetti sigue: “Ahora, veo una posible razón para ese impulso, brillando en letras mayúsculas en la terraza del nuevo y elegante edificio de 80,000 pies cuadrados del Atlantic Council: Chevron. Un donante de $ 1,000,000 + el año pasado. Este tipo de aparentes conflictos de intereses están extendidos en DC. Lo entiendo. Pero eso no los hace menos grotescos”.
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En Bolivia se estarán realizando votaciones generales el 17AGO25 para escoger una nueva dupla presidencial y renovar totalmente la Asamblea Legislativa (parlamento).
Evo Morales quien se refugia en la zona cocalera del Chapare, inhabilitado constitucionalmente y prófugo de la justicia, no participará en las elecciones y está llamando a boicotear el proceso. Desde su intento de golpe del año 2019 y su posterior renuncia y salida a México, Morales vio que sus compañeros del partido MAS comenzaron a disputarle la conducción del partido. En las elecciones del 2020, mientras Morales permanecía en Argentina, su partido no aceptó su señalado para ser el candidato presidencial (Andrónico Rodríguez) y en cambio el MAS lanzó a
quien había sido ministro de Morales, el economista Luis Arce. Con la llegada de Arce a la presidencia el 08NOV20, Morales intentó ejercer una suerte de presidencia paralela tratando de imponer ministro y líneas de gobierno. Arce concedió incluso realizar reuniones ministeriales en el Chapare, rindiendo cuenta a Morales, pero rápidamente las relaciones entre ambos se rompieron. Arce al final quedó con el control de las siglas y la personería jurídica del MAS. Gestiones de socios políticos extranjeros, incluyendo a Raúl Castro y Nicolás Maduro, no lograron frenar la ruptura del MAS boliviano.
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La izquierda castrochavista boliviana, frente a las elecciones del 17AGO25, muestra a Morales boicoteando las elecciones y llamando a anular el voto, su antiguo entenado político Andrónico Rodríguez lanzado como candidato “independiente” y un exministro de Arce, Eduardo del Castillo, quien corre con las siglas del MAS. Rodríguez y Del Castillo, juntos, no alcanza a 10% de la intención de votos según las más recientes encuestas.
Teóricamente los sectores democráticos bolivianos podrían desplazar al castrochavismo que gobierna Bolivia desde el año 2006. El expresidente Jorge Tuto Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina muestran los mayores porcentajes de intención de votos, ambos por encima del 20% pero insuficiente para una definición en primera vuelta. Las últimas encuestas publicadas dejan ver porcentajes de votos nulos y de “no saben/no responden” superiores al 20% lo que el evismo muestra como un éxito de su campaña abstencionista pero que e realidad puede reflejar cualquier otra variable.
Las encuestas electorales en Bolivia son de baja confiabilidad en tanto no reflejan cabalmente el importante electorado rural que puede ser decisivo en los resultados. El aparato legal y electoral boliviano permanece en manos de la izquierda gobernante lo que crea, en no pocos observadores, dudas sobre un respeto a los resultados en caso de ser Tuto Quiroga o Doria Medina el ganador de las votaciones.
Mientras tanto, la expresidenta Jeanine Añez Chávez, de 58 años de edad, la mujer que asumió el reto de encabezar un gobierno interino tras la fuga de Morales en 2019, permanece presa desde el 12MAR21. La izquierda gobernante la procesó por “sedición, terrorismo y conspiración”, por incumplir la constitución y hasta por “genocidio”. La izquierda controla el aparato judicial de Bolivia… Cualquier cosa puede pasar en el país que cuenta con las mayores reservas de litio…
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